Tribunales
La Fiscalía rechaza que el Consejo Superior de Deportes acuse en este procedimiento y el Barcelona se opone a la personación del Madrid aunque aceptaría que fuera acusación popular pagando 500.000 euros de fianza
El FC Barcelona es uno de los perjudicados por el ‘caso Negreira’. Así lo considera el club que ha pedido al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona que lo admita en doble condición: la de investigado por los delitos de corrupción en los deportes, administración desleal y falsedad de documento mercantil y la de acusación particular. En un escrito presentado al juzgado la entidad azulgrana cree que tiene “la condición de ofendida y perjudicada por la presunta comisión de un delito de administración desleal” ya que el patrimonio del club ha sufrido “un perjuicio” con los pagos realizados durante 17 años al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018 José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier Enríquez Romero.
El Barça recuerda que la Fiscalía, en su querella inicial, señalaba que los pagos a las sociedades Dasnil y Nilsad, de Enríquez Negreira, entre 2001 y 2018 superaron los 7,3 millones de euros supusieron “una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General por lo que carecía de título que lo justificara. En definitiva, dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno”. Por eso, los letrados del Barça señalan que, siguiendo con esta argumentación, “el patrimonio del club presuntamente se habría venido administrando indebidamente, causando en consecuencia, un perjuicio al mismo”.
Por eso, en su escrito al que ha tenido acceso este medio el Barça considera que “con independencia de la existencia de una prestación real y efectiva de un servicio de asesoramiento técnico arbitral, este servicio habría venido facturándose doblemente, formalizándose, además, uno de dichos canales de facturación a través de mercantiles interpuestas que recibían una comisión por ello”. En este sentido, hacen referencia a los pagos del club al hijo de Negreira mediante una sociedad de un ex directivo, Josep Contreras, fallecido hace unos meses. El Barça abonaba las cantidades a esta empresa por los servicios de asesoramiento e informes de análisis que realizaba Javier Enríquez, no sólo de la actuación arbitral en partidos del equipo catalán sino de sus rivales directos como el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y luego Contreras pagaba a la sociedad del hijo de Negreira quedándose una importante comisión.
En el proceso abierto en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona el Barça también se ha opuesto a que el Real Madrid sea acusación particular al considerar que no está perjudicado por los delitos que se investigan. Argumentan que en todo caso sería la La Liga, como la organizadora de la competición, quien puede personarse en este procedimiento como afectada. El Barcelona también rechaza que el Madrid sea acusación popular aunque deja la puerta abierta a esta posibilidad, de forma subsidiaria, si el club blanco paga una fianza de 500.000 euros teniendo en cuenta que tiene ingresos de 770 millones de euros para esta temporada: “La cuantía de la fianza no se antoja ni elevada ni excesiva”. El juzgado todavía no ha tomado una decisión.
Además, la Fiscalía rechazó la personación del Consejo Superior de Deportes como acusación en este procedimiento teniendo en cuenta que su “naturaleza” es “puramente administrativa, con reconocimiento de competencias disciplinarias propias, instando a la sanción de conductas que, en caso de exceder los límites del ámbito puramente deportivo, deberán remitirse a la autoridad judicial o fiscal para que sean éstos quienes actúen”. Por eso cree que no puede ser “ni perjudicado ni ofendido” pese a las competencias organizativas del sistema arbitral. La Abogacía del Estado instó a comparecer en el procedimiento y La Liga o la Federación Española de Fútbol no se oponen.
El fiscal también rechaza que se amplíe la investigación a Enríquez Romero como pidió La Liga ya que es “precipitado” en estos momentos que exista un “nutrido soporte probatorio incriminatorio”. El Ministerio Público insta a esperar al informe encargado por el juzgado a la Guardia Civil antes de tomar una decisión. Por el momento, el ‘caso Negreira’ sigue acumulando peticiones de las partes a la espera de resolverse alguna.
Auditorías bajo sospecha
Por otro lado, La Liga ha pedido en el juzgado nuevas diligencias de investigación al indicar que los pagos de la actual Junta Directiva del Barça de cuotas tributarias por un importe total de más de un millón de euros tras las inspecciones de la Agencia Tributaria es un “reconocimiento implícito” de que las facturas de Nilsad y Dasnil “no correspondían con las prestaciones de servicios que en éstas se documentaban, sino que también trasladó esta información a las cuentas anuales del club”. Además, La Liga recuerda que sus afiliados deben aportar una auditoría “independiente” que indicara los modelos de organización y gestión adecuados para la prevención de delitos y que el Barça constituyó en 2016 un Comité de Riesgos Tributarios del Barça para dar respuesta a esta petición.
Así, La Liga reclama al juzgado para que la Guardia Civil tome declaración como testigos a esos miembros del Comité ya que cada auditoria entregada indicaba “el mapa de riesgos fiscales” y en ninguno de ellos se tuvieron en cuenta los pagos a las sociedades de Negreira que acabaron siendo detectados por la Agencia Tributaria y dieron lugar a este procedimiento penal, primero en la Fiscalía y luego en instrucción judicial. La Liga recuerda que en los años en los que Laporta fue presidente durante su primera etapa, entre 2004 y 2009, se pagaron a las empresas del ex número 2′ de los árbitros 1,09 millones de euros y que la auditoría de cumplimiento del compilance financiero del club de julio del año pasado “no recoge ni materialización de riesgo fiscal alguno” de la entidad azulgrana pese a las inspecciones de Hacienda.
También se reclama que se aporten a la causa las “due diligence” y auditorias ‘forensic’ encargadas por ex presidentes del Barça, como Sandro Rosell o el propio Laporta, sobre sus antecesores por no detectar lo que “sí hizo la inspección de la Agencia Tributaria, los pagos injustificados a los señores Negreira y su entramado societario” pese a que se encontraron “importes cuantitativa y manifiestamente inferiores” como los 53.000 euros gastados por Laporta en “restaurantes, locales nocturnos, perfumes y cigarros” o los “4 millones en gastos de seguridad sin justificar”.
