Los documentos de los abonos entre 2016 y 2018 fueron entregados a Hacienda por el club azulgrana
El Barcelona entregó a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) todas las facturas abonadas a la sociedad instrumental Dasnil, 95, S.L., propiedad del ex número dos de los árbitros españoles, entre los ejercicios 2016 y 2018.
La Agencia
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El juez andorrano Joan Carles Moynat acredita la venta de al menos 38 relojes de contrabando por importe de 1.354.650,43 euros a futbolistas de élite españoles. El instructor acusa al empresario Diego Giménez Carbonell, propietario de la entidad Best In Asociados, de "importar durante los últimos cuatro años grandes cantidades de relojes de un valor igual o superior a 50.000 euros" para venderlos, acto seguido, sin el preceptivo pago de impuestos a futbolistas de talla internacional como Dani Carvajal, Santi Cazorla, César Azpilicueta, Thomas Partey o algunos ya retirados como David Silva.
Según el sumario de la investigación judicial del Principado, al que ha tenido acceso EL MUNDO, este empresario, al que el juez atribuye sendos delitos de contrabando y blanqueo de capitales y contra el que ha dictado una orden de prisión, conseguía los relojes encargando a "particulares" que los adquirieran en Andorra para, acto seguido, venderlos "en gran parte a jugadores de fútbol profesional".
"En un primer momento", explica el juez en la causa, "la operativa detectada por los agentes de Aduanas correspondía a una práctica de contrabando habitualmente utilizada por el cliente que compra en Andorra y que no quiere declarar su exportación evitando pagar los respectivos impuestos en su país de residencia". De esta forma, "el mecanismo consiste en separar el bien adquirido de la factura y de la caja y se baja físicamente por la frontera sin hacer la pertinente declaración de exportación". "Posteriormente, se baja la caja y la documentación sin el bien exportado", añade el instructor.
La Justicia andorrana ha descubierto que el empresario Giménez Carbonell, gracias a estas transacciones, realizaba "repetidos y numerosos ingresos en efectivo" en sus cuentas bancarias andorranas por importe de al menos 220.490 euros y que adquirió tras estas operaciones de contrabando "vehículos de lujo".
Recalca el sumario que "en su gran mayoría" la clientela del detenido está formada por "futbolistas profesionales que tienen un gran poder adquisitivo" y resta credibilidad a la declaración del cerebro de la trama, que ha asegurado a las autoridades andorranas que los jugadores enviaban a personas al Principado para recoger los relojes. "Sus manifestaciones son poco convincentes", concluye el juez. Asimismo, se ha podido averiguar que adquiría otros relojes a través de personas interpuestas en joyerías de España, Francia o Inglaterra y que exportaba una parte al mercado asiático a través de una entidad radicada en Hong Kong.
Las pesquisas comenzaron el pasado mes de septiembre cuando Giménez fue sorprendido entrando en España "con dos relojes que acababa de importar" por importe de 104.000 euros y que llevaba puestos. A partir de ese momento se investigó su listado de clientes y aparecieron, entre otros, el jugador del Real Madrid Dani Carvajal, y el futbolista ya retirado David Silva. Ambos fueron requeridos automáticamente por la Hacienda española y el empresario acordó con ellos el pago de una "indemnización" para que hicieran frente a las sanciones tributarias.
Entre sus clientes más destacados, que van a tener que comparecer próximamente como investigados, figura el referido Carvajal, que pagó 64.800 euros por un Rolex Daytona Platinum. Silva, por su parte, abonó 295.000 euros por cuatro Patek Philippe. Uno de los jugadores que más se gastó en la trama fue Thomas Partey cuando militaba en el Arsenal inglés, que desembolsó 415.000 euros por tres Patek Philippe. El defensa del Eibar Juan Bernat pagó 367.000 euros por tres Patek Philippe y un Rolex y otros deportistas como Giovani Lo Celso (Betis) encargaron relojes a la trama por importe de 83.000 euros.
En la causa andorrana figura además alguno de los acuerdos suscritos entre estos jugadores con el empresario detenido cuando empezaron a recibir reclamaciones de Hacienda por la evasión de impuestos. Así, por ejemplo, David Silva acordó con Giménez Carbonell ya en marzo de 2022, que éste le pagara los 26.279,63 euros que le exigía Hacienda por la compra de un reloj valorado en 120.000 más las sanciones e intereses aparejados a la transacción. En este contrato que suscribieron ambas partes, por citar sólo uno de los ejemplos rastreados, figura que la entrega del reloj fue efectuada en San Sebastián por una empleada del arrestado "sin que ésta declarase la correspondiente importación del reloj en la aduana española ni ingresase el IVA derivado de la referida importación".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dado la razón al histórico agente de futbolistas Quique Pina y ordena que Hacienda le reintegre 3,2 millones de euros. Deja de esta manera sin efecto la decisión del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) adoptada en 2019 por la cual le hizo responsable de manera conjunta con sus padres de una deuda tributaria derivada de la venta del Ciudad de Murcia C.F. en el año 2007, del que era propietario junto a su familia mientras el club jugaba en Segunda División A. De esta forma incorpora a Pina a la cada vez más abultada lista de personalidades del mundo del fútbol que ven cómo la Justicia les da la razón frente al Fisco e impone a Hacienda todas las costas del procedimiento.
Alegó Pina, actualmente accionista del Cádiz C.F., que Hacienda le había imputado irregularmente a él y a su familia una deuda tributaria que no le correspondía al haberse ya desprendido del Ciudad de Murcia y, por lo tanto, no tener responsabilidad en la gestión. Subrayaba en su recurso que la reclamación debía trasladarse, en su caso, al empresario Carlos Marsa como nuevo administrador de la entidad.
Este último adquirió el club mediante una serie de pagos aplazados, empleó como aval los derechos televisivos, pero no realizó los pagos en tiempo y forma. La responsabilidad de estas deudas fueron derivadas automáticamente por la Agencia Tributaria a Pina, ascendiendo la cantidad reclamada a 3,2 millones contabilizando sanciones e intereses.
El actual socio de la entidad que explota el conjunto gaditano alegó que el expediente tributario que se le había abierto era "incompleto, absolutamente incomprensible" y "nulo" por no haberse notificado correctamente. La Abogacía del Estado se opuso al recurso de Pina defendiendo la legalidad del procedimiento y reclamó el pago de los más de 3 millones de euros en concepto de ingresos correspondientes al IVA de los ejercicios 2005 y 2006, de los que se había hecho cargo Marsa al comprar el club y que finalmente no abonó.
La Audiencia Nacional concluye, sin embargo, que Hacienda no actuó correctamente al derivar la responsabilidad de la deuda tributaria a la familia Pina al atribuírsela sin distinción a todos los miembros del Consejo de Administración del club murciano. "La responsabilidad parece imputarse conjuntamente al Consejo de Administración sin discriminar las facultades del consejero delegado a las que se refiere la Ley de Sociedades Anónimas", indica el fallo judicial. "A juicio de esta Sala, hubiera sido necesario determinar las razones o motivos por los que se acuerda la derivación de responsabilidad tributaria para unos y otros miembros del Consejo de Administración", agrega.
"La fundamentación empleada por la resolución de derivación es tan genérica que serviría para ser empleada en relación a cualquier sociedad sometida a este régimen de funcionamiento de Consejo de Administración y consejero delegado, por lo que la falta de determinación de responsabilidades diferentes obliga a la estimación de la demanda y a la anulación de la derivación", abunda la sentencia al tiempo que le impone las costas a la Administración tributaria.
Pina fue detenido por la Audiencia Nacional en 2018 en el marco de la denominada 'Operación Líbero', en la que se le acusó principalmente de un delito de blanqueo de capitales que ya ha sido descartado por la Justicia. Asimismo, se le atribuía la comisión de un importante fraude fiscal en el que se enclavó la deuda tributaria referida anteriormente.
De manera preventiva y a falta de la resolución de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, Pina alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que implicaba el pago de 2,9 millones y el reconocimiento de un delito de alzamiento de bienes. El empresario arguyó que había adoptado esta decisión para dejar al margen a sus padres de cualquier procedimiento judicial. Tras el reciente fallo, Pina, defendido en esta causa por el letrado Alfonso Contreras, va a reclamar a la devolución del dinero a su sociedad familiar Calambur así como la anulación de la condena por alzamiento de bienes mediante un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo.
