La Fiscalía pide 9 años de prisión para el futbolista Álvaro Agudo, exjugador del Espanyol, acusado de agredir sexualmente a una trabajadora de ese club en el baño de una discoteca de Barcelona en junio de 2024.
El ministerio público pide también que el futbolista indemnice con 65.000 euros a la víctima por el daño moral y las secuelas psicológicas causadas por la agresión sexual.
Según el escrito de acusación del ministerio público, al que ha tenido acceso EFE, Aguado, de 28 años, agredió a la mujer durante la madrugada del 24 de junio en el lavabo masculino de la discoteca Opium de Barcelona pese a que la víctima, que se hallaba en “estado de shock”, le pidió que “parase”, que “no quería tener relaciones sexuales”.
Finalmente, sostiene la fiscal en su acusación, el procesado, que se encuentra en libertad provisional por esta causa, “cejó en su actitud, volvió a vestirse y le dijo a la mujer: ‘Tú no me conoces, y yo a ti tampoco’.
De acuerdo con las conclusiones provisionales de la Fiscalía, sobre las cinco de la madrugada del 24 de junio, acusado y víctima se encontraban en una sala reservada de la discoteca Opium de Barcelona con motivo de la celebración del ascenso a Primera División del Espanyol donde estuvieron bailando juntos.
Tras haber bailado, el futbolista cogió de la mano a la mujer, que se hallaba “transitoriamente mareada y afectada” a consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas, si bien no se encontraba totalmente privada de consciencia, la sacó de la sala y la condujo hasta las escaleras del aparcamiento del local de ocio, relata el ministerio público.
Después de que un miembro del personal de la discoteca les prohibiera el paso por dichas escaleras, añade, el procesado la llevó al lavabo masculino, donde la agredió sexualmente sin utilizar preservativo, con penetración vaginal y oral.
A raíz de esta agresión sexual, la mujer ha sufrido secuelas psicológicas.
Por estos hechos, la fiscal imputa a Aguado un delito de agresión sexual con penetración bucal y vaginal, por el que pide una condena de 9 años de prisión, y la medida de libertad vigilada por un periodo de 10 años una vez cumplida la pena privativa de libertad.
Asimismo, solicita que se le imponga la prohibición de aproximarse a menos de 1.000 metros de la víctima y a comunicarse con ella por cualquier medio durante 8 años, una vez cumplida la pena de cárcel.
En concepto de responsabilidad civil, el ministerio público pide una indemnización de 55.000 euros por el daño moral causado y otros 10.000 por las secuelas psicológicas que ha sufrido la víctima.
