El magistrado afirma que “los actos efectuados por Negreira tuvieron que beneficiar al Barcelona” y se refiere a “designaciones tendenciosas”.
El juez Joaquín Aguirre ha dado un paso de calidad, al imputar a Joan Laporta en el caso Negreira, algo lógico al acusa al Barcelona y a sus dirigentes de cohecho, delito cuya prescripción aumenta y alcanza periodos del primer mandato del actual presidente. Las conclusiones del juez instructor van mucho más allá, al dar por hecho que el Barcelona debió beneficiarse de los arbitrajes y de que, si bien no puede decirse que «todos y cada uno de los árbitros fueran corruptos, sí un grupo de ellos».
Laporta pasa de este modo a estar imputado, junto con los ex presidentes del club azulgrana Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, los ex directivos Oscar Grau y Albert Soler, así como el propio José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), por los pagos de más de siete millones de euros realizados durante 18 años.
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Hace una semana, el juez ya dejó claro que existían «indicios más que sobrados de que Laporta cometió los mismos hechos que los presidentes posteriores». Por eso afeaba al dirigente que instara a los servicios jurídicos del club a solicitar ser acusación en el procedimiento.
AUMENTA LA PRESCRIPCIÓN
Los Mossos d’Esquadra entregaron ayer la citación a Laporta, después de que el juez entendiera quela prescripción del delito de cohecho en el caso de los directivos puede extenderse hasta 2008, justo bajo el primer mandato del actual presidente del club. Aunque los pagos a Enríquez Negreira empezaron en 2001, hasta 2007 estaría prescrito para los directivos. Para el resto, no.
El plazo de la prescripción debe contarse desde «el día en que se realizó la última infracción» o la «fecha del último acto punible», que serían los pagos del Barça a Negreira que tuvieron lugar en junio y julio de 2018. Además, sigue manteniendo que el ex número dos de los árbitros, por su cargo en el CTA, sería equivalente a un funcionario público. El plazo de prescripción para funcionario público por delito de cohecho continuado es de 15 años, según el juzgado, y por eso insta a investigar los pagos a Enríquez Negreira y a su hijo desde 2003. Sin embargo, para Laporta y los ex directivos azulgrana este plazo es de 10 años. Como consecuencia, el periodo a investigar se inicia el 17 de julio de 2008, 10 años antes del último pago.
De esta forma, considera que «no han prescrito los delitos» de cohecho, corrupción en los deportes y administración desleal respecto a Laporta, como «tampoco respecto de aquellas personas que fueran miembros de la junta directiva del Barcelona durante su mandato o que estuvieran integradas en el organigrama» y tuvieran responsabilidades en la forma de efectuar los pagos a Enríquez Negreira y su hijo Javier a través de las sociedades DASNIL 95 SL, NILSAD, SCP y SOCCERCAM SL.
LAS AMENAZAS DE NEGREIRA
La Guardia Civil, a partir de la documentación requisada en la Federación, debe determinar sus funciones exactas en el cargo. «Está constatado que los pagos se realizaron a lo largo de unos 18 años y que fueron incrementándose año tras año. Está constatado que Enríquez Negreira dejó de recibir emolumentos del Barcelona una vez que cesó en su cargo de vicepresidente del CTA en el año 2018. Está constatado que el investigado Enríquez Negreira remitió un burofax al Barcelona refiriéndose a la difusión de unas posibles irregularidades de las que aquél tenía conocimiento y que afectarían gravemente al club», recuerda el juez.
Ante estos indicios, sospecha que al estar Enríquez Negreira «en el segundo escalón de autoridad dentro del CTA-RFEF, el ámbito de su influencia fue muy amplio», y que los pagos del Barça pueden «considerarse realizados en atención al cargo que desempeñaba», ya que se prolongaron unos 18 años y se incrementaron desde los 70.000 euros iniciales hasta los 700.000 anuales hasta su cese como vicepresidente del CTA.
“lograron los efectos deseados”
«Por deducción lógica, los pagos realizados por el Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual. De aquí se deduce también que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español, lo cual no significa que todos y cada uno de los árbitros fueran corruptos, pero sí un grupo de ellos», señala el juez.
Además, detalla que «los actos efectuados por el investigado Enríquez Negreira tuvieron por fuerza que beneficiar al Barcelona en detrimento del resto de clubes. Dichos actos solo podían referirse a designaciones arbitrales tendenciosas o bien a admoniciones realizadas a los árbitros normalmente designados. A tal efecto, no debe olvidarse, según ha publicado la prensa, que el hijo del investigado Negreira acompañaba a los árbitros durante su estancia en Barcelona.
