La Audiencia Provincial de Barcelona advierte, en estos momentos de la investigación del ‘caso Negreira’, la comisión de sendos delitos de corrupción deportiva y administración desleal por parte del FC Barcelona y sus últimos ex presidentes.
Mediante un auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, descarta por completo que el ex director general del club, Albert Soler, haya incurrido en nuevos delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos, como le atribuyó sin éxito la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) bajo la presidencia de Luis Rubiales, y aprovecha para analizar que hasta el momento lo que sí ve son indicios de los dos primeros tipos penales.
“A través del relato fáctico que se ofrece como objeto de investigación, los hechos podrían tener encaje prima facie en un delito de corrupción en el deporte o en su caso de administración desleal previsto y penado en el artículo 252 del Código Penal”, concluye la Sección 21 de la Audiencia barcelonesa.
El citado artículo “sanciona”, recuerda el tribunal en su resolución, “a los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas, y de esta manera causen un perjuicio al patrimonio administrado”. En este sentido, subraya que “a priori, la ilegítima extracción de los fondos del club para finalidades diversas a los objetivos de la entidad podría tener cabida en el delito de administración desleal”.
La Audiencia se refiere al pago durante dos décadas por parte del Barça de casi 8 millones de euros al histórico número dos de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira. Este colegiado percibió los fondos sin contrato a cambio de supuestas asesorías verbales encaminadas, según él mismo declaró ante la Agencia Tributaria, a que el club azulgrana tuviera “arbitrajes neutrales”. Cuando dejó de cobrar del FC Barcelona, Negreira amenazó al club a través de dos burofaxes desvelados por EL MUNDO con destapar un “gran escándalo” si contaba que había estado cobrando a favor de “intercambiar favores y confidencias” con la entidad culé.
El auto de la Audiencia avala la investigación que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número uno de Barcelona, Joaquín Aguirre, considera adecuada la tipificación expuesta por la Fiscalía, y echa por tierra los intentos de la RFEF, con el apoyo del Real Madrid, de ampliar los delitos contra el ex directivo Soler, que mantuvo un enfrentamiento durante su etapa como dirigente del Consejo Superior de Deportes (CSD) tanto con Rubiales como con el presidente del club blanco.
La Audiencia debe resolver próximamente si, además de los delitos de corrupción deportiva y administración desleal, advierte el de cohecho, señalado por el juez Aguirre y con el que mantiene como investigado al actual presidente del Barça, Joan Laporta. El Ministerio Público se ha opuesto frontalmente a esta imputación y se ha alineado con las defensas para pedir que Laporta sea apartado del sumario que investiga el mayor escándalo de la historia del fútbol español.
