La Audiencia de Barcelona ha estimado los recursos de la Fiscalía Anticorrupción y de Joan Laporta para revocar la decisión del juez Aguirre de investigar al presidente blaugrana por los pagos realizados a Enríquez Negreira entre los años 2008 y 2010.
La resolución indica que las retribuciones al vicepresidente de los árbitros “son imputables no a cada junta directiva sino al FC Barcelona como persona jurídica por la falta de concreción y de elementos fácticos” que apunten a esta figura.
Además, señala que el presidente blaugrana solo sería responsable, en todo caso, de “los pagos realizados durante el periodo que ejercieron sus cargos“, algo descartado puesto que en 2010 Laporta ya había abandonado la entidad. Estas justificaciones eximen al presidente azulgrana de los delitos de cohecho y de corrupción deportiva que se le pudieran imputar.
El delito está prescrito desde 2015
Por otro lado, la sala también considera prescrito un posible delito de administración desleal continuada al haber pasado más de cinco años desde la finalización de su primer mandato presidencial el 30 de junio de 2010. Hecho que supone extinción total de toda responsabilidad penal relacionada con los pagos realizados durante ese periodo.
Esta razón, sin embargo, no serviría para el presidente Sandro Rosell ya que su plazo de prescripción se amplía hasta los diez años.
En un comunicado, el FC Barcelona ha celebrado la decisión de la Audiencia de no imputar a su presidente y califica el fallo como “riguroso y bien fundamentado“. Por último, el conjunto blaugrana espera que se pueda acreditar “la absoluta inocencia del club“.
