Hacienda revela que el Barça se dedujo los sobornos a Negreira como gastos durante una década

Hacienda revela que el Barça se dedujo los sobornos a Negreira como gastos durante una década

El FC Barcelona se dedujo como gastos los casi ocho millones en sobornos a José María Enríquez Negreira durante al menos una década. La Agencia Tributaria ha enviado un informe al juez Joaquín Aguirre, al que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, en el que contesta al instructor desde cuándo se desgravó el Barça los pagos millonarios con facturas falsas al ex número dos de los árbitros.

A pesar de que quien fuera vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA) cobró del club azulgrana durante prácticamente dos décadas, el instructor pidió que se rastreara la tributación de estos pagos al menos desde 2003 hasta 2015.
Explica Hacienda que no fueron objeto de inspección todos los ejercicios del Barça durante ese periodo por Impuesto de Sociedades e IVA pero asegura que, al menos entre 2005 y 2015, el club se dedujo al céntimo cada año los pagos al entramado societario de Negreira.

Así, le consta que declaró como gastos por supuestas asesorías arbitrales pagos en 2005 a la sociedad Soccercam y entre 2006 y 2015 al resto de entidades que integran la trama con la que Negreira facturaba al club que preside ahora Joan Laporta. Es decir, a las sociedades Dasnil y Nilsad, sobre las que gravitaba el núcleo de las operaciones de Negreira.

Subraya el Fisco que durante el periodo analizado, "el importe y el emisor de las facturas recibidas de Dasnil, Nilsad y Soccercam contabilizadas y registradas en los libros del FC Barcelona coinciden con los importes consignados por el FC Barcelona para cada una de estas sociedades en el modelo 347", que hace referencia a las operaciones con terceros. "Además, no hay elementos que lleven a pensar que las facturas contabilizadas y registradas en los libros no coincidan con lo declarado por el FC Barcelona en el Impuesto de Sociedades y el IVA".

En la lista que hace Hacienda de los pagos se observa de nuevo cómo Negreira incrementó exponencialmente su facturación con el paso del tiempo y se disparó en la primera etapa de Laporta al frente de la entidad. Si en 2006 el Barça se desgravó apenas 117.276 euros por pagos a Dasnil y 197.648 euros a Nilsad, el importe abonado a esta última por el Barça en 2015 ascendía ya a 891.150 euros. En el caso de la primera sociedad en 2010 ya ingresaba del club catalán 777.607 euros al año.

La Agencia Tributaria aventura, no obstante, que la cifra desgravada por el Barça por estos conceptos es realmente muy superior a la que han podido certificar. "Llegamos a la conclusión de que podría haber coincidencia en los años que no han podido ser contrastados", precisa.

También abordan los inspectores el periodo posterior al exigido por el juez Aguirre, el que comprende entre los ejercicios 2015 y 2018, cuando finalizó la relación entre el histórico dirigente arbitral y el Barça. Recuerda Hacienda que fue precisamente en esos años cuando inspeccionó al club por los pagos a Negreira, comprobó que carecían de soporte documental alguno, y procedió a "regularizarlos inadmitiendo su deducibilidad por tratarse de una liberalidad".

Génesis del caso Negreira

De hecho, esta comprobación tributaria constituye la génesis del caso Negreira, el mayor escándalo de la historia del fútbol español, en el que la Justicia investiga al Barça, a buena parte de sus antiguos directivos y al ex número dos de los colegiados por corrupción deportiva, entre otros delitos. Tanto el instructor como el Ministerio Público sostienen que el FC Barcelona pagó a Negreira para intentar influir en los resultados deportivos.

La Fiscalía Anticorrupción ya destacó en la querella que interpuso contra los ex presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, que el club se intentó deducir irregularmente 877.299 euros. El Fisco pidió al club "copia de las facturas y de los medios de pago utilizados, descripción de la naturaleza de los servicios prestados y su relación con la actividad de la entidad". El Barça no acreditó ningún servicio y Hacienda concluyó que las facturas eran falsas.

Por ello, la Inspección formuló una propuesta de regularización de 404.249 euros más 52.324 euros de intereses por el Impuesto de Sociedades y otra de 473.050 euros más 84.991 euros por la demora en relación con el IVA. En total, unos 900.000 euros. Al advertir que la trama iba más allá de lo tributario, el Fisco trasladó el expediente a la Fiscalía en mayo de 2022, que judicializó el escándalo hace un año.

Gruconsa exculpa al abogado de la RFEF y presenta a 'Nene' como un "mero comercial"

Gruconsa exculpa al abogado de la RFEF y presenta a ‘Nene’ como un “mero comercial”

La constructora Gruconsa exculpa por completo al abogado externo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Tomás González Cueto, y asegura que antes de la operación policial contra la cúpula de Luis Rubiales "ni siquiera le conocía".

La empresa a la que la Guardia Civil sitúa en el epicentro de la trama de corrupción para pagar sobornos al ex presidente del fútbol español y a su entorno directo ha presentado un escrito ante el Juzgado de Majadahonda que investiga el denominado caso Rubiales.

En él da por primera vez su versión sobre los pagos que realizó a Javier Martín Alcaide, conocido como Nene, íntimo amigo de Rubiales y a quien la Policía Judicial señala como testaferro del ex presidente federativo, pero también aborda su supuesta vinculación con González Cueto, que tilda directamente de inexistente.

Gruconsa explica que Nene "era un mero comercial", que "jamás tuvo nómina alguna ni estuvo contratado" y que se limitaba a "cobrar a éxito los trabajos que conseguía". En este sentido, y en contra de lo que sostiene la investigación, añade que "la mayor parte" de los encargos que se le realizaron "nada tenían que ver con la RFEF". Rebajando estos últimos a apenas un 3% de su facturación total.

Así, indica que, además de haberle pagado por haber conseguido obras de reforma en el estadio de fútbol de La Cartuja (operación que la Guardia Civil vincula directamente con Rubiales), subraya que los trabajos "que más facturación generaron" estaban relacionados, por citar un solo ejemplo, con la construcción de 39 villas de lujo en la localidad malagueña de Fuengirola. Esta operación, que recibe el nombre de El Higuerón, representó el "72% de toda la facturación" entre Gruconsa y el amigo íntimo de Rubiales.

En esta línea, Gruconsa niega que los pagos realizados posteriormente por Nene a González Cueto (que ascendieron a unos 70.000 euros) tengan que ver con obras vinculadas a la RFEF y añade, además, que las cantidades que intenta vincular la Guardia Civil ni siquiera coinciden. "Lo que Martín Alcaide hiciese con su patrimonio nada tiene que ver con mis patrocinados y se escapa de su alcance y esfera de control", resalta Gruconsa al desligar por completo de su actividad a este letrado, único detenido durante la operación policial contra Rubiales.

Por todo ello la constructora considera "meras suposiciones sacadas de contexto" las vinculaciones establecidas por la Guardia Civil entre Gruconsa y la directiva de Rubiales, a pesar incluso de que el hermano del jefe de los Servicios Jurídicos de la RFEF, Pedro González Segura, trabajaba en la referida constructora. De ahí que solicite a la juez el sobreseimiento de la causa en relación con la empresa.

Aldama cierra la venta del Zamora: "Me voy en una situación complicada pero pronto acabará esta pesadilla"

Aldama cierra la venta del Zamora: “Me voy en una situación complicada pero pronto acabará esta pesadilla”

El empresario Víctor Aldama, investigado en el denominado caso Koldo, ha cerrado la venta del Zamora, C.F., a la familia Lopera por 1,9 millones, tal y como adelantó EL MUNDO, y ha remitido una carta de despedida a su afición.

Quien durante los últimos seis años ha sido el propietario del club reconoce que "nunca imaginó" que su despedida de la entidad deportiva tuviera lugar en "una situación tan complicada", en referencia a la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional por la venta de mascarillas durante la pandemia.

"Cuando me ofrecieron emprender un proyecto deportivo en Zamora, lo hice pensando que sería un negocio más, pero pronto me di cuenta de que el Zamora, C.F., iba a significar mucho más para mí", reza la misiva. "Lo supe desde el primer momento en el que nos presentamos públicamente un cinco de junio de 2018 y los socios nos dieron su confianza para hacernos cargo de la deuda y gestionar el club".

"Lo que ha pasado durante estos meses ha sido muy injusto y me ha destrozado la vida", añade, al tiempo que pide disculpas a la afición zamorana por el daño que ha podido ocasionar a la entidad su situación judicial. "Siento muchísimo que el nombre del Zamora, su escudo y su historia se hayan visto salpicados por todo esto pero quiero apelar a mi presunción de inocencia y confío en que pronto pueda acabar esta horrible pesadilla".

"Me da muchísima pena irme así después del trabajo y de todo lo que he hecho sin escatimar esfuerzos", apunta el empresario, que invirtió unos ocho millones en el proyecto deportivo durante su etapa al frente del club. "La realidad es que cogimos al club en Tercera División y hoy está en Primera RFEF". "Ahí están los récords, los resultados y los ascensos que siempre quedarán en la historia de nuestro querido Zamora".

Aldama aprovecha para agradecer "el compromiso de los jugadores" a pesar de las "circunstancias que les ha tocado vivir", el esfuerzo del cuerpo técnico, el respaldo de la afición y la labor de la prensa, de la que señala que "pese" a su "derecho a la presunción de inocencia", entiende que ha realizado su "trabajo".

"Me voy con el corazón roto", apostilla. "Es duro, pero en estos momentos era lo mejor, pido perdón si me he podido equivocar y deseo mucha suerte a los nuevos propietarios". Las riendas de la entidad las cogerá Javier Páez, sobrino y heredero del ex presidente bético Manuel Ruiz de Lopera.

Aldama ultima la venta del Zamora a la familia Lopera por 1,9 millones de euros

Aldama ultima la venta del Zamora a la familia Lopera por 1,9 millones de euros

El empresario Víctor de Aldama, investigado en el denominado 'caso Koldo', ultima la venta del Zamora C.F., a la familia del ex presidente del Real Betis, Manuel Ruiz de Lopera.

Según ha podido saber EL MUNDO a través de fuentes próximas a la negociación, la operación está próxima a cerrarse en torno a los 1,9 millones de euros. Una cantidad que contrasta con los 8 millones que Aldama lleva invertidos en el club desde que lo adquirió hace seis años.

Aldama posee en estos momentos una amplia mayoría accionarial del club, que acaba de ascender a Primera RFEF, y comparte la propiedad con varios socios. Durante los últimos años Aldama ya intentó vender el club, llegando a pedir por su paquete accionarial una cantidad próxima a los tres millones de euros.

Según las mismas fuentes, el próximo dueño del Zamora C.F., si cristaliza la venta será Javier Páez, sobrino y heredero del ex mandatario verdiblanco.

La entidad deportiva arrastra en estos momentos problemas financieros. Entre otros, el impago de las nóminas a los futbolistas, que llevan un retraso de cuatro meses y que de no saldarse el próximo 30 de junio podría desembocar en un descenso administrativo de categoría.

El juez imputa a Rosell y Bartomeu por el caso Negreira

El juez imputa a Rosell y Bartomeu por el caso Negreira

El juez Joaquín Aguirre ha acordado citar como imputados a los ex presidentes del FC BarcelonaSandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por los pagos que realizaron al número dos de los árbitros José María Enríquez Negreira. Cita también al hijo del ex dirigente arbitral y a los ex directivos azulgranas Albert Soler y Óscar Grau.

El titular del Juzgado de Instrucción número uno de Barcelona precisa que señalará próximamente la fecha para las testificales. Hasta el momento, Aguirre solo había citado como investigado al ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, que se acogió a su derecho a no declarar esgrimiendo un deterioro cognitivo.

La decisión del juez tiene lugar después de que la Audiencia Provincial de Barcelona haya descartado la existencia de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales y exculpado al presidente azulgrana Joan Laporta porque los pagos que realizó en su primera etapa como máximo mandatario estarían prescritos.

El instructor sigue investigando el caso por delitos como corrupción deportiva o falsedad al tiempo que ha acreditado que el Barça pagó 8 millones de euros durante dos décadas a Negreira para intentar influir en las decisiones arbitrales a favor del club catalán.

La Abogacía del Estado eleva a cinco años de prisión la acusación contra Ancelotti por dos delitos fiscales

La Abogacía del Estado eleva a cinco años de prisión la acusación contra Ancelotti por dos delitos fiscales

La Abogacía del Estado eleva a cinco años de prisión la acusación contra el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, por la comisión de dos delitos fiscales. Concluye, en línea con lo establecido ya por la Fiscalía, que el técnico madridista defraudó a Hacienda durante su primera etapa en España superando con creces el umbral de 120.000 euros por ejercicio a partir del que está considerado delito. No obstante, eleva ligeramente la petición de pena contra él en relación con la que solicitó el Ministerio Público, que estableció en cuatro años y nueve meses de prisión.

Según la Abogacía del Estado en el escrito que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid y al que ha tenido acceso EL MUNDO, Ancelotti "estaba obligado a tributar en España por la totalidad de las rentas obtenidas" durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2015, "cosa que no sucedió".

El organismo que actúa en representación de la Agencia Tributaria pone el foco sobre los ingresos obtenidos por el entrenador italiano procedentes de la explotación de sus derechos de imagen durante sus dos primeras temporadas en el Santiago Bernabéu. Estos fondos los canalizó el técnico a través de la sociedad Vapia Limited, radicada en las Islas Vírgenes Británicas.

Imagen

A través de esta entidad, Ancelotti percibió más de dos millones de euros procedentes del Real Madrid por la explotación de su imagen. Pero es que, en paralelo, la Abogacía del Estado ha detectado pagos al técnico de la citada sociedad off shore por importe de 2,5 millones de euros en los ejercicios inspeccionados tras la firma de una decena de contratos publicitarios con compañías como Nike, Nexon Europe o Cecil Purnell.

El Fisco considera que, como consecuencia de la "ocultación y la falta de declaración" de los referidos ingresos, Ancelotti incurrió en un fraude fiscal de 386.361,93 euros en 2014; y de 675.718,76 euros en 2015. De ahí que la Abogacía del Estado solicite para él una pena de dos años de cárcel por el primero de los ejercicios y de tres por el segundo.

A la vista de las conclusiones de la Abogacía y de la Fiscalía, la defensa del entrenador del Real Madrid ha presentado un escrito ante el juzgado recordando que Ancelotti ya prestó la fianza que le fue requerida y que ninguno de los escritos de acusación lo reflejan, por lo que solicita que la petición de pena debe ser revisada inmediatamente a la baja al haber cubierto ya una parte importante del supuesto fraude.

El juez archiva la querella de Roures contra Bartomeu y Masferrer por el caso 'Barçagate'

El juez archiva la querella de Roures contra Bartomeu y Masferrer por el caso ‘Barçagate’

El Juzgado de lo Penal número 4 de Barcelona ha archivado la querella interpuesta por el empresario Jaume Roures contra el ex presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y su mano derecha en el club, Jaume Masferrer, que ocupaba el puesto de director de Presidencia.

Roures argumentó, a raíz del denominado caso Barçagate, que ambos eran responsables de los delitos de injurias y calumnias contra él por haber contratado desde el club azulgrana la empresa I3 Ventures con el objetivo de difamar a los enemigos de la junta directiva en redes sociales.

El magistrado Francesc Calls considera que los hechos denunciados por Roures están prescritos y da carpetazo a una causa que ya fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y reabierta posteriormente para que se investigara el delito de injurias. La misma juez que instruye el caso Barçagate ya concluyó que, a su juicio, los hechos no eran constitutivos de delito y subrayó que no existen indicios de que Bartomeu y Masferrer contrataran a I3 Ventures para atacar al empresario audiovisual.

Roures les atribuía, sin embargo, haber estado detrás de las críticas que recibió a través de varias cuentas de Twitter y Facebook creadas por I3 Ventures, que fue la entidad que tenía contratada el Barça para monitorizar las redes sociales y analizar la imagen que se proyectaba en ellas del club, de sus directivos, así como de los jugadores del primer equipo. Las referidas cuentas atribuían a Roures episodios de "evasión fiscal", haber "acogido a etarras en su casa" o haber pagado "20 millones para frenar una investigación por soborno en el caso Fifagate".

La magistrada estimó inicialmente que para acusar a Bartomeu y a su mano derecha hacían falta "hechos inequívocos, concretos, determinados y precisos" y éstos no aparecían en este caso. Ahora el juez ha decidido, sin entrar en el fondo de la cuestión, que los hechos supuestamente delictivos están directamente prescritos.

La juez imputa a Piqué por las comisiones de la Supercopa de Arabia Saudí

La juez imputa a Piqué por las comisiones de la Supercopa de Arabia Saudí

El Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda ha acordado la imputación del ex futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué por el cobro de comisiones millonarias a cambio de intermediar para que la Supercopa de España se disputara en Arabia Saudí.

El actual propietario del holding Kosmos pactó el cobro de 4 millones de euros por edición gracias a las gestiones realizadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que presidía Luis Rubiales y que impuso como condición sine qua non del acuerdo con Arabia Saudí que el ex capitán del Barça percibiera esa cantidad durante al menos seis ediciones del torneo.

Se trata de una cifra superior a la que perciben muchos de los equipos que participan en la competición. Para la Intervención General del Estado, las comisiones de Piqué fueron una imposición de la RFEF que revela que el negocio entre el ex jugador y la entidad federativa era conjunto.

Por este mismo motivo la Agencia Tributaria abrió una inspección fiscal a Piqué para reclamarle el IVA de la operación al considerar que fue un pago a cuenta de la RFEF y que, por lo tanto, debía tributar en España.

El auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, señala que Piqué pactó "una prima de éxito" en favor de un "tercer agente" que puede llegar a ingresar por este acuerdo un total de 40 millones de euros.

Subraya la resolución judicial que "al tiempo del contrato, el investigado Gerard Piqué era jugador activo del FC Barcelona, equipo de fútbol que participaba en la Supercopa". Recuerda la juez que está investigando en estos momentos "posibles ilegalidades con trascendencia penal en la contratación o acuerdos" que para la RFEF le van a suponer unos ingresos de "400 millones de euros" si se cumplen los plazos acordados.

La instructora otorga la condición de investigado al futbolista ya retirado, pero no fija todavía ninguna fecha para tomarle declaración.

El auto hace referencia también a que en la causa mantiene la imputación sobre el actual presidente de la RFEF, Pedro Rocha, quien ocupaba "en la fecha de los hechos la Vicepresidencia del Área Económica" y "a quien por razón de su cargo le habría correspondido si no la intervención directa en la contratación con Arabia Saudí" sí la "intervención de la Comisión Económica que presidía respecto de las adendas que se firmaron del contrato".

"Sin embargo, se abstuvo, al parecer, tanto de convocar a la Comisión Económica para analizar dichas prórrogas y añadidos al contrato firmado el 11 de septiembre de 2019 como para el caso de no haber sido informado a tiempo o de habérsele ocultado, reclamar el expediente a posteriori dado el cargo que desempeñaba", precisa la magistrada.

La Audiencia de Barcelona tumba el delito de cohecho en el caso Negreira y exculpa a Laporta

La Audiencia de Barcelona tumba el delito de cohecho en el caso Negreira y exculpa a Laporta

La Sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado el recurso del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y rechaza que haya cometido un delito de cohecho en el 'caso Negreira'. Esta decisión provoca de manera inmediata que el máximo responsable del club azulgrana deje de estar investigado por este delito.

Asimismo, retira este tipo penal, esgrimido por el juez Joaquín Aguirre al considerar que el ex vicepresidente de los árbitros tenía categoría de funcionario público cuando cobró 8 millones del Barça durante dos décadas a cambio de asesorías ficticias.

La Sala ha acordado de esta manera admitir también los recursos presentados por el FC Barcelona y los ex directivos Óscar Grau y Albert Soler y retira este delito pocos días después de que hiciera lo propio con el delito de blanqueo de capitales, que también advirtió el instructor.

A partir de este momento, la investigación continúa contra el resto de investigados, entre los que se encuentran los ex presidentes azulgranas Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell por otros delitos entre los que se encuentra el de corrupción deportiva.

Cabe recordar que el juez argumentó al atribuir un delito de cohecho a los investigados que "los pagos" efectuados por la entidad catalana "produjeron los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español".

"Dichos actos", añadió el instructor, "sólo podían referirse a designaciones arbitrales tendenciosas o bien a admoniciones realizadas a los árbitros normalmente designados". "A tal efecto", abundó Aguirre, "no debe olvidarse que el hijo del investigado José María Enríquez Negreira acompañaba a los árbitros durante su estancia en Barcelona cuando el FC Barcelona jugaba en el Camp Nou".

La Audiencia de Barcelona considera que Enríquez Negreira no tenía condición de funcionario público, tal y como sostuvo el instructor, ya que, a su juicio, "no sólo no fue nombrado por autoridad competente en ejercicio de mando sino que tampoco parece que las funciones que conformaban su cargo en el propio Comité Técnico de Árbitros (CTA) puedan ser catalogadas de interés general por mucho interés que puedan tener para los asiduos al fútbol en particular y a los aficionados y seguidores del deporte en general".

De manera paralela, ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por Sandro Rosell en el que pedía el archivo de la causa por prescripción y exculpa, en consecuencia, del delito de cohecho también al FC Barcelona, que estaba también investigado por este delito.

Quique Pina también gana a Hacienda: la Audiencia Nacional ordena devolver 3,2 millones de euros

Quique Pina también gana a Hacienda: la Audiencia Nacional ordena devolver 3,2 millones de euros

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dado la razón al histórico agente de futbolistas Quique Pina y ordena que Hacienda le reintegre 3,2 millones de euros. Deja de esta manera sin efecto la decisión del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) adoptada en 2019 por la cual le hizo responsable de manera conjunta con sus padres de una deuda tributaria derivada de la venta del Ciudad de Murcia C.F. en el año 2007, del que era propietario junto a su familia mientras el club jugaba en Segunda División A. De esta forma incorpora a Pina a la cada vez más abultada lista de personalidades del mundo del fútbol que ven cómo la Justicia les da la razón frente al Fisco e impone a Hacienda todas las costas del procedimiento.

Alegó Pina, actualmente accionista del Cádiz C.F., que Hacienda le había imputado irregularmente a él y a su familia una deuda tributaria que no le correspondía al haberse ya desprendido del Ciudad de Murcia y, por lo tanto, no tener responsabilidad en la gestión. Subrayaba en su recurso que la reclamación debía trasladarse, en su caso, al empresario Carlos Marsa como nuevo administrador de la entidad.

Este último adquirió el club mediante una serie de pagos aplazados, empleó como aval los derechos televisivos, pero no realizó los pagos en tiempo y forma. La responsabilidad de estas deudas fueron derivadas automáticamente por la Agencia Tributaria a Pina, ascendiendo la cantidad reclamada a 3,2 millones contabilizando sanciones e intereses.

El actual socio de la entidad que explota el conjunto gaditano alegó que el expediente tributario que se le había abierto era "incompleto, absolutamente incomprensible" y "nulo" por no haberse notificado correctamente. La Abogacía del Estado se opuso al recurso de Pina defendiendo la legalidad del procedimiento y reclamó el pago de los más de 3 millones de euros en concepto de ingresos correspondientes al IVA de los ejercicios 2005 y 2006, de los que se había hecho cargo Marsa al comprar el club y que finalmente no abonó.

La Audiencia Nacional concluye, sin embargo, que Hacienda no actuó correctamente al derivar la responsabilidad de la deuda tributaria a la familia Pina al atribuírsela sin distinción a todos los miembros del Consejo de Administración del club murciano. "La responsabilidad parece imputarse conjuntamente al Consejo de Administración sin discriminar las facultades del consejero delegado a las que se refiere la Ley de Sociedades Anónimas", indica el fallo judicial. "A juicio de esta Sala, hubiera sido necesario determinar las razones o motivos por los que se acuerda la derivación de responsabilidad tributaria para unos y otros miembros del Consejo de Administración", agrega.

"La fundamentación empleada por la resolución de derivación es tan genérica que serviría para ser empleada en relación a cualquier sociedad sometida a este régimen de funcionamiento de Consejo de Administración y consejero delegado, por lo que la falta de determinación de responsabilidades diferentes obliga a la estimación de la demanda y a la anulación de la derivación", abunda la sentencia al tiempo que le impone las costas a la Administración tributaria.

Detención

Pina fue detenido por la Audiencia Nacional en 2018 en el marco de la denominada 'Operación Líbero', en la que se le acusó principalmente de un delito de blanqueo de capitales que ya ha sido descartado por la Justicia. Asimismo, se le atribuía la comisión de un importante fraude fiscal en el que se enclavó la deuda tributaria referida anteriormente.

De manera preventiva y a falta de la resolución de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, Pina alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que implicaba el pago de 2,9 millones y el reconocimiento de un delito de alzamiento de bienes. El empresario arguyó que había adoptado esta decisión para dejar al margen a sus padres de cualquier procedimiento judicial. Tras el reciente fallo, Pina, defendido en esta causa por el letrado Alfonso Contreras, va a reclamar a la devolución del dinero a su sociedad familiar Calambur así como la anulación de la condena por alzamiento de bienes mediante un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo.