El FC Barcelona se opuso inicialmente a participar en la liga de videojuegos promovida por Gerard Piqué y varios cargos internos del club desaconsejaron por completo la operación. El ex director de Negocio Global del club, Francesco Calvo, intercambi
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Ana Paula Rufas, esposa de José María Enríquez Negreira, justifica el grueso de los ingresos en sus cuentas denunciados por la Guardia Civil mediante la venta de terrenos familiares en Huesca. La mujer del ex número dos del colectivo arbitral va a entregar próximamente al Juzgado de Instrucción número uno de Barcelona la documentación que respalda las operaciones que la Policía Judicial considera que tienen un origen desconocido. No en vano, los investigadores sospechan que pueden tratarse de nuevas comisiones ocultas de su marido, investigado por ingresar ocho millones de euros del Barcelona durante dos décadas, y al que el juez le atribuye haber cobrado del club azulgrana con el objetivo de alterar los arbitrajes a su favor.
Según ha podido saber EL MUNDO, Rufas va a combatir las conclusiones del Instituto Armado con escrituras y justificantes bancarios que aclaran la procedencia de las operaciones que han provocado su reciente imputación por blanqueo de capitales en el denominado 'caso Negreira'. La defensa de Rufas tiene en su poder los documentos que explican los tres ingresos concretos que la Guardia Civil y el juez Joaquín Aguirre consideran más sospechosos. Se trata, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, de tres pagos a cuenta correspondientes a la venta de un terreno de los consuegros del ex número dos arbitral y que fueron a parar a una cuenta bancaria en la que Rufas figura como cotitular junto a sus padres. Concretamente son ingresos que ascienden a 6.000, 12.000 y 121.000 euros, respectivamente.
La operación de compraventa referida versa sobre un terreno urbanizable de dos hectáreas denominado El Llano; y sobre otro más pequeño, que recibe el nombre de La Isola, de 20 áreas de extensión. Ambos se encuentran inscritos en el registro de la localidad oscense de Boltaña y corresponden al municipio vecino de Fiscal.
Las fincas fueron vendidas por 552.910,89 euros en abril de 2006 a la constructora Bajén. En un anexo al contrato de compraventa rubricado por la familia de Ana Rufas y la constructora se acordó, además, proceder a unos primeros pagos de 6.000 y 12.000 euros antes de firmar la compraventa ante notario. Y de un segundo de 121.727,72 euros en el momento de rubricar la escritura.
Estas cantidades, abonadas de manera inmediatamente posterior a la operación, son las que apunta directamente la Guardia Civil en su último informe. No en vano, los agentes presentan estos ingresos como el más claro ejemplo de transacciones de la mujer del ex dirigente arbitral en las que "a priori no existe justificación en los registros disponibles". Al mismo tiempo recalcan que las mismas se caracterizan por "operativas inusuales", al detectar el ingreso de cheques que no contemplan ni la "descripción de su procedencia" ni "el propósito de la transacción". La Guardia Civil arguye que Rufas ha recibido ingresos de este tipo por importe de unos tres millones de euros durante los últimos años y que urge averiguar la justificación de los mismos.
La defensa de la familia Negreira, dirigida por Daniel Pérez Esqué, arguye que la cantidad expuesta por los investigadores no es correcta, que se ha procedido a contabilizar varias veces el ingreso en cuentas de las mismas cantidades y añade que el resto de entradas registradas por Rufas proceden de las nóminas que cobraba por trabajar para su marido.
El juez Aguirre ha acordado recientemente la imputación de Rufas al considerar que ingresó entre 1992 y 2023 fondos "aparentemente injustificables por su trabajo y por su patrimonio". Por ello, ha emplazado a la Guardia Civil a que confeccione un nuevo informe definitivo para aclarar estas operaciones.
