El Valencia CF interpuso la pasada semana en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia una demanda para defender el honor del club y el de sus aficionados ante Netflix y la productora ‘Conspiraçao Filmes’ por el documental Baila, Vini. El club considera que en la cinta, estrenada hace unos meses en la plataforma, vulnera su derecho fundamental al honor y, según ha podido confirmar este diario, solicita ser compensado con una indemnización económica, así como corrección de los subtítulos de algunas imágenes que aparecen en el documental y la publicación de la sentencia en caso de que haya condena.
Todo nace del partido entre el Valencia y el Real Madrid disputado en mayo de 2023 en Mestalla, cuando el jugador brasileño denunció haber recibido insultos racistas por parte de algunos seguidores en la grada, circunstancia por la que se paró el partido. Tres de estos aficionados fueron identificados y se reanudó el partido, pero Vinicius no lo acabó porque fue expulsado con roja directa por una agresión a Hugo Duro. El estadio clamó “tonto, tonto” pero el jugador, en sus redes sociales, publicó imágenes de las gradas subtitulando el cántico como “mono, mono”, algo que se amplificó porque Carlo Ancelotti, en la rueda de prensa, lo repitió, provocando así que toda la afición del Valencia fuera tachada de racista.
Para el club, como recoge en su demanda, adelantada por el diario As, ese vídeo, que aún está visible en las redes del jugador, fue recogido en el documental con subtítulos “manipulados y falsos”, que son los que utilizó el jugador. Y lo hace como última opción, ya que el pasado 19 de mayo solicitó por escrito “una rectificación inmediata” a la productora del documental “en defensa de la injusticia y falsedades cometidas con la afición valencianista”, porque las imágenes que salen de Mestalla, aseguran, “no se corresponden con la realidad”. Ni la productora ni la plataforma accedieron a esta solicitud, por lo que el Valencia ha acudido a la justicia.
Después de aquellos insultos a Vinicius, el club colaboró activamente en la identificación de los tres aficionados que acabaron siendo juzgados y aceptando una condena por conformidad de ocho meses de prisión por un delito contra la integridad moral con agravante de discriminación por motivos racistas. En esta causa, el Real Madrid actuó como acusación particular.
Además, el fallo llevaba aparejado la prohibición de acceder a estadios de fútbol durante dos años, aunque previamente el club había tomado la decisión de expulsarlos de por vida de Mestalla por el daño, económico y de imagen, que habían causado.
