La ex vicepresidenta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y ex responsable del Departamento de Integridad, Ana Muñoz, ha acusado aLuis Rubiales de ocultarle el contrato de la Supercopa con Arabia Saudí. Ana Muñoz ha comparecido esta mañana en calidad de testigo ante el Juzgado número 4 de Majadahonda que investiga la gestión de Rubiales al frente del organismo federativo y ha detallado que la antigua cúpula de la RFEF evitó informarla del acuerdo que suscribió con Arabia Saudí para trasladar allí la Supercopa de España. En el marco de este acuerdo se estableció que el ex futbolista Gerard Piqué cobrara una comisión de 4 millones de euros por edición a través de su sociedad Kosmos.
Muñoz ha relatado lo ocurrido durante la etapa de Rubiales con la Comisión de Ética, en la que, tal y como desveló EL MUNDO, dimitió la catedrática de Derecho Internacional Araceli Mangas tras remitir al secretario general un durísimo correo electrónico en enero de 2020 en el que le espetó: “No acepto estar en un órgano sólo para dejar pasar el tiempo, figurar como un pavo real y tener la esperanza de cobrar algo trabajando lo menos posible. No acepto estar en órganos que puedan servir de tapadera o de lavado de cara […] El tiempo de la explotación de esclavos y tenencia de siervos pasó hace mucho”.
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La ex vicepresidenta dimitió posteriormente tras su oposición a operaciones como la referida de Arabia Saudí. Muñoz fue contraria tanto a la elección de un país que no respetaba los derechos humanos como al hecho de que Piqué, entonces jugador en activo que disputaba el torneo, se llevara una cuantiosa comisión por su supuesta intermediación.
María Tato, responsable de la Candidatura del Mundial 2030, ha puesto su cargo a disposición del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y éste ha aceptado su renuncia.
La máxima responsable de la organización de la cita mundialista abandona su puesto tras revelar EL MUNDO que modificó las puntuaciones de las sedes dejando caer el estadio de Vigo e introduciendo el de Anoeta.
La RFEF va a dar una rueda de prensa en los próximos minutos para explicar el resultado de la investigación interna que abrió el pasado lunes después las revelaciones de este periódico.
El estamento federativo exigió a la propia Tato un informe en el que explicase el proceso de modificación llevado a cado por la comisión. La responsable de la misma lo presentó el martes por la noche y en éste defiende su actuación y traslada la responsabilidad de la modificación de las puntuaciones al resto de miembros del Equipo del Mundial. Asegura que consensuó con ellos los cambios, extremo que Fernando Sanz y Jorge Mowinckel niegan rotundamente.
Tato era la última persona que quedaba de la comisión para el Mundial 2030 por la parte española. Poco después de llegar Rafael Louzán a la presidencia de la federación decidió prescindir de Sanz y Mowinckel.
Cabe recordar que, tal y como desveló este periódico, los miembros del equipo de trabajo de la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos, evaluaron los estadios españoles en una reunión celebrada el 25 de junio de 2024 en el despacho del ex directivo federativo Fernando Sanz en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. De aquella reunión salió un Excel con un ránking de puntuaciones en el que resultaban elegidos once estadios. El último clasificado era el del Celta de Vigo con una puntuación de 10,2004 puntos, superando a Anoeta, que quedaba en ese momento fuera con 10,1226.
Así fue la caótica reunión para decidir las sedes del Mundial 2030EL MUNDO
Sin embargo, apenas 48 horas después, el equipo evaluador retocó el Excel alterando la puntuación del estadio donostiarra, que pasó de golpe a tener una puntuación de 10,6026 (hasta ese momento disponía de 10,1226). De esta manera superaba a Vigo dejando en el lugar número 12 a la opción gallega, que quedaba automáticamente eliminada.
En el caso de Anoeta se modificó al alza uno de los subfactores, vinculado al proyecto técnico, pasando de 15 a 20 puntos. Concretamente el Subfactor A1, que llevaba por título: "Considerar el nivel de intervención que debe llevarse a cabo". Este subfactor representaba el 30% de la valoración total de este apartado técnico.
María Tato recibió en su correo electrónico las dos versiones de los Excel el 27 de junio a las 15.16 horas, tal y como acredita la documentación que obra en poder de este periódico. Que la opción de Vigo estaba incluida en los primeros planes de la RFEF lo confirma, además, otro correo electrónico que obra en poder de este diario, que fue remitido por María Tato al actual presidente y entonces vicepresidente Rafael Louzán el 26 de junio.
"Querido Rafa, te escribo unas líneas sobre la situación actual, siguiendo tus indicaciones para poder informar al detalle a Pedro (Rocha, entonces presidente de la RFEF)". Tato le contó a Louzán los "criterios de baremación" que habían estado empleando, "basándonos en los usados por la FIFA en el último mundial elegido: Brasil 2027 Femenino".
Le resumía que habían valorado en un "80%" los "criterios técnicos" y en un "20% los documentales", pero que el Gobierno había terciado pidiendo que se introdujeran, además, "criterios estratégicos" que debían contar con un peso de un 35%. Le indicaba que el Ejecutivo quería premiar la "vecindad", es decir, "aquellas sedes que estén cerca de la frontera de los otros dos países" y que ese criterio "únicamente afecta a Vigo".
Por lo que, con la propuesta gubernamental, "garantizan la sede de Vigo", subrayaba. Por último, le apercibía de que la información que le facilitaba era "únicamente a efectos de su conocimiento y del presi", que "no se debe filtrar nada" y que contenía "datos no confirmados, sólo propuestos" hasta ese momento ya que estaban analizando si aplicaban la modificación de los baremos propuesta por el Ejecutivo.
Pese a ello, el 28 de junio, esta trabajadora de la RFEF remitió la clasificación retocada en favor de Anoeta a los miembros del Comité Ejecutivo de la candidatura mundialista y desechó la versión inicial que favorecía a Vigo y las indicaciones gubernamentales. Lo hizo mediante un correo electrónico remitido a las 12.43 horas.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dado la razón al histórico agente de futbolistas Quique Pina y ordena que Hacienda le reintegre 3,2 millones de euros. Deja de esta manera sin efecto la decisión del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) adoptada en 2019 por la cual le hizo responsable de manera conjunta con sus padres de una deuda tributaria derivada de la venta del Ciudad de Murcia C.F. en el año 2007, del que era propietario junto a su familia mientras el club jugaba en Segunda División A. De esta forma incorpora a Pina a la cada vez más abultada lista de personalidades del mundo del fútbol que ven cómo la Justicia les da la razón frente al Fisco e impone a Hacienda todas las costas del procedimiento.
Alegó Pina, actualmente accionista del Cádiz C.F., que Hacienda le había imputado irregularmente a él y a su familia una deuda tributaria que no le correspondía al haberse ya desprendido del Ciudad de Murcia y, por lo tanto, no tener responsabilidad en la gestión. Subrayaba en su recurso que la reclamación debía trasladarse, en su caso, al empresario Carlos Marsa como nuevo administrador de la entidad.
Este último adquirió el club mediante una serie de pagos aplazados, empleó como aval los derechos televisivos, pero no realizó los pagos en tiempo y forma. La responsabilidad de estas deudas fueron derivadas automáticamente por la Agencia Tributaria a Pina, ascendiendo la cantidad reclamada a 3,2 millones contabilizando sanciones e intereses.
El actual socio de la entidad que explota el conjunto gaditano alegó que el expediente tributario que se le había abierto era "incompleto, absolutamente incomprensible" y "nulo" por no haberse notificado correctamente. La Abogacía del Estado se opuso al recurso de Pina defendiendo la legalidad del procedimiento y reclamó el pago de los más de 3 millones de euros en concepto de ingresos correspondientes al IVA de los ejercicios 2005 y 2006, de los que se había hecho cargo Marsa al comprar el club y que finalmente no abonó.
La Audiencia Nacional concluye, sin embargo, que Hacienda no actuó correctamente al derivar la responsabilidad de la deuda tributaria a la familia Pina al atribuírsela sin distinción a todos los miembros del Consejo de Administración del club murciano. "La responsabilidad parece imputarse conjuntamente al Consejo de Administración sin discriminar las facultades del consejero delegado a las que se refiere la Ley de Sociedades Anónimas", indica el fallo judicial. "A juicio de esta Sala, hubiera sido necesario determinar las razones o motivos por los que se acuerda la derivación de responsabilidad tributaria para unos y otros miembros del Consejo de Administración", agrega.
"La fundamentación empleada por la resolución de derivación es tan genérica que serviría para ser empleada en relación a cualquier sociedad sometida a este régimen de funcionamiento de Consejo de Administración y consejero delegado, por lo que la falta de determinación de responsabilidades diferentes obliga a la estimación de la demanda y a la anulación de la derivación", abunda la sentencia al tiempo que le impone las costas a la Administración tributaria.
Detención
Pina fue detenido por la Audiencia Nacional en 2018 en el marco de la denominada 'Operación Líbero', en la que se le acusó principalmente de un delito de blanqueo de capitales que ya ha sido descartado por la Justicia. Asimismo, se le atribuía la comisión de un importante fraude fiscal en el que se enclavó la deuda tributaria referida anteriormente.
De manera preventiva y a falta de la resolución de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, Pina alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que implicaba el pago de 2,9 millones y el reconocimiento de un delito de alzamiento de bienes. El empresario arguyó que había adoptado esta decisión para dejar al margen a sus padres de cualquier procedimiento judicial. Tras el reciente fallo, Pina, defendido en esta causa por el letrado Alfonso Contreras, va a reclamar a la devolución del dinero a su sociedad familiar Calambur así como la anulación de la condena por alzamiento de bienes mediante un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo.
