El juez amplía la investigación a los auditores del Barça que no denunciaron los pagos a Negreira

El juez amplía la investigación a los auditores del Barça que no denunciaron los pagos a Negreira

El juez que instruye el 'caso Negreira' ha acordado ampliar la investigación a todos los auditores que durante casi dos décadas pasaron por alto los pagos del FC Barcelona al número dos de los árbitros. El magistrado Joaquín Aguirre ha decidido, a petición de la Guardia Civil, extender las pesquisas a todos los informes de auditoría del club correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2003 y 2018.

El Instituto Armado ha solicitado la "identificación del auditor de cada informe" así como "el fundamento de la opinión del auditor con salvedades o el fundamento de la opinión desfavorable, en cada caso". Como normal general, estos análisis contables no alertaron del pago de casi ocho millones de euros a José María Enríquez Negreira y sólo alguno de estos informes, como el revelado por EL MUNDO elaborado por KPMG tras la primera etapa de Joan Laporta como presidente azulgrana, se limitó a advertir que éste había disparado sin justificación alguna la facturación de Negreira.

Los investigadores reclaman, además, al FC Barcelona "certificación de la manifestación que el auditor haya incluido en cada informe, conforme a que se han obtenido las evidencias suficientes para realizar la auditoría". Para ser más exactos, el juez Aguirre pide al club que conteste si los auditores "han tenido a la vista las facturas recibidas de las sociedades Dasnil 95, Nilsad, Soccercam, Tresep 2014, Radamanto y Best Norton, todas ellas controladas por Negreira, su hijo y el ex alto cargo del Barça ya fallecido, Josep Contreras. Esto es, si a la hora de llevar a cabo sus informes el club les comunicó la existencia de estas operaciones o, por el contrario, se las ocultó deliberadamente. Asimismo, el juez instructor reclama "la descripción realizada en cada informe de los riesgos más significativos por fraude".

La Guardia Civil deja constar en uno de sus últimos informes que ya obran en su poder auditorías realizadas por Kroll, KPMG o Deloitte y que ha recibido "ingente documentación" de "diferentes entidades" como el propio club catalán o la Agencia Tributaria.

El juez se encuentra investigando, en paralelo, la actuación de los cargos intermedios del club que participaron en los pagos al histórico dirigente arbitral para "acreditar la autoría de los mismos" y "determinar las personas físicas responsables de los delitos objeto de investigación".

En estos momentos el Juzgado de Instrucción número uno de Barcelona mantiene como investigados a los últimos presidentes del Barça, Joan Laporta, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, así como a la propia entidad y a varios directivos. Les atribuye delitos de corrupción deportiva o cohecho, entre otros, en el que constituye el mayor escándalo de la historia del fútbol español.

La RFEF ejercerá como acusación particular en el caso Negreira, que mañana acude a declarar como investigado

La RFEF ejercerá como acusación particular en el caso Negreira, que mañana acude a declarar como investigado

Novedades en el caso Negreira a pocas horas de que acuda a declarar como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 1. La Audiencia de Barcelona ha ordenado admitir a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como acusación particular del caso, que investiga los pagos -de casi 8 millones de euros- del FC Barcelona al ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTAA) José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018 a cambio de supuestas asesorías verbales encaminadas, según él mismo declaró ante la Agencia Tributaria, a que el club azulgrana tuviera "arbitrajes neutrales".

En un auto hecho público este lunes, la sección 21 del tribunal estima el recurso que presentó la RFEF cuando el juez instructor rechazó que la entidad formara parte de la causa, una decisión que respaldaron tanto la Fiscalía como el club azulgrana presidido por Joan Laporta.

El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, responsable de la investigación en curso, justificó su decisión en que la RFEF ejerce funciones públicas bajo la tutela del Consejo Superior de Deportes (CSD), que a su vez depende del Ministerio de Cultura y Deporte, y consideró que la Federación no está habilitada para personarse como acusación popular. En cambio, la RFEF argumentó que como entidad privada, "su condición de ofendido no ofrece lugar a dudas" y por tanto cree que es necesario que esté habilitada para ser acusación popular, porque podría personarse como acusación popular.

"El bien jurídico protegido"

Los jueces de la Audiencia de Barcelona tienen en cuenta que en este presunto delito de corrupción en el deporte "el bien jurídico protegido era el juego limpio en la práctica del deporte", un ámbito que corresponde a la RFEF. "Si las conductas que están siendo objeto de investigación se produjeron, y es lo que se está investigando, debieron necesariamente tener repercusión en el desarrollo de los encuentros deportivos, puesto lo que perseguían alteración de sus resultados o la obtención de unos arbitrajes más favorables", señalan los magistrados antes de concluir que la RFEF sí está legitimada para ejercer como acusación particular.

Una novedad que se conoce a pocas horas de que el propio Negreira deba acudir a declarar como investigado ante el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, en la Ciudad de la Justicia este martes 19 a las 11:00 horas.

Además de Negreira y el FC Barcelona, en la causa están imputados el actual presidente del club, Joan Laporta, y los ex mandatarios Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. El ex dirigente arbitral es el primero citado a declarar ante el instructor por los pagos millonarios que recibió durante años, en concreto entre 2001 y 2018.

Laporta y el presunto cohecho

En concreto, la Audiencia Provincial de Barcelona advierte la comisión de sendos delitos de corrupción deportiva y administración desleal por parte del FC Barcelona y sus últimos ex presidentes en estos momentos de la investigación.

La Audiencia debe resolver próximamente si, además de los delitos de corrupción deportiva y administración desleal, advierte el de cohecho, señalado por el juez Aguirre -del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona- y con el que mantiene como investigado a Laporta. El Ministerio Público se ha opuesto a esta imputación y se ha alineado con las defensas para pedir que Laporta sea apartado del sumario que investiga el mayor escándalo de la historia del fútbol español.

En paralelo, Aguirre ha prorrogado seis meses la investigación sobre los pagos millonarios del FC Barcelona a quien fuera vicepresidente del Comité Técnico Arbitral.