El Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda ha acordado la imputación del ex futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué por el cobro de comisiones millonarias a cambio de intermediar para que la Supercopa de España se disputara en Arabia Saudí.
El actual propietario del holding Kosmos pactó el cobro de 4 millones de euros por edición gracias a las gestiones realizadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que presidía Luis Rubiales y que impuso como condición sine qua non del acuerdo con Arabia Saudí que el ex capitán del Barça percibiera esa cantidad durante al menos seis ediciones del torneo.
Se trata de una cifra superior a la que perciben muchos de los equipos que participan en la competición. Para la Intervención General del Estado, las comisiones de Piqué fueron una imposición de la RFEF que revela que el negocio entre el ex jugador y la entidad federativa era conjunto.
Por este mismo motivo la Agencia Tributaria abrió una inspección fiscal a Piqué para reclamarle el IVA de la operación al considerar que fue un pago a cuenta de la RFEF y que, por lo tanto, debía tributar en España.
El auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, señala que Piqué pactó “una prima de éxito” en favor de un “tercer agente” que puede llegar a ingresar por este acuerdo un total de 40 millones de euros.
Subraya la resolución judicial que “al tiempo del contrato, el investigado Gerard Piqué era jugador activo del FC Barcelona, equipo de fútbol que participaba en la Supercopa”. Recuerda la juez que está investigando en estos momentos “posibles ilegalidades con trascendencia penal en la contratación o acuerdos” que para la RFEF le van a suponer unos ingresos de “400 millones de euros” si se cumplen los plazos acordados.
La instructora otorga la condición de investigado al futbolista ya retirado, pero no fija todavía ninguna fecha para tomarle declaración.
El auto hace referencia también a que en la causa mantiene la imputación sobre el actual presidente de la RFEF, Pedro Rocha, quien ocupaba “en la fecha de los hechos la Vicepresidencia del Área Económica” y “a quien por razón de su cargo le habría correspondido si no la intervención directa en la contratación con Arabia Saudí” sí la “intervención de la Comisión Económica que presidía respecto de las adendas que se firmaron del contrato”.
“Sin embargo, se abstuvo, al parecer, tanto de convocar a la Comisión Económica para analizar dichas prórrogas y añadidos al contrato firmado el 11 de septiembre de 2019 como para el caso de no haber sido informado a tiempo o de habérsele ocultado, reclamar el expediente a posteriori dado el cargo que desempeñaba”, precisa la magistrada.
