Javier Tebas (San José, Costa Rica, 1962), presidente de LaLiga, concede su primera gran entrevista a EL MUNDO un mes después del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Superliga y en el momento más convulso para la compet
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El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha entregado al tribunal que le juzga por dos delitos fiscales un peritaje, al que ha tenido acceso EL MUNDO, que concluye que está siendo víctima de «un juicio completamente sesgado, capcioso e interesado» por parte de la Agencia Tributaria.
Entre los muchos elementos que discute la defensa de Ancelotti al Fisco se halla también la valoración que hace la Hacienda pública de la entrega de un reloj de alta gama al entrenador en el marco de un acuerdo comercial.
Así, Hacienda considera que se incrementó la base imponible del entrenador en 2015 al serle regalado por la firma Cecil Purnell un reloj que valoraba en 250.000 francos suizos -unos 260.000 euros-. El técnico italiano ha encargado un peritaje del reloj a la joyería Chocrón, que estima que el valor real de ese artículo de lujo se sitúa entre 25.000 y 30.000 euros.
El fiscalista que ha elaborado el dictamen técnico de la defensa del italiano, Manuel de Vicente-Tutor, concluye, basándose en ese caso y en muchas otras circunstancias, que las reclamaciones tributarias a Ancelotti nunca debían haberse canalizado a través de la vía penal y que, en todo caso, se deberían haber sustanciado en la contencioso-administrativa.
En lo que respecta al ejercicio 2015, el perito de Ancelotti combate frontalmente la postura del Fisco de que era residente fiscal en España y arguye que lo fue en Reino Unido. «Las autoridades fiscales británicas han confirmado tajantemente la validez de su certificado de residencia, por lo que no habría defraudado cantidad alguna». De ahí que reduzca la cuestión a un simple «conflicto de doble residencia entre España y Reino Unido» que «debe resolverse según las reglas contenidas en el Convenio de Doble Imposición».
Ancelotti, a su llegada a los juzgados.EFE
También rebate De Vicente-Tutor «la incorrecta calificación jurídica» que la Agencia Tributaria «ha realizado de la renta pagada por el Real Madrid por la cesión de la explotación de los derechos de imagen» y defiende que, en ningún caso, se cometió un delito.
«La existencia de un delito fiscal exige, además de la concurrencia de requisitos de carácter objetivo -perjuicio patrimonial a la Hacienda pública en cuantía superior a 120.000 euros- otros requisitos de carácter subjetivo, 'el ánimo de defraudar' al que es inherente el dolo». Por lo que «quedan despenalizadas aquellas omisiones de pago de deudas tributarias que, aunque superen el umbral legal, no sean dolosas».
No en vano, el perito destaca que el Real Madrid tiene una «experiencia probada en la celebración de este tipo de contratos de cesión de explotación de derechos de imagen» y se trata, por lo tanto, de «una obligación autónoma del Real Madrid el ingresar las retenciones correspondientes a los pagos que realiza». «La diferencia entre lo retenido por el Real Madrid y lo que efectivamente debió retener [...] es un incumplimiento de las obligaciones tributarias que únicamente incumbían al club».
No obstante, la defensa de Ancelotti considera que «los razonamientos» expuestos tanto por su parte como por el Fisco «se encuentran lejos de una interpretación irracional». «Ambas son posiciones que encuentran su fundamento en la ley y la jurisprudencia, por lo que, en todo caso, la disputa debería dirimirse en la vía contencioso-administrativa por tratarse de un contencioso tributario y no de una defraudación tributaria».
El juez que instruye el 'caso Negreira' ha acordado ampliar la investigación a todos los auditores que durante casi dos décadas pasaron por alto los pagos del FC Barcelona al número dos de los árbitros. El magistrado Joaquín Aguirre ha decidido, a petición de la Guardia Civil, extender las pesquisas a todos los informes de auditoría del club correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2003 y 2018.
El Instituto Armado ha solicitado la "identificación del auditor de cada informe" así como "el fundamento de la opinión del auditor con salvedades o el fundamento de la opinión desfavorable, en cada caso". Como normal general, estos análisis contables no alertaron del pago de casi ocho millones de euros a José María Enríquez Negreira y sólo alguno de estos informes, como el revelado por EL MUNDO elaborado por KPMG tras la primera etapa de Joan Laporta como presidente azulgrana, se limitó a advertir que éste había disparado sin justificación alguna la facturación de Negreira.
Los investigadores reclaman, además, al FC Barcelona "certificación de la manifestación que el auditor haya incluido en cada informe, conforme a que se han obtenido las evidencias suficientes para realizar la auditoría". Para ser más exactos, el juez Aguirre pide al club que conteste si los auditores "han tenido a la vista las facturas recibidas de las sociedades Dasnil 95, Nilsad, Soccercam, Tresep 2014, Radamanto y Best Norton, todas ellas controladas por Negreira, su hijo y el ex alto cargo del Barça ya fallecido, Josep Contreras. Esto es, si a la hora de llevar a cabo sus informes el club les comunicó la existencia de estas operaciones o, por el contrario, se las ocultó deliberadamente. Asimismo, el juez instructor reclama "la descripción realizada en cada informe de los riesgos más significativos por fraude".
La Guardia Civil deja constar en uno de sus últimos informes que ya obran en su poder auditorías realizadas por Kroll, KPMG o Deloitte y que ha recibido "ingente documentación" de "diferentes entidades" como el propio club catalán o la Agencia Tributaria.
El juez se encuentra investigando, en paralelo, la actuación de los cargos intermedios del club que participaron en los pagos al histórico dirigente arbitral para "acreditar la autoría de los mismos" y "determinar las personas físicas responsables de los delitos objeto de investigación".
En estos momentos el Juzgado de Instrucción número uno de Barcelona mantiene como investigados a los últimos presidentes del Barça, Joan Laporta, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, así como a la propia entidad y a varios directivos. Les atribuye delitos de corrupción deportiva o cohecho, entre otros, en el que constituye el mayor escándalo de la historia del fútbol español.
