Reprocha a Laporta la petición “contradictoria de personarse en su condición de perjudicado cuando en una comparecencia pública afirmó que los servicios de asesoramiento fueron efectivamente prestados”
El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha rechazado que el FC Barcelona se persone como acusación particular en el ‘caso Negreira‘. El club pretendía estar doblemente representado en el procedimiento, como entidad jurídica investigada y como “perjudicado” al considerar que podría ser “víctima” de un presunto engaño de José María Enríquez Negreira, el ex número dos de los árbitros que recibió cel club azulgrana más de 7 millones de euros en dos décadas por trabajos de asesoramiento.
En este sentido, la Fiscalía rechazó que el Barça tuviera esta doble condición ya que está investigada por los delitos continuados de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil. El juzgado investiga a los ex presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu y a otros dos ex directivos por la comisión de estos delitos desde 2010 hasta 2018.
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Además, la juez recuerda que “como sostiene el Ministerio Fiscal en su denuncia lo que se plantea en esta causa es que la administración “indebida” se llevó a cabo por “los representantes legales o por aquellos que, actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”, lo que apunta directamente a dirigentes azulgranas.
En su resolución la juez también afea la “contradictoria” petición del Barça de “personarse en su condición de perjudicado cuando en una comparecencia pública realizada por el actual presidente Joan Laporta el día 17/04/23, afirmó que los servicios de asesoramiento fueron efectivamente prestados, que se documentaron en facturas detalladas con los correspondientes conceptos y fueron pagados mediante transferencias bancarias, constando los pagos en la contabilidad del Club, explicando las conclusiones preliminares del Informe de Compliance del que no se deprende la existencia de daño patrimonial alguno para el club”.
Junto con este rechazo, el juzgado autorizó prorrogar el secreto de las actuaciones, así como estimar la personación como acusación popular de un particular siempre que abone una fianza de 3.000 euros. Esta acusación solicitaba que se investigasen el primer mandato de Joan Laporta y el anterior de Joan Gaspart por un delito de administración desleal, pese a que para la Fiscalía estaría prescrito.
