La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha comunicado su despido a Miguel García Caba, hasta ahora responsable del Área de Integridad del órgano de gobierno del fútbol español.
Según ha podido saber EL MUNDO, el organismo que preside ahora Pedro Rocha le comunicó ayer por la tarde el despido, convirtiéndose de esta manera en el segundo alto cargo destituido tras el episodio del beso de Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso después del de Andreu Camps, ya ex secretario general de la RFEF.
La expulsión de García Caba se había convertido en una de las principales exigencias de la jugadoras de la selección a los nuevos responsables federativos toda vez que el departamento de Integridad confeccionó un informe interno que redujo a una mera anécdota el beso de Rubiales a Hermoso para exculparle e intentar conseguir que permaneciera en su puesto.
Las futbolistas han pedido que la lista de despidos se extienda a todos aquellos altos cargos de la RFEF que a su juicio ayudaron a Rubiales a encubrir su actuación y que presionaron a la jugadora Hermoso para que no denunciara al ex máximo responsable del fútbol español.
"Soy la víctima de una tormenta perfecta en la que confluyen intereses políticos y venganzas de los miembros del Comité del Mundial". La ya ex directora de la Candidatura del Mundial 2030, María Tato, dio su versión en exclusiva a EL MUNDO horas antes de poner su cargo a disposición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras acreditarse la manipulación de la puntuación de las 11 sedes.
Tato reconoce que confeccionó una primera clasificación en la que estaba incluido el estadio de Balaídos y que la cambió apenas 24 horas después porque asegura que se había "equivocado". "Me limité a corregir unos errores de interpretación al aplicar los criterios y no lo hice sola".
Según la ya ex responsable federativa, esta alteración de las puntuaciones, que acabó dejando fuera al estadio vigués y dando entrada al de Anoeta, se materializó en una reunión que mantuvo el pasado 26 de junio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con otros dos miembros del Comité del Mundial: Fernando Sanz y Jorge Mowinckel.
Según ha podido saber este periódico, durante los últimos días Tato ha precisado a la cúpula de la RFEF que dicho encuentro tuvo lugar en la cafetería de las instalaciones. Sin embargo, Sanz y Mowinckel niegan rotundamente que dicha reunión tuviera lugar y se desvinculan por completo de la variación en las calificaciones introducida por Tato.
"No ha habido ninguna irregularidad",
"No ha habido ninguna irregularidad", dice a este periódico la ex responsable federativa, que insiste en que durante las últimas horas el resto de integrantes del Comité del Mundial han mentido al intentar desvincularse de la puntuación de los 11 que estadios que acogerán los partidos dentro de cinco años.
El problema radicó, según detalla Tato, en que no aplicó correctamente los criterios de la FIFA en lo que respecta a las obras que requerían los estadios y, concretamente, el de Anoeta. Reconoce que de la primera reunión que mantuvo con sus compañeros salió una primera clasificación de la que todos eran conocedores y que luego este listado se varió al día siguiente. "Tengo todos los mails y todas las pruebas de que digo la verdad", enfatiza.
Como prueba de que no quiso beneficiar ni perjudicar a nadie esgrime que ella es aficionada al Athletic de Bilbao y que si hubiera querido manipular el resultado nunca hubiera beneficiado a la Real Sociedad.
La ex miembro de la comisión, en un momento de la charla.Alberto Di Lolli
La que era única superviviente de la comisión de la candidatura española del Mundial cree que es un "daño colateral", en primer lugar, de una guerra abierta "entre la RFEF y el Consejo Superior de Deportes (CSD)". Pero también confirma las malas relaciones que existían entre ella, Sanz y Mowinckel, los otros miembros de la comisión de los que el presidente Louzán decidió prescindir en diciembre del año pasado.
Tato defiende su intervención en el proceso de selección de sedes y explica a este periódico que las modificaciones se realizaron "siempre con criterios objetivos", pero que éstos se ajustaron hasta llegar al excel definitivo en el que entraba Anoeta entre las 11 sedes y salía Vigo de la clasificación.
Insiste en que los cambios entre los diferentes documentos elaborados por la comisión los conocían todos los miembros de la misma: "Fernando Sanz miente cuando dice que no sabía nada al respecto".
El informe
En el informe en el que se explica el proceso de elección, al que ha tenido acceso este periódico, se abordan cuatro factores de decisión: Proyecto Técnico (40%), Operatividad (15%), Estructura Financiera (15%) y Dotación de ciudades (30%). El primer factor, además, contaba con los subfactores: Nivel de intervención, Sostenibilidad medioambiental, Calendario de ejecución y Capacidad del Estadio.
Son esos subfactores, según Tato, los que modificaron la puntuación de varias de las sedes entre el primer encuentro de la comisión realizado el 25 de junio de 2024 y el siguiente. "Sobre todo era el tema de la sostenibilidad, Balaídos es un estadio nuevo que habría que haber remodelado mientras que otros ya tenían espacio en la grada y era una cuestión de poner más asientos", apuntó.
La ya ex directora de la comisión mantiene que lo que se produjo en ese segundo encuentro fueron unos ajustes a los criterios que se habían valorado inicialmente basados en "los usados por la FIFA en el último Mundial elegido: Brasil 2027 Femenino".
Tato, durante su encuentro con EL MUNDO.Alberto Di Lolli
El actual presidente de la Federación era la persona a la que Tato reportaba el proceso de selección, pero asegura que ni él ni nadie le indicaron que modificase el excel que terminó con Balaídos fuera de las 11 sedes seleccionadas.
Enfrentamiento con el Gobierno
Mantiene que Louzán, entonces vicepresidente de Pedro Rocha, que se hallaba en la Eurocopa de Alemania aunque sería inhabilitado semanas más tarde, no se interesó por el proceso hasta que el CSD expresó ciertas modificaciones. "Si quieren decir algo que vengan a mi casa", cuenta la ex directora que manifestó el dirigente ante las presiones del Gobierno respecto a los criterios de selección. Admite que le reportaba el estado del proceso y sostiene que colaboró con el equipo del Mundial.
La propuesta gubernamental era que se introdujeran, además, "criterios estratégicos" que debían contar con un peso de un 35%. El Ejecutivo quería premiar la "vecindad", es decir, "aquellas sedes que estén cerca de la frontera de los otros dos países" y que ese criterio "únicamente afecta a Vigo".
En los correos remarcaba al mandatario federativo que le facilitaba la información "únicamente a efectos de su conocimiento y del presi". Tato apostilla: "No dimito porque sea culpable de algo" y añade "en un país en el que no dimite nadie". Sino que lo hace porque "no quiere seguir soportando" la situación en la que se encuentra tras estallar el escándalo.
El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha entregado al tribunal que le juzga por dos delitos fiscales un peritaje, al que ha tenido acceso EL MUNDO, que concluye que está siendo víctima de «un juicio completamente sesgado, capcioso e interesado» por parte de la Agencia Tributaria.
Entre los muchos elementos que discute la defensa de Ancelotti al Fisco se halla también la valoración que hace la Hacienda pública de la entrega de un reloj de alta gama al entrenador en el marco de un acuerdo comercial.
Así, Hacienda considera que se incrementó la base imponible del entrenador en 2015 al serle regalado por la firma Cecil Purnell un reloj que valoraba en 250.000 francos suizos -unos 260.000 euros-. El técnico italiano ha encargado un peritaje del reloj a la joyería Chocrón, que estima que el valor real de ese artículo de lujo se sitúa entre 25.000 y 30.000 euros.
El fiscalista que ha elaborado el dictamen técnico de la defensa del italiano, Manuel de Vicente-Tutor, concluye, basándose en ese caso y en muchas otras circunstancias, que las reclamaciones tributarias a Ancelotti nunca debían haberse canalizado a través de la vía penal y que, en todo caso, se deberían haber sustanciado en la contencioso-administrativa.
En lo que respecta al ejercicio 2015, el perito de Ancelotti combate frontalmente la postura del Fisco de que era residente fiscal en España y arguye que lo fue en Reino Unido. «Las autoridades fiscales británicas han confirmado tajantemente la validez de su certificado de residencia, por lo que no habría defraudado cantidad alguna». De ahí que reduzca la cuestión a un simple «conflicto de doble residencia entre España y Reino Unido» que «debe resolverse según las reglas contenidas en el Convenio de Doble Imposición».
Ancelotti, a su llegada a los juzgados.JJ GuillenEFE
También rebate De Vicente-Tutor «la incorrecta calificación jurídica» que la Agencia Tributaria «ha realizado de la renta pagada por el Real Madrid por la cesión de la explotación de los derechos de imagen» y defiende que, en ningún caso, se cometió un delito.
«La existencia de un delito fiscal exige, además de la concurrencia de requisitos de carácter objetivo -perjuicio patrimonial a la Hacienda pública en cuantía superior a 120.000 euros- otros requisitos de carácter subjetivo, 'el ánimo de defraudar' al que es inherente el dolo». Por lo que «quedan despenalizadas aquellas omisiones de pago de deudas tributarias que, aunque superen el umbral legal, no sean dolosas».
No en vano, el perito destaca que el Real Madrid tiene una «experiencia probada en la celebración de este tipo de contratos de cesión de explotación de derechos de imagen» y se trata, por lo tanto, de «una obligación autónoma del Real Madrid el ingresar las retenciones correspondientes a los pagos que realiza». «La diferencia entre lo retenido por el Real Madrid y lo que efectivamente debió retener [...] es un incumplimiento de las obligaciones tributarias que únicamente incumbían al club».
No obstante, la defensa de Ancelotti considera que «los razonamientos» expuestos tanto por su parte como por el Fisco «se encuentran lejos de una interpretación irracional». «Ambas son posiciones que encuentran su fundamento en la ley y la jurisprudencia, por lo que, en todo caso, la disputa debería dirimirse en la vía contencioso-administrativa por tratarse de un contencioso tributario y no de una defraudación tributaria».
