La Liga de Fútbol Profesional ha decidido no esperar al proceso deportivo y recurrirá ante la justicia ordinaria la cautelar urgente que concedió el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD) el pasado miércoles al Barcelona para que pueda inscribir a sus jugadores Dani Olmo y Pau Víctor, desinscritos por la Liga al no cumplir el club catalán con las reglas del Fair Play Financiero.
Fuentes de la patronal han confirmado a EL MUNDO que en breve presentarán un recurso contra esta decisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para tratar de impedir que esa cautelar urgente sea efectiva durante el tiempo que tarde el CSD en decidir sobre el fondo del asunto (tiene un máximo de tres meses para hacerlo).
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El pasado miércoles, el CSD hizo público que concedía esa cautelar urgente al club catalán amparándose en varios argumentos. Mencionaba, por ejemplo, el artículo 27 de la Ley del Deporte, en el que recoge que los deportistas profesionales tienen derecho “a una carrera deportiva conforme a sus potencialidades” y argumentaba que el Barça está inmerso en un torneo de repercusión mundial entre “equipos que han tenido mejor rendimiento en las competiciones nacionales en el curso anterior”.
Posteriormente, miembros del Gobierno como Pilar Alegría, ministra de Educación y Deporte, o incluso Félix Bolaños, de Justicia, justificaban la decisión en que se podía causar un “daño irreparable” al Barcelona y a los jugadores.
Sin embargo, desde el miércoles y hasta este mismo viernes han sido varios los clubes profesionales que han alzado la voz contra la decisión del CSD. Con argumentos más o menos parecidos que se pueden resumir en que la decisión pone en peligro la igualdad de todos los participantes en la competición. El PP ha ido más lejos y ha acusado al Ejecutivo de “adulterar la Liga” de fútbol.