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El Ayuntamiento de Vigo ha activado la vía judicial para reclamar la plaza del Estadio de Balaídos en el Mundial 2030 tras la manipulación de las puntuaciones efectuada en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y desvelada por EL MUNDO. El consistorio que dirige el socialista Abel Caballero ha suscrito ya un contrato de asesoramiento jurídico con el bufete Montero Aramburu para diseñar la estrategia legal mediante la que intentará recuperar la plaza en el torneo que le fue arrebatada tras ser modificada la primera clasificación de manera irregular por la ya ex responsable federativa María Tato, que fue despedida por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, tras conocerse su intervención.
Después de la reunión de la Comisión del Mundial se elaboró una primera clasificación de 11 sedes en la que figuraba el estadio del Celta de Vigo. Apenas 24 horas después, la lista fue alterada siguiendo instrucciones de Tato para mejorar la puntuación del estadio donostiarra de Anoeta, que pasaba a figurar entre los 11 elegidos, y dejar fuera al recinto gallego.
Según ha podido saber este periódico, el Ayuntamiento vigués ha encomendado al referido bufete que «valore de forma solvente las alternativas» legales para denunciar la «exclusión» de Balaídos. De tal forma que se ha encargado, como primera medida, la elaboración de un dictamen jurídico que analice «si el proceso de conformación de la candidatura seguido por la RFEF se ajusta o no a derecho». «Este dictamen nos proporcionará una fundamentación doctrinal, jurisprudencial y académica rigurosa con el objeto de determinar las posibles vías de actuación para restituir a la ciudad como sede del Mundial», señalan a este diario desde el equipo de Abel Caballero. Si es de ese modo, la acción en los tribunales será inmediata.
"Análisis independiente"
El contrato suscrito con Montero Aramburu tiene una duración de tres meses y el letrado del despacho que se hará cargo del asunto será Eduardo Gamero. «Queremos disponer de un análisis independiente y académicamente riguroso que garantice la objetividad en la interpretación de los aspectos jurídicos del caso. También es preciso un enfoque práctico que permita trasladar las conclusiones del dictamen a la toma de decisiones y a una eventual estrategia procesal», añaden a este periódico las mismas fuentes.
«Vigo fue seleccionada como sede del Mundial 2030, apareciendo en el listado que se elaboró el 25 de junio de 2024», subrayan desde el consistorio gallego, que va a «estudiar la defensa jurídica» en paralelo a la «reclamación pública» de la plaza, cuya pérdida cuantifica el alcalde en más de 100 millones de euros para la ciudad.
El alcalde de Vigo está absolutamente seguro de que detrás de esa manipulación estaría Louzán. El actual presidente de la RFEF, también gallego, tuvo enfrentamientos con Caballero durante su etapa dedicado a la política en su tierra, en la que llegó a presidir la Diputación de Pontevedra. «Cuando el tema llega a Louzán, Vigo se cae», manifestó el edil en una entrevista en EL MUNDO. Louzán le llamó «alcalde populista». Ambos compartieron palco en Balaídos tras los ataques cruzados, concretamente el pasado martes, cuando la selección española femenina se enfrentó y goleó a Portugal.
También en este periódico, Tato negó que hubiera eliminado a Vigo en el segundo excel por petición expresa de Louzán, que en ese momento era vicepresidente de la RFEF. Sin embargo, Tato reportaba por mail de todos los pasos dados por la Comisión al gallego. La cadena de correos es la prueba en la que Caballero sustenta sus acusaciones. Para probarlas necesita la actuación de un juez, que puede requerir los dispositivos electrónicos de los implicados y llamarlos a declarar.
A pesar de la manipulación realizada y la polémica generada, la lista hecha por Tato, con Anoeta y sin Vigo, fue enviada a la FIFA. No es, sin embargo, vinculante, ya que el organismo que preside Gianni Infatino enviará a su propia comisión el próximo año a España, Portugal y Marruecos, coorganizadores del Mundial, para hacer sus valoraciones.
El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha entregado al tribunal que le juzga por dos delitos fiscales un peritaje, al que ha tenido acceso EL MUNDO, que concluye que está siendo víctima de «un juicio completamente sesgado, capcioso e interesado» por parte de la Agencia Tributaria.
Entre los muchos elementos que discute la defensa de Ancelotti al Fisco se halla también la valoración que hace la Hacienda pública de la entrega de un reloj de alta gama al entrenador en el marco de un acuerdo comercial.
Así, Hacienda considera que se incrementó la base imponible del entrenador en 2015 al serle regalado por la firma Cecil Purnell un reloj que valoraba en 250.000 francos suizos -unos 260.000 euros-. El técnico italiano ha encargado un peritaje del reloj a la joyería Chocrón, que estima que el valor real de ese artículo de lujo se sitúa entre 25.000 y 30.000 euros.
El fiscalista que ha elaborado el dictamen técnico de la defensa del italiano, Manuel de Vicente-Tutor, concluye, basándose en ese caso y en muchas otras circunstancias, que las reclamaciones tributarias a Ancelotti nunca debían haberse canalizado a través de la vía penal y que, en todo caso, se deberían haber sustanciado en la contencioso-administrativa.
En lo que respecta al ejercicio 2015, el perito de Ancelotti combate frontalmente la postura del Fisco de que era residente fiscal en España y arguye que lo fue en Reino Unido. «Las autoridades fiscales británicas han confirmado tajantemente la validez de su certificado de residencia, por lo que no habría defraudado cantidad alguna». De ahí que reduzca la cuestión a un simple «conflicto de doble residencia entre España y Reino Unido» que «debe resolverse según las reglas contenidas en el Convenio de Doble Imposición».
Ancelotti, a su llegada a los juzgados.JJ GuillenEFE
También rebate De Vicente-Tutor «la incorrecta calificación jurídica» que la Agencia Tributaria «ha realizado de la renta pagada por el Real Madrid por la cesión de la explotación de los derechos de imagen» y defiende que, en ningún caso, se cometió un delito.
«La existencia de un delito fiscal exige, además de la concurrencia de requisitos de carácter objetivo -perjuicio patrimonial a la Hacienda pública en cuantía superior a 120.000 euros- otros requisitos de carácter subjetivo, 'el ánimo de defraudar' al que es inherente el dolo». Por lo que «quedan despenalizadas aquellas omisiones de pago de deudas tributarias que, aunque superen el umbral legal, no sean dolosas».
No en vano, el perito destaca que el Real Madrid tiene una «experiencia probada en la celebración de este tipo de contratos de cesión de explotación de derechos de imagen» y se trata, por lo tanto, de «una obligación autónoma del Real Madrid el ingresar las retenciones correspondientes a los pagos que realiza». «La diferencia entre lo retenido por el Real Madrid y lo que efectivamente debió retener [...] es un incumplimiento de las obligaciones tributarias que únicamente incumbían al club».
No obstante, la defensa de Ancelotti considera que «los razonamientos» expuestos tanto por su parte como por el Fisco «se encuentran lejos de una interpretación irracional». «Ambas son posiciones que encuentran su fundamento en la ley y la jurisprudencia, por lo que, en todo caso, la disputa debería dirimirse en la vía contencioso-administrativa por tratarse de un contencioso tributario y no de una defraudación tributaria».
