"Reclamo que ahora mismo el presidente de la Federación salga y explique qué está sucediendo". Así de contundente se ha expresado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, a la información de este periódico en la que se explicaba la manipulación que realizó la Real Federación Española de los baremos de las sedes del Mundial 2030 para dejar fuera a Vigo e incluir el estadio de Anoeta.
En una entrevista en el programa Espejo Público, Caballero ha exigido explicaciones de la Federación de ese cambio repentino. "El comité técnico evaluador, presidido por Fernando Sanz hizo una valoración en la que Vigo estaba. Y en dos días, ese baremo que aparece en EL MUNDO, se cambia y aparece Vigo en último lugar. Alguien nos tiene que explicar quién tomó esa decisión, por qué la tomó, en qué sitio, dónde fueron las reuniones... todo, todo", ha argumentado.
El primer edil gallego ha recordado que el actual presidente de la RFEF estaba como vicepresidente del estamento y fue el encargado de recibir la primera clasificación en la que figuraba Balaídos como sede mundialista. "Louzán era entonces vicepresidente y fue el que recibió el texto en el que Vigo aparecía como sede del Mundial. ¿Quién lo cambió? ¿Por qué? ¿Con qué criterios? ¿Por qué se hizo?", ha demandado.
Así, el regidor de la ciudad olívica habla de "oscurantismo" en el proceso mundialista de la elección de sedes y ha incorporado otro factor a la manipulación que ha dejado a Vigo fuera de la lista de las 11 seleccionadas. "No sé si tiene que ver que Louzán presidía la Diputación de Pontevedra y la perdió por el resultado en Vigo. En todo caso, es claro que aquí hay una posición contra esta ciudad manifiesta. Y, por lo tanto, hoy mismo tiene que salir el presidente de la Federación a dar explicaciones", ha recalcado.
El CSD, por su parte, ha insistido, a través de un portavoz, en la propuesta hecha por el secretario de Estado, José Manuel Rodríguez Uribes, de solicitar a la FIFA que se amplíe a 13 las sedes ubicadas en España, lo que permitiría que Vigo, Anoeta y Mestalla, actualmente fuera de la selección realizada, pudieran estar incluidas.
Desde el Gobierno han reiterado que ya se había mostrado la posición de que Vigo debía estar entre las elegidas por su proximidad con Portugal, otro de los países coorganizadores del Mundial, junto con Marruecos.
El Celta, al margen
Por su parte, el Celta de Vigo, equipo que juega en el estadio de Balaídos, ha preferido mantenerse al margen de este conflicto. El campo es de titularidad municipal y es la ciudad la que arrienda su uso al club celeste. La Real Sociedad tampoco ha querido realizar comentarios aún sobre la exclusiva de este periódico.
'Todos los hombres del presidente' es el relato escrito por Bob Woodward y Carl Bernstein, periodistas del 'Washington Post', sobre sus investigaciones en el caso 'Watergate', que acabó con la dimisión de Richard Nixon, en 1974. Llevada al cine y protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman, es una crónica de las tentaciones y transgresiones del poder, situada en el lugar más poderoso del mundo. Los reporteros persiguen sombras y voces sin descubrir siempre a los hombres hasta encontrar a su «garganta profunda». El fútbol no es la política, aunque pueda tener hasta más visibilidad, y la Ciudad del Fútbol nada tiene que ver con la Casa Blanca, pero la transgresión y la corrupción se aferran al poder como la hiedra, en cualquiera de sus acepciones. Los ejemplos sobran. Es difícil saber si la España de Lamine Yamal podrá ganar otro Mundial, pero la Federación es campeona del mundo en imputados: Ángel Villar, Luis Rubiales, Pedro Rocha... Rafael Louzán estaba ya condenado hasta que el Tribunal Supremo lo habilitó para continuar en el cargo, limpio, como si se tratase del VAR. El presidente que dice a todos que sí y prefiere enviar a otros a decir que no, arranca su mandato de verdad, tras el fallo del alto tribunal, en un complejo escenario, rodeado de ambiciones, traiciones y enfrentamientos, envuelto por las sombras de los hombres que quieren el poder de verdad, no sólo dar la mano, ganar un buen salario y practicar el deporte del 'palquismo' de campo en campo.
Después de las revelaciones de Woodward y Bernstein en el 'Post', lo que acabó por provocar la dimisión de Nixon fue la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que obligaba al presidente a entregar grabaciones a los investigadores gubernamentales. Para Louzán, en cambio, la decisión del Supremo español ha significado lo contrario, la continuidad, y por unanimidad de los cinco magistrados de la Sala Segunda, al entender que no estaba lo suficientemente sustentado el delito de prevaricación por el pago con dinero público del sobrecoste de unas obras de un campo de fútbol para las que se había destinado ya una subvención pública. Mientras para algunos juristas el fallo es aceptable, la realidad es que había sido condenado en dos instancias judiciales con anterioridad. En la Federación había pesimismo, por lo que se trabajaba en un plan B. En el Gobierno, contrario ya a que Louzán se presentara siquiera a las elecciones, eran taxativos: «Si el Supremo la ratifica, ni un atajo más, nuevas elecciones».
Rafael Louzán.SERGIO PÉREZEFE
Buenas conexiones judiciales
El único realmente optimista era Louzán. Convencido de que saldría adelante su recurso de casación, mantenía una agenda frenética, incluso con una visita a Aleksander Ceferin un día antes de la vista. Estaba bien asesorado y beneficiado por las sombras del contexto. Hablan de la buena sintonía que tiene quien ha dirigido su defensa, Nicolás González-Cuéllar, con Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda y juez del 'procés'. El perfil del panel de los cinco magistrados era claramente conservador ante un recurso que databa de su etapa como presidente de la Diputación de Pontevedra por el PP. Entre ellos, un ex Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, a petición de Mariano Rajoy.
Ahora el presidente de la Federación debe moverse entre otras sombras en la que la mayor es la proyectada por el verdadero presidente in pectore del fútbol español, Javier Tebas. Louzán no estaría en el cargo sin su apoyo. Lo sabe y eso se paga. Tebas es un dirigente hiperactivo, trabajador, inteligente y estratega, pero también frontal. Jamás ha estado en una posición de tanta fortaleza, una vez caído Rubiales, sentado en Las Rozas como vicepresidente y con el sindicato domesticado. La escasa presencia de la AFE en el 'caso Olmo' lo pone de manifiesto, hecho que resultaba chocante en la dialéctica habitual patronal-sindicato. Como si Pepe Ávarez y Antonio Garamendi dijeran lo mismo.
Javier Tebas atiende a los medios.SERGIO PÉREZEFE
El presidente de la LaLiga, sin embargo, nunca ha estado tan enfrentado a Florentino Pérez, como se ha visualizado a raíz de la carta del Madrid contra el arbitraje y su irónica respuesta. Para Louzán no va a ser fácil hacer de poli bueno, porque hay algo que Florentino y Tebas entienden del mismo modo: conmigo o contra mí.
Al Gobierno no le gusta Louzán, pero una vez que se ha pronunciado el Supremo, José Manuel Rodríguez Uribes no tendrá más remedio que recibir al gallego. Hasta ahora, no había contestado a sus peticiones, lo mismo que la ministra Pilar Alegría. Rodríguez Uribes es hombre de pactos, no de confrontación, pero ya ha tirado líneas de las que no piensa retroceder. La cautelar que el CSD concedió al Barcelona en el 'caso Olmo', contra Liga y Federación, es un ejemplo. La resolución final ahondará en los mismos argumentos. Eso no es un problema para Florentino, pese a lo que diga el madridismo de pie, ya que prefiere dar oxígeno a su aliado Joan Laporta por el bien de la Superliga. Lo es para Tebas.
Medina Cantalejo.SERGIO PÉREZEFE
Propuestas de cambio del arbitraje
Louzán conoció el fallo del Supremo mientras estaba reunido con los clubes para hablar del arbitraje, con la ausencia del Madrid. La búsqueda de un nuevo modelo, a lo Premier, que pasaría por externalizar el CTA, es compleja en lo jurídico, puede resultar muy cara y, además, necesita de la complicidad del CSD. Hasta el organismo, incluso al despacho del ministro Miquel Iceta, ya llegaron propuestas de cambio que no prosperaron en la era Rubiales. Se quedaron en el cajón. Veremos si no hay decisiones más cortoplacistas, como cambiar a personas muy desgastadas y relacionadas con el pasado, como Medina Cantalejo. Los colegiados callan porque temen por su promoción profesional, siempre pendientes de evaluaciones poco claras. Algunos querrían parar, utilizar el arma de la huelga y que la Federación los defendiera con mayor aplomo frente a las críticas y los vídeos de RMTV, pero la realidad es que están desunidos. Es un mal de los colectivos del fútbol del que se aprovechan las federaciones territoriales.
La habilitación para la continuidad de Louzán se produce, asimismo, en mitad del juicio por el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso, donde algunos de los testigos han empeorado un relato de por sí detestable. Es el caso de Luis de la Fuente, al que Louzán acaba de renovar bajo un amplio consenso. Debería preguntarse el presidente porque a otros técnicos de éxito, como el campeón olímpico Santi Denia, sólo se les renueva año a año.
"Es increíble que lo ganen todo"
Si algo demuestran las declaraciones es que el conflicto del fútbol femenino no está cerrado, con Montse Tomé en el punto de mira de varias jugadoras. Louzán ha puesto al frente del fútbol femenino a Reyes Bellver. La abogada fue asesora del sindicato FUTPRO, beligerante con la AFE de David Aganzo, ahora también vicepresidente de la Federación.
A una declaración judicial no se va como De la Fuente, con la chaqueta de seleccionador, aunque sea como testigo. La Eurocopa lo blanquea todo, pero la imagen de la Federación continúa en caída libre. Cuando aún no haya acabado el juicio del beso, empezará el del 'caso Haití', con Ángel Villar como imputado. Con razón en despachos de la FIFA bromean: «Es increíble que España lo gane todo con esta Federación».
Un exultante Rafael Louzán entraba en una reunión "histórica", según sus palabras, en los Jardines de Cecilio Rodríguez, en el madrileño parque del Retiro. La calificaba así porque era la primera vez que la Real Federación Española, de la que él es presidente, LaLiga, representantes de clubes de Primera y Segunda y el Comité Técnico de Árbitros (CTA) se reunían para abordar el futuro del fútbol español. Lo que no sabía el mandatario es que, de ella, saldría con la absolución del Supremo y con el armazón de un nuevo modelo para el arbitraje español.
La mañana, no obstante, no sería perfecta ya que la oscureció el borrón de la ausencia de uno de los clubes españoles más importantes: El Real Madrid. Los blancos, aunque habían confirmado su asistencia, tras todo el revuelo generado por el comunicado contra el estamento arbitral, decidieron ausentarse a última hora. El máximo mandatario de LaLiga, Javier Tebas, aprovechó para afear esa ausencia y, especialmente, su última actuación referente al estamento arbitral: "Han construido un relato de victimismo exagerado, fuera de lugar y con un objetivo, en mi opinión, de hacer daño a la competición. En la nota se veía. Toda la competición adulterada, todo un tema desmedido. Han perdido la cabeza".
Louzán, en cambio, se ha mostrado algo más conciliador que el presidente de la patronal. "No se pueden tolerar estas actuaciones de un gran club que nos representa en todo el mundo y no es la forma de actuar. La Federación siempre estará abierta a escuchar y dialogar con todo el mundo desde el respeto. Todos han condenado este tipo de actuaciones que no se pueden permitir porque dañan al fútbol español", explicó el presidente de la RFEF. Diplomacia que secundó la cabeza del CTA, Luis Medina Cantalejo: "No hay inconveniente para que todo esto se normalice y haya paz".
Así, pese a las guerras y amenazas de denuncia contra las actuaciones del Real Madrid contra el estamento arbitral, la reunión se enfocó hacia lo verdaderamente importante, que era algo que el club blanco, precisamente, había reclamado en multitud de ocasiones como es una renovación de la organización de los jueces del fútbol. No obstante, en los puntos del día estaba también hablar de calendario y de situación financiera del fútbol español.
En este primer encuentro se han abordado principios que marquen un nuevo modelo de sistema arbitral, según Tebas, "la posibilidad de que esa estructura esté fuera de la Federación, en una compañía mercantil que compartirá la RFEF y la Liga". Es decir, una especie de modelo Premier, aunque para ello también estudiarán el de la Bundesliga y la MLS americana.
Lo hará una comisión de "creación en la máxima brevedad" compuesta por LaLiga, la RFEF y algún actor más, probablemente clubes de fútbol de manera rotatoria, que será la que decida cómo abordar ese nuevo "sistema mixto" del arbitraje español. Pero no será un mero cambio de estructura, también se abordarán otras cuestiones como la transparencia y el funcionamiento del mismo. La idea es ir avanzando durante esta temporada y tenerlo todo listo para el comienzo de la que viene.
Cambios
Entre las primeras propuestas están charlas a principio de curso con entrenadores y jugadores para una explicación más exhaustiva de los cambios en el arbitraje, una presencia rotativa de los diferentes clubes en las reuniones semanales de los árbitros y la opción de reuniones monográficas para transmitir el protocolo del VAR. "Hay veces que el ser humano se equivoca y no tenemos argumentos", expresó Medina Cantalejo.
Otra cuestión es la de los audios de VAR. Cabe recordar que la RFEF pidió la posibilidad de retransmitirlos en directo, pero la UEFA se lo prohibió. El organismo que preside Louzán seguirá intentando hacerlo y se manifiesta partidario de ofrecerlos a los clubes cuando lo soliciten, pero siempre en sus instalaciones. La IFAB y la FIFA prohíben que se remitan a los mismos.
No obstante, el presidente de la RFEF ofreció la posibilidad al Madrid de escuchar los audios del partido que desató la polémica, también partes no sujetas a revisión. "La Federación no debe de poner trabas en este sentido y desde el CTA me comentaron que se iba a valorar. Me ponía el ejemplo que a otros no se los han dado y yo le insistí en que comienza una nueva etapa porque el camino no es llevarlo a la justicia", expresó.
Estas nuevas bases han sido motivo de satisfacción para todos los presentes en el encuentro, que se ha prolongado en torno a cuatro horas. El futuro del arbitraje comenzó en una reunión en la que no estaba el club que, supuestamente, más ganas tiene de cambiar la estructura de los colegiados en España.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, tras la vista celebrada en la mañana de ayer, ha anulado este jueves la condena a siete años de inhabilitación para cargo público contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, por un delito de prevaricación cometido cuando estaba el frente de la Diputación de Pontevedra.
Esta decisión, tomada por unanimidad por los cinco magistrados de la Sala, corrige la sentencia por la que Louzán fue condenado en 2022 por la Audiencia Provincial de Pontevedra a esos siete años de inhabilitación por unos hechos acaecidos en 2013. Louzán, presidente entonces de la Diputación de Pontevedra y del Partido Popular de esa provincia, votó a favor de conceder a una constructora una subvención de 86.311 euros para unas obras de mejora en el campo de fútbol de Moraña que, en su mayor parte, ya estaban ejecutadas.
El tribunal considera que los hechos probados "no constituyen delito de prevaricación". Dice la sentencia que las obras fueron lícitas y no producto de "la connivencia entre los involucrados". Señala también que este delito requiere "no sólo la existencia de una resolución arbitraria, sino emitida para producir un resultado materialmente injusto". Y este último requisito no se cumple porque en este caso "la Administración contratante estaba obligada a abonar las obras ya realizadas".
Añaden los magistrados que las obras se habían facturado "conforme a los precios de mercado" y que Louzán "supo de su existencia cuando ya estaban terminadas". "En tal coyuntura", prosiguen, "el presidente no podía ordenar la demolición de unas modificaciones al proyecto que estaban ya ejecutadas, pues hubiera supuesto, además de la pérdida del servicio que iban a prestar las obras no previstas, la obligación de pagar al contratista una indemnización por los trabajos desmantelados y por los gastos de derrumbe".
Por el contrario, sostienen que "la obligación impuesta por el ordenamiento jurídico" no era demoler nada, sino "el pago de las modificaciones desarrolladas".
El tribunal precisa que el hecho de descartar la relevancia penal de los hechos no impide que, debido al procedimiento empleado para el pago, se pueda indagar si hubo "responsabilidades administrativas o contables" si así se estima conveniente.
La decisión del Alto Tribunal supone un respiro para el gallego que, en el caso de haber visto ratificada la sentencia, estaba obligado a dimitir como presidente en virtud del artículo 60.6 de la Ley del Deporte, que dice así: "Cuando la persona titular de la presidencia o cualquier miembro de la junta directiva de una federación o liga profesional sean condenados por sentencia firme, deberán abandonar el cargo de forma inmediata, notificando tal circunstancia al Consejo Superior de Deportes".
También en virtud de los propios Estatutos de la Federación, que en su artículo 19, referido a los requisitos para ostentar la condición de miembro de los órganos de la RFEF, establece, en su punto cuarto, lo siguiente: «No estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos».
La Fiscalía defendió este miércoles ante el Tribunal Supremo la ratificación de la condena por delito de prevaricación al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, cuando estaba al frente de la Diputación Provincial de Pontevedra con el Partido Popular, lo que mantendría el castigo de inhabilitación para el desempeño de un cargo público.
El fiscal Javier Huete sostuvo esta postura en la vista pública celebrada por la Sala Segunda de lo Penal del tribunal encargado de estudiar el recurso de casación que Louzán interpuso contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra en mayo de 2022, que corroboró la pena por prevaricación emitida a su vez por un juzgado de primera instancia, aunque rebajó de ocho a siete los años de inhabilitación y excluyó el delito de fraude.
La condena viene a cuenta de las irregularidades atribuidas a Louzán y a otras tres personas al otorgar 86.311 euros a una constructora por un sobrecoste en las obras del campo de fútbol de la localidad de Moraña en 2011.
"Implica prevaricación", dice el fiscal
Según el fiscal, "todo el expediente que se genera para autorizar ese pago es prevaricador" y el entonces presidente de la Diputación de Pontevedra y los otros condenados urdieron "un plan alternativo, fuera de control y fuera de la normativa".
El convenio suscrito por la Diputación estipulaba una subvención discrecional de su presidente de 999.561 euros para la ejecución de las obras. Dos años después, la empresa adjudicataria, que había realizado trabajos no contemplados en el proyecto, presentó una certificación con el sobrecoste, que se financió, según el fiscal, a través de un procedimiento administrativo "ficticio" que infringió la ley.
"Buscan e idean un sistema de común acuerdo alternativo al margen del procedimiento para llevar a cabo su estricta voluntad (...) Los que intervienen, sin su colaboración no hubiera sido posible el pago de esas cantidades. Eso implica prevaricación", concluyó el representante del Ministerio Fiscal.
Mónika Godoy, abogada de Louzán, alegó que tanto la legislación de subvenciones como de contratación pública "permitía al presidente de la Diputación hacer el abono por la cuantía pagada" por "una nueva subvención o la aplicación de un contrato directo".
La letrada admitió que "los hechos probados no se atacan", pero sí la interpretación de la conducta, "que no puede integrar el delito de prevaricación".
Louzán podría seguir
La vista pública del recurso de casación se prolongó durante algo menos de media hora y en ella no estuvo presente Louzán al no ser obligatoria su asistencia. A partir de los argumentos de las defensas y de la Fiscalía, el tribunal debe dictar sentencia, sin fecha prevista, aunque la previsión es que sea en corto plazo de tiempo.
El tribunal está presidido por Julián Sánchez Melgar, quien fue fiscal general del Estado en la última etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, y el ponente de la resolución es Pablo Llarena, quien fue el juez instructor de la causa del 'procés' contra los líderes independentistas catalanes.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró la semana pasada que si el Supremo ratifica la condena por prevaricación a Louzán, deberá dejar la presidencia de la RFEF, a la que accedió el pasado 16 de diciembre, y se convocarían nuevas elecciones.
Louzán, en cambio, interpreta que aunque no prosperara su recurso, hay margen legal que sustentaría su continuidad en el cargo.
El Tribunal Supremo celebra hoy la vista del recurso del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, contra la condena de siete años de inhabilitación para empleo o cargo público en administraciones públicas por un delito de prevaricación durante su etapa como presidente de la Diputación de Pontevedra en 2013.
La Sala Segunda de lo Penal del tribunal estudiará el recurso de casación que Louzán interpuso contra la sentencia de mayo de 2022 de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que ratificó parte de la condena que un año antes dictó el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra. Si el alto tribunal no estima el recurso y ratifica la sentencia, Louzán debería abandonar la presidencia de la RFEF, según dictan los Estatutos del organismo.
Inhabilitación para cargo público
Este juzgado condenó a Louzán, entre otras personas, en febrero de 2021 a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación para empleo o cargo público relacionado con administraciones públicas, por los delitos de fraude y prevaricación, tras considerar probado que cometió irregularidades al otorgar 86.311 euros a una constructora por un sobrecoste en las obras del campo de fútbol de Moraña.
La Diputación firmó con el Concello de Moraña en diciembre de 2011 un convenio para las obras por importe de 999.561,23 euros, a través de una subvención discrecional de su presidente, y dos años después la empresa adjudicataria, que había realizado obras no contempladas en el proyecto, presentó una certificación aumentando algunas partidas por el importe de 86.816,47.
Al ser unas obras realizadas con subvención, la legislación impedía exceder el importe subvencionado y, según la sentencia, «se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley, tendiente a abonar a la empresa el importe que reclamaba».
Tras la primera sentencia condenatoria, Louzán acudió a la Audiencia provincial de Pontevedra, que estimó parte de su recurso. Redujo la inhabilitación de ocho a siete años y aunque mantuvo la condena por prevaricación, excluyó el delito de fraude.
La Audiencia aceptó algunos argumentos de la defensa, entre ellos el hecho de que «no ha existido perjuicio ni riesgo de perjuicio para la Administración Pública y tampoco se ha acreditado en los acusados el dolo o intención de perjudicar al patrimonio de la Administración». No obstante, para la Audiencia sí hubo prevaricación, ya que los acusados, «cada uno en su condición, se pusieron de acuerdo en crear y desarrollar un procedimiento administrativo ficticio» para que la Diputación Provincial abonara a la empresa unas cantidades que reclamaba «por obras realizadas al margen del proyecto de una obra subvencionada por dicho organismo».
Louzán, que presidió la Diputación de Pontevedra durante su etapa en el PP -formación política de la que pidió la baja en 2016-, ha mantenido estos meses que tiene «fe ciega» en la justicia para ver estimado el recurso contra su condena. Del mismo modo, ha seguido con su agenda. El martes, un día antes de la vista en el Supremo, se reunió con Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.
No hay rastro de ella en la página web de la Federación Española, y tampoco se ha hecho pública su convocatoria, pero para el próximo día 10 de febrero, lunes, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha convocado una Asamblea General Extraordinaria a las 12.30 de la mañana. Fuentes conocedoras del proceso sitúan en el 9 de enero la convocatoria, y ese sigilo alrededor de la reunión provoca extrañeza en algunos sectores, entre ellos el Gobierno.
En el orden del día de esa asamblea, hecho público por Mundo Deportivo, se tratarán varios temas, entre ellos el «presupuesto para el año 2025 y ratificación de la retribución establecida para el Presidente». Sin embargo, el punto más llamativo es el 6: «Asuntos jurídicos». Y más concretamente el 6.1: «Adaptación de los Estatutos a la normativa vigente y modificación». ¿Qué parte de los Estatutos quiere modificar Louzán? Esa información tan concreta sólo la tienen un puñado de personas muy cercanas al presidente, pero pocos creen que los movimientos no tienen relación con el 5 de febrero, es decir, cinco fechas antes de esa asamblea.
Para saber más
Ese día, el 5 de febrero, a las 10.30 horas, se celebrará en el Tribunal Supremo la vista del recurso de casación interpuesto por Louzán contra la condena a siete años de inhabilitación para cargo público que le impuso la Audiencia de Pontevedra en 2022. Este órgano judicial consideró probado un delito de prevaricación en las obras de un campo de fútbol. En esa vista del próximo miércoles, el Supremo escuchará a las dos partes, recurrente y recurrida (y al Ministerio Fiscal si así lo solicita) y unos día o semanas después emitirá su veredicto. Previsiblemente antes de que se produzca el fallo será la asamblea de la Federación.
Si el Supremo le da la razón a Louzán, tendrá el camino libre para cumplir sus cuatro años como presidente, aunque siempre con el Gobierno atento a cualquier desliz. Pero, si el Supremo no le da la razón y confirma la inhabilitación, su salida debería ser inmediata. Por varios motivos, todos ellos amparados en la legislación vigente:
1. La Ley del Deporte. En su artículo 60.6 dice textualmente: «Cuando la persona titular de la presidencia o cualquier miembro de la junta directiva de una federación o liga profesional sean condenados por sentencia firme, deberán abandonar el cargo de forma inmediata, notificando tal circunstancia al Consejo Superior de Deportes». Esta misma Ley, además, permite al Consejo Superior de Deportes, es decir, al Gobierno, «suspender motivadamente, de forma cautelar, a la presidencia o a los demás miembros de los órganos directivos, cuando se incoe contra estas personas expediente sancionador como consecuencia de presuntas infracciones calificadas como muy graves». Parece obvio que una condena de este estilo sería considerada una infracción «muy grave».
2. Los Estatutos de la Federación, que en su artículo 19, referido a los requisitos para ostentar la condición de miembro de los órganos de la RFEF, establece, en su punto cuarto, lo siguiente: «No estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos».
El presidente, junto al seleccionador.EFE
Sus no partidarios, que los hay en la Federación, sospechan que va a intentar algún movimiento para seguir en el cargo pase lo que pase el día 5, como ya hizo para poder presentarse a las elecciones el pasado diciembre. Sus pretorianos, que también los hay, se encargaron de buscar los resquicios legales necesarios para lograr sus objetivos. Por ejemplo, pese a que la Orden Ministerial por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas establece, en su artículo 17.3, apartado B, que para presentarse a presidente es imprescindible «no estar inhabilitado para para el desempeño de cargo público o representación por sentencia judicial firme», esgrimieron esta última palabra, «firme», para justificar su validez como candidato. Efectivamente, la sentencia entonces no era firme, pues quedaba el trámite que ahora aborda el Tribunal Supremo.
MODUS OPERANDI
Siguiendo ese mismo modus operandi, y al margen de la discreción en la convocatoria de la Asamblea, de los alrededores de Louzán también empieza a salir estos días una teoría según la cual, como la sentencia de la Audiencia de Pontevedra (mayo de 2022) es anterior a la Ley del Deporte (diciembre de 2022), no sería aplicable el artículo 60.6 anteriormente explicado. Eso se filtra más allá de que la lógica indique que la sentencia será firme ahora, es decir, en una fecha posterior a la entrada en vigor de la Ley.
«Ya me lo habían comentado, pero es una insensatez. No tiene salida», explica a este periódico una fuente jurídica que conoce muy bien la Federación. Otra vía que sale de las cercanías de Louzán son las palabras «cargo público» recogidas en los Estatutos. Entiende el gallego que el de presidente de la Federación no es un cargo público al no ser un organismo público, jurídicamente hablando, como dictó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en septiembre del año pasado.
El Gobierno permanece alerta. Su postura la dejó clara la ministra, Pilar Alegría: «Si se ratifica esa condena, actuaremos con arreglo a la Ley del Deporte y habrá que convocar elecciones». Un último detalle: cualquier modificación de los Estatutos debe ser aprobada por el CSD, y no parece que vaya a ser el caso. Pero quizá con lo que salga de esa asamblea, Louzán logre ganar, al menos, tiempo.
Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, declaró este miércoles que si el próximo 5 de febrero el Tribunal Supremo "ratifica la condena" por prevaricación a Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, desde el Gobierno actuarán "con arreglo" a la Ley del Deporte y se convocarán elecciones.
Rafael Louzán, hasta ese momento presidente de la federación gallega, fue elegido presidente de la RFEF para el periodo olímpico 2024-2028 el pasado 16 de diciembre, tras tras recibir el voto a favor de 90 de los 138 asambleístas, por 43 que obtuvo Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana.
Su continuidad al frente de la RFEF depende de la resolución que haga el Tribunal Supremo sobre un recurso relacionado con el caso de prevaricación que protagonizó cuando era presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra por el Partido Popular en la concesión de una subvención de casi 87.000 euros para remodelar el estadio de Moraña. La fecha para abordar ese recurso es el próximo día 5 de febrero, y la resolución podría ser cuestión de apenas unos días.
"Llevamos unos años trasladando una imagen desde luego nada constructiva. Todos tenemos muy fresco en la memoria lo que ha pasado con los anteriores presidentes de la federación. Es lo que votaron y eligieron los asambleístas. Nosotros vamos a esperar a esa vista oral que se va a celebrar el 5 de febrero y, si se ratifica esa condena de siete años por prevaricación, nosotros actuaremos con arreglo a la Ley del Deporte y habrá que volver a convocar elecciones a la federación", dijo la ministra Pilar Alegría en una entrevista en la Cadena Ser.
De hecho, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, las personas de confianza de Louzán preparan ya el relevo por si la sentencia del Supremo fuese contraria a lo que él solicita. Ahí emerge la figura del vicepresidente Sergio Merchán, delfín de Pedro Rocha primero en la Federación de Extremadura y ahora hombre designado por ese sector afín a Rocha primero y Louzán después para mandar en la Federación.
El 15 de octubre del año pasado, en la penosa sala de prensa del Nuevo Arcángel de Córdoba y tras sellar prácticamente su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones, Luis de la Fuente, sonriente, dijo esto: «No se trata de estar agrandado, son cosas ciertas. La tierra es redonda, aunque algunos piensan que es plana. No se puede ir contra las cosas ciertas. Estoy muy tranquilo, no estoy agrandado, pero si lo estuviera, me lo habría ganado porque otro, en estas circunstancias, tiraría de carisma. Yo soy humilde y no voy a cambiar. Ahí la dejo, báilala».
Eran tiempos en los que, incluso desde algún sector cercano al poder en la Federación, con Pedro Rocha apartado, se deslizaba que sí, que al seleccionador se le había subido a la cabeza la Eurocopa y que esa reclamación de un mejor contrato se le había ido de las manos. Porque ya en ese momento, octubre del año pasado, De la Fuente demandaba públicamente una renovación que ayer se cerró hasta 2028. Entre ese 15 de octubre y ayer, 27 de enero, han pasado 104 días y no pocas cosas.
Para saber más
De la Fuente, antes de la Eurocopa, había apalabrado su nuevo contrato con Pedro Rocha, el hombre que designó Luis Rubiales para guardarle el sillón mientras Luis Rubiales creyó posible irse para volver. El técnico tenía un contrato de personal de alta dirección desde que fue nombrado seleccionador sub'21, por el que cobraba alrededor de 600.000 euros brutos anuales. Al pasar al primer equipo escaló, aproximadamente, hasta los 800.000. Su acuerdo verbal con Rocha subía a 1,2 millones.
Habiéndole devuelto a España un título internacional de primer nivel, ocurren dos cosas nada más volver de Berlín: De la Fuente entiende que esa cifra debe revisarse, y Rocha ve cómo el martes 16 de julio, apenas dos días después de la final de la Eurocopa, el TAD (Tribunal de Arbitraje Deportivo) le inhabilita durante dos años. Es decir, De la Fuente se queda sin interlocutor válido para cambiar de contrato. Porque él, al margen del dinero, quería tener un contrato como seleccionador nacional. La situación de interinidad en la Federación impide que se firme nada. Nadie, ni la Junta Gestora ni el Secretario General, querían dar ese paso por miedo a seguir el camino de Rocha.
Difícil rehabilitación
De la Fuente, ante sus más allegados, se muestra molesto con su situación, y lo hace público en esa ventana de partidos de octubre, poco después de comenzar a trabajar con su nueva agencia de representación, conocida también por llevarle sus asuntos a Fabián Ruiz o Alexia Putellas (es en ese momento, conviene subrayarlo, cuando una parte de los que mandaban entonces en Las Rozas hablan de «recrecimiento» por su parte).
Solventados los partidos de noviembre y conocido el rival para cuartos en el sorteo, De la Fuente decide afrontar un reto que llevaba aplazando varios meses: el 3 de diciembre entra en el quirófano para operarse de su rodilla, algo que le va a exigir una rehabilitación difícil. Para ella, para la rehabilitación, se queda en Madrid y no falta ni un día a su cita con el gimnasio y con los fisios. Poco después, el 16 de diciembre, Rafael Louzán gana las elecciones a la presidencia y ese mismo día dice que lo primero que hará es llamar a De la Fuente para cerrar la renovación.
Luis de la Fuente.EFE
Pero no fue lo primero que hizo. Tardo varios días en llamarle, algo que tampoco gustó al entrenador, que sin embargo, por supuesto, se sentó con él para cerrar a principios de este mes un acuerdo que llega hasta 2028 y que ronda, si se cumplen todos los objetivos, los dos millones de euros brutos al año, un sueldo, ahora sí, de campeón de Europa. Esos pequeños malestares quiso ignorarlos ayer: «No ha habido discrepancias. Siempre he dicho que estaré en los sitios mientras sea feliz y lo soy. Ha habido sintonía y cercanía en todo momento. Es un momento de alegría para mí, para mi familia y espero que para todo el mundo del fútbol». Lo de la sintonía y la cercanía es discutible, pero eso dijo.
Llama la atención la duración, pues se rompe una regla no escrita en la Federación, desde hace más de tres décadas, según la cual a los seleccionadores se les renueva de gran campeonato en gran campeonato. De la Fuente ha firmado estar en dos seguidos (el Mundial 2026 y la Eurocopa 2028), con los riesgos que eso conlleva. En estos siete meses, De la Fuente ha tenido ofertas, la mayoría de ellas bastante «exóticas», según fuentes de su entorno, que no confirman ofrecimientos de Oriente Medio y algún escarceo poco claro con la Liga estadounidense a través de un famoso intermediario que ya llevaba los asuntos, en su día, de Luis Aragonés. "Estoy donde quería estar. Nunca he pensado en otra selección. Estoy feliz aquí y nunca he querido irme. Desde la estabilidad se trabaja mejor y eso es lo que tengo en mi casa, la Federación. Espero seguir muchos años más", zanjó ayer, y en algo tiene razón: él nunca quiso irse.
