Afirma que fue retenido durante meses e interrogado sobre documentos que supuestamente poseía y que podrían comprometer al jefe catarí del PSG
El miércoles, mientras el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, presentaba al nuevo entrenador del club, el español Luis Enrique, agentes de la policía judicial registraban su domicilio en París en el marco de una investigación abierta tras una denuncia por detención, secuestro y tortura. Es el medio francés Mediapart el que informó de este registro. El caso estalló en enero, tras la denuncia de un empresario francoargelino que responsabiliza al directivo del club parisino de su detención ilegal durante meses en Qatar, donde trabajaba como consultor de derechos humanos.
La presentación en rueda de prensa de Luis Enrique se demoró tres horas, supuestamente por el retraso en el avión de Al-Khelaïfi, que este jueves ha declarado ser “víctima del caso”. Un portavoz ha aclarado a France Info que el retraso en la presentación del nuevo entrenador del PSG no tiene nada que ver con el registro. Los investigadores esperaron, de hecho, a que el directivo aterrizara y bajara de su avión para obtener la autorización para realizar el registro.
“Como era de esperar, de acuerdo con el debido proceso de ley, el juez de instrucción solicitó más información y acceso, que se le ha facilitado, en colaboración con las autoridades, como se ha hecho desde el primer día”, dijo un portavoz del presidente del PSG. en comunicado de prensa remitido a RMC Sports.
El caso se origina por una denuncia presentada en enero por el empresario francoargelino Tayeb Benabderrahmane, que se instaló en Doha en 2019 tras ser contratado por el comité qatarí de derechos humanos. En 2020, según su testimonio, estuvo secuestrado durante seis meses en una prisión secreta donde fue interrogado sobre documentos que comprometían al presidente del PSG.
Según su relato, le liberaron y le permitieron abandonar Qatar con la condición de mantener en secreto la información del caso.
La semana pasada se habían registrado las oficinas de Rachida Dati, que fue ministra de Justicia durante la presidencia de Nicolas Sarkozy, y actual alcaldesa del distrito VII de París, y también las de los abogados Olivier Pardo y Francis Szpiner por su posible implicación en la trama. Benabderrahmane acusa a Dati de haber hecho de intermediaria para que él firmase bajo presión ese acuerdo.
