Tribunales
El jugador recibía entre 30.000 y 50.000 euros de ingresos trimestrales por publicidad y derechos de imagen
Además de la libertad y del perjuicio deportivo, la acusación de agresión sexual contra Dani Alves, que lo mantiene en prisión puede provocar su ruina económica. En el recurso presentado ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona, que debe estudiar la Audiencia de Barcelona, los letrados del brasileño admiten que ya no dispone del “músculo económico de ingresos periódicos” que tenía cuando compareció ante la juez el pasado 20 de enero.
Uno de los argumentos de la magistrada para ordenar su ingreso en prisión provisional fue que, con sus ingresos de entonces, tanto por su contrato como jugador del Pumas de México como por los que recibe en concepto de publicidad y derechos de imagen, cifrados ente 30.000 y 50.000 euros cada trimestre. Para el juzgado Alves tenía dinero suficiente para fugarse y volver a Brasil, país con el que se tiene un limitado tratado de extradición y así evitar responder ante la justicia española.
Sin embargo, los letrados del brasileño explicaron que ha perdido estos ingresos. Primero por la notificación del Pumas de la rescisión “unilateral’ de su contrato el mismo día que se ordenó su entrada en prisión por “incumplimientos graves” del acuerdo firmado en julio del año pasado y del reglamento interno del club a raíz del proceso judicial en el que está inmerso el jugador.
Además, el jugador ha perdido entre 30.000 y 50.000 euros que recibía a través de una de sus sociedades, con domicilio fiscal en Barcelona, por derechos de imagen y publicidad ya que varias compañías “han rescindido contratos de patrocinio” que tenían con Alves “y serán más durante los próximos días y semanas”, según sus abogados por la acusación de violación.
En concreto el recurso señala que el 24 de enero pasado la compañía Hygia Saúde, de servicios financieros y seguros de Brasil, rescindió el contrato con Alves de forma unilateral; el día 23 de enero fue la compañía lxPartner, de apuestas deportivas, que acordó dejar en suspenso el contrato de patrocinio con el jugador como “embajador de la marca” y el 25 de enero la empresa Ethika, de marca de ropa, también acordó dejar en suspenso el contrato de patrocinio con el brasileño dejando claro que no harían ningún pago acordado para este año ni posteriores.
Los letrados recuerdan que dentro los 30.000 y 50.000 euros que el jugador recibe periódicamente está como ingreso principal su contrato con la marca deportiva Adidas aunque el contrato acabó el 18 de enero, un mes después del mundial de Qatar, sin que la compañía lo renovase. Por eso, el recurso señala que “ha desaparecido pues el músculo económico” que la juez tuvo en cuenta para ordenar la prisión provisional de Alves pese a que recuerda que el jugador “ha tenido una larga carrera profesional y muchos contratos” por lo que “el ahorro y patrimonio acumulado, cabría presumirse en función de los equipos en los que ha militado”.
Sin embargo, el jugador defiende su “profundo arraigo en Barcelona” para destacar que no existe riesgo de fuga y detalla que “no puede elevarse su capacidad económico en razón obstativa a la libertad provisional”. Por eso, en el recurso propone su salida de prisión a cambio de otras medidas como entregar su pasaporte, llevar una pulsera telemática, mantenerse alejado de la víctima, pagar una fianza sin especificar cantidad o comparecer periódicamente en el juzgado. Además señala su total colaboración con la justicia como demuestra que acudió a la cita con los Mossos en el despacho de su abogada en Barcelona sabiendo que iba a ser detenido.
Ahora el juzgado debe esperar los escritos de la Fiscalía y la acusación particular antes de enviarlo todo a la Audiencia de Barcelona para que tome una decisión sobre la petición de libertad del jugador. La decisión podría demorarse varias semanas.
