Inhabilitar a Rubiales de su cargo de presidente de la RFEF y “echarlo” del mundo del fútbol se ha convertido en una cuestión de Estado y de decencia como sociedad. Sin embargo, la respuesta jurídica no puede estar cegada por la figura de Rubiales y por la vergüenza y los diversos perjuicios causados. Es decir, no deberíamos sentirnos satisfechos con “sacarlo” rápidamente de la Federación (como también a los que lo han apoyado). Rubiales, en cierto sentido, no es el problema, por mucho que se haya ganado a pulso el protagonismo de malo de la película. Al menos no es el único. Adaptando la frase de James Carville en la campaña de Bill Clinton frente a James Bush (“es la economía, estúpido”), podría decirse que el problema no es Rubiales, “es el sistema federativo, estúpido”.
En efecto, las debilidades del sistema federativo se arrastran desde hace muchos años y es transversal. Baste recordar que Rubiales llegó a la RFEF enarbolando la gestión íntegra tras la abrupta salida de Villar por el caso ‘Soule’. ¿Es casualidad que los dos presidentes que han gobernado la Federación durante 40 años -y con gobiernos de distinto signo- salgan abruptamente rodeados de sospechas de corrupción o por abuso de poder? Por no recordar quienes la ocuparon antes. ¿O es un fallo interno del sistema federativo? ¿Qué es lo que falla para que salgan elegidos -o se conviertan en algo parecido a- sátrapas? En efecto, Rubiales al margen de su propia personalidad, aprovechó las debilidades estructurales de una institución -y la falta de carácter de quienes eligió para acompañarle- para aumentar su cuota de poder y así imponer su voluntad como un monarca absoluto sobre su reino.
Por ello, el ‘caso Rubiales’ ofrece una segunda oportunidad para reformar la RFEF y el resto de federaciones deportivas, incluidas las autonómicas donde se reproducen episodios similares. Debería convertirse en un punto de inflexión para actualizar el sistema federativo sobre principios del buen gobierno. Se hace necesario situar el foco en la propia estructura en la que se asientan las federaciones, caracterizadas por su carácter piramidal, su opacidad, su falta de democracia y de transparencia, el clientelismo y su bajo nivel de rendición de cuentas. Piénsese que, por poner de manifesto solo algunos de sus déficits, por ejemplo, no hay limitación de mandatos y que apenas hay regulaciones serias de los conflictos de intereses y que los códigos éticos son papel mojado.
Pero el diagnóstico no es solo una carencia de principios del buen gobierno, sino que en su interior se desarrollan patrones que convierten a las federaciones en organizaciones tóxicas: el enorme poder del presidente, la falta de límites (éticos y jurídicos) a su gestión o la (compra de) de la lealtad de sus subordinados que trastoca en omertá. A estas debilidades habría que sumarle su conformación predominantemente masculina y altamente machista. Basta recordar que de los 140 miembros de las Asamblea General de la RFEF, solo seis son mujeres. Y ello, a pesar de que existen normas desde hace más de 15 años que impulsan la paridad de género. Que hayan pasado tantos años y apenas nada haya cambiado da qué pensar acerca de la voluntad de quienes dirigen las federaciones y de quiénes, desde los poderes públicos, tienen la competencia para hacer aplicables las normas.
Por lo tanto, la debilidad del sistema deportivo español está en uno de sus pilares: las federaciones. Y al respecto, ¿qué se ha hecho por parte de los poderes públicos? Aquí está otro de los puntos débiles del ecosistema deportivo español. No hace más de ocho meses se publicó la Ley del Deporte, la principal norma que rige el deporte español. Era la ocasión ideal para cambiar las estructuras periclitadas del sistema deportivo español y, en particular, las que afectan a las federaciones. ¿Se aprovechó la ocasión? No. Apenas hay cinco artículos dedicados al buen gobierno y no innovan nada sustantivo respecto de la precaria regulación hasta entonces vigente. Y donde se introduce un cambio es para que los lobos que mandan en el sistema deportivo cuiden del gallinero en lo que respecta a la resolución de conflictos. ¿Quién paga por ello? Nadie. ¿Quién sufre las consecuencias? Jenni, las mujeres, el deporte y todos nosotros. Una transformación integral del sistema federativo bajo los presupuestos del buen gobierno es, entonces, la cuestión de Estado inaplazable. ¿Qué más escándalos deben producirse para que de una vez por todas se impulse la integridad, la transparencia, la democratización, la igualdad de la mujer en todos las esferas del deporte, la rendición de cuentas, la sostenibilidad, etc? Porque el deporte en sí mismo lo merece, pero también porque las federaciones representan de facto al Estado español y también a la sociedad y a cada uno de nosotros. Y no nos merecemos esta vergüenza.
