La euforia, ya se sabe, pasa factura. No ha sido mucha, la verdad, apenas un partido, pero a Rodri y a Morata les han costado eso, un partido de sanción, sus cánticos en la celebración de la Eurocopa, el lunes 15 de julio en Madrid. “¡Es españoooooollllll, Gibraltar es españoooooolll!”, cantaron en varios momentos del festejo el capitán del equipo y el mejor jugador del torneo.
Ninguno podrá estar en el primer choque de la campeona de Europa, el próximo 5 de septiembre en Belgrado contra Serbia. Como quiera que tres días después el equipo vuelve a jugar, contra Suiza en Basilea (todo dentro de la Liga de Naciones), lo lógico es que ambos sean convocados por Luis de la Fuente a finales de este mes.
En la Federación contaban con un castigo así, mínimo. Desde el momento en que fue la propia UEFA la que anunció, días después de la fiesta, que abría un expediente a los dos jugadores, estaba más o menos claro que un toque de atención les llegaría.
La UEFA anunció la apertura de ese expediente después de que la Asociación de Fútbol de Gibraltar presentara el 16 de julio una queja oficial por la “extremadamente provocativa e insultante” la celebración de la selección española.
La UEFA argumentó que los jugadores podrían haber violado varios artículos del Reglamento Disciplinario, sobre todo el 55 (por violar los Principios generales de conducta y/o violación de las normas básicas de conducta decente) y el 11(2)(b), por utilizar acontecimientos deportivos para manifestaciones de naturaleza no deportiva). Tres semanas después, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha anunciado su resolución con mucha solemnidad.
La sanción ha dejado satisfecha a la Federación de Gibraltar. “La Asociación de Fútbol de Gibraltar acoge con satisfacción la decisión de la UEFA de imponer una sanción de un partido a los jugadores de la selección española Rodrigo Hernández Cascante (Rodri) y Álvaro Morata a raíz de la denuncia presentada por la GFA”, afirma en un comunicado.
La UEFA admitió a Gibraltar como miembro de pleno derecho en mayo de 2013, tras una sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y en contra de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y del gobierno español.
