El laberinto penal del racismo en el fútbol español: “La vía administrativa es más efectiva que la penal”
«Un aficionado inglés, condenado a 14 semanas de cárcel por los insultos racistas a varios jugadores durante la Eurocopa». «Condenan a seis meses de cárcel a un aficionado inglés por insultos racistas a Ferdinand». «Condenado a tres meses de prisión condicional un aficionado francés por injurias racistas a un jugador del Valenciennes». «Le quitan un punto al Toulouse por los comportamientos xenófobos de sus aficionados con el portero rival». «171 ultras de la Juventus, vetados y multados por cánticos racistas contra Lukaku»... Durante los últimos años, el fútbol europeo ha sido cada vez más contundente contra la lacra del racismo, pero España, ahora en el foco de las críticas, parece caminar por un laberinto a la hora de sancionar con dureza los cánticos e insultos que se sirven de la raza de alguien para hacerle daño.
El problema social está claro: hay cada vez más personas que acuden a un estadio de fútbol y deciden realizar insultos racistas contra un futbolista o un entrenador. Los datos están ahí, y también las denuncias. LaLiga, sin competencias sancionadoras, es la gran impulsora de los reclamos contra estos hechos, evidenciando cómo desde 2020 los insultos y las denuncias por la vía penal se han multiplicado. Son ya más de 20 desde hace cuatro años.
El artículo 510 del Código Penal establece penas de prisión de uno a cuatro años por «promover o fomentar el odio sobre un individuo por su raza» y de seis meses a dos años a quienes «lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito» por su raza. Pero los papeles parecen caer en saco roto. ¿Por qué?
«Lentitud y falta de medios»
Todavía hoy, en abril de 2024, Iñaki Williams sigue esperando la sentencia sobre los insultos racistas que recibió el 25 enero de 2020, hace más de cuatro años. El caso, la primera causa penal de la historia de España por racismo durante un partido de fútbol, se encuentra en los Juzgados de Cornellà a la espera de juicio oral. La Fiscalía pide dos años de prisión para el acusado, la prohibición de acceso a estadios durante cinco años y más de 5.000 euros de multa.
Pero el desarrollo judicial, lento pero constante, del proceso de Cornellà dista de otros que se produjeron meses después en el fútbol español. La Fiscalía archivó en septiembre de 2022 la denuncia por los insultos racistas a Vinicius en el Camp Nou, en octubre de 2021, al no poder identificar la Policía al responsable. Fue el inicio de la guerra del brasileño contra el racismo en el fútbol español, una lucha que enfureció al delantero al ver también archivada la causa tras los insultos que recibió en Son Moix en marzo de 2022.
«El sistema judicial español es un sistema bastante garantista para el reo. Tiene que haber una certeza de que ha cometido ese delito. Y ese sistema implica lentitud, también por falta de medios», explica Nicolás de la Plata, profesor en Derecho Deportivo de la Universidad Europea, que analiza los diferentes ámbitos sancionadores del deporte español: «Por un lado, la vía penal. Por otro, la vía deportiva, mediante el Comité de Competición, que no puede ir contra un aficionado porque no tiene licencia federativa, sólo contra el club. Y por otra, la vía administrativa, a través de la Comisión Antiviolencia, que puede proponer una sanción a la subdelegación de Gobierno».
¿Vía penal o vía administrativa?
Y es ahí, en el laberinto de los sistemas sancionadores, donde el racismo en el fútbol español no encuentra su salida. «La vía administrativa es rápida, pero si en paralelo se lleva a la vía penal, en la mayoría de los casos debe esperar», insiste De la Plata. Es decir, antes de esperar archivos de causas, investigaciones sin demasiadas herramientas y procesos eternos en los juzgados, los expertos prefieren las multas económicas y las sanciones de los clubes a sus socios. «Salvo cuestiones graves, el racismo en el deporte en España se tiene que arreglar por la vía disciplinaria deportiva y administrativa. Es más efectiva que la vía penal. Multas económicas y cierre de gradas. Que todos los aficionados vean que les afecta», añade.
Mientras, una decena de denuncias siguen sobre la mesa de los juzgados españoles. Los fiscales deslizan que son demasiadas, muchas con pruebas de audio pero sin imagen, o viceversa, lo que hace tortuosa la investigación. Y mientras, también, los racistas replican sus vergonzosas actuaciones en otros estadios.
