Inglaterra potencia la vía penal para combatir el racismo e Italia se castiga a los clubes. España no toma ninguno de los dos caminos y descarga sobre los colegiados
Un precedente. Sólo uno. En España sólo un partido de fútbol profesional ha sido aplazado por culpa de los insultos de la afición: fue el Rayo Vallecano-Albacete de Segunda disputado en diciembre de 2019 y tuvo una peculiaridad. Uno de los jugadores visitantes, Roman Zozulia, fue acusado de nazismo por la grada de Vallecas y sus compañeros decidieron no jugar la segunda parte. Es decir, no fue decisión del árbitro.
En 2007 España aprobó la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, pero su uso ha sido muy limitado. Años atrás, en 2004, un Inglaterra-España en el Santiago Bernabéu acabó en bochorno por los cánticos racistas contra Cole, Wright-Phillips, Ferdinand, Defoe o Jenas, todos jugadores negros, y por eso después el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió crear un protocolo para combatir esa lacra.
Gracias al artículo 15 de aquella Ley, el árbitro puede suspender el partido o puede desalojar el estadio, lo que considere. Cuenta a su vez con herramientas intermedias, como la suspensión temporal o el desalojo de un grupo de personas, pero tiene un problema: todo está en su mano. Aunque desde hace años cuenta con la ayuda de un árbitro asistente de video (VAR), para una decisión tan crítica, tan escabrosa, incluso tan arriesgada, está solo. Y así es difícil decretar el aplazamiento del partido.
De hecho, en la mayoría de casos vividos en España, todo se ha quedado en una anécdota: como mucho, un parón yun mensaje por megafonía. Desde Darío Silva en Oviedo en 2000 a la polémica entre Diakhaby y Juan Cala el año pasado, apenas se recuerda alguna interrupción, como la que tuvo lugar en Gijón en 2016 por los cánticos contra Iñaki Williams. ¿Se actúa diferente en otros lugares?
En Inglaterra, en Italia…
Sí y no. La FIFA y la UEFA cuentan con un protocolo de tres pasos contra el racismo que es prácticamente un calco al español: primero, pedir por megafonía que paren los cánticos; segundo, suspender el partido unos minutos; y tercero, suspender el encuentro de manera definitiva. Por ello en partidos de selecciones o en Champions tampoco ha habido cancelaciones pese a los muchos incidentes, como en el Montenegro-Inglaterra de 2019 o en el PSG-Basakshir de 2020 en el que el cuarto árbitro insultó a Webo. Pero las diferentes ligas han creado sus planes para intentar combatir la lacra.
El enfoque más diferente se encuentra en la Premier. En Inglaterra, la responsabilidad única no es del árbitro y el primer paso no son los mensajes por megafonía. Con su protocolo de seis pasos, los gritos racistas se tratan como un problema de orden público y, por eso, el colegiado debe advertir de inicio a los responsables de seguridad, que son los que deben identificar in situ a los autores, elevar la denuncia y expulsarlos al momento si lo consideran.
Con una actuación así se intenta evitar lo que ocurre en España, que algunas denuncias son archivadas por las dificultades para personalizar lo ocurrido y al mismo tiempo se señala al individuo, no al conjunto. Todo lo contrario a lo que pasa en Italia. Con Balotetti como víctima habitual, en la Serie A los insultos racistas se han repetido en los últimos años -a Lukaku en Cagliari, a Kessié en Verona, a Dalbert en Bergamo, a Koulibaly en Roma…- y tampoco se han parado partidos, aunque sí ha habido duras sanciones a posteriori. La más habitual: el cierre de las gradas donde suelen colocarse los ultras.
En España eso nunca ha ocurrido, de hecho se desestimó el cierre parcial de El Molinón por los agravios a Iñaki Williams en 2016, y la mayoría de casos se han resuelto sin poder identificar a los autores o con la retirada temporal del abono de los mismos.
