Caso Negreira
Considera que Enríquez Negreira es análogo a un funcionario público por la labor que desarrollaba como vicepresidente del CTA
“De la jurisprudencia citada se desprende con toda claridad que los pagos realizados a la familia Enríquez fueron para que ejecutara actos relativos al ejercicio de su cargo, ya fuera por su influencia con otros miembros del CTA encargados de la designación de los árbitros, ya fuera porque puntuara a los árbitros condicionando su ascenso o descenso, ya fuera por su influencia general como vicepresidente y la ascendencia sobre otros miembros del CTA, que con toda seguridad debía tener si fue mantenido en el cargo durante 25 años”.
De esta forma, el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona argumenta la imputación del FC Barcelona, como persona jurídica, por un delito de cohecho además de al ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira, su hijo Javier, los ex presidentes blaugranas Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, los ex directivos del club, Óscar Grau y Albert Soler, y la empresa de Negreira DASNIL 95 SL. En concreto, el juez Joaquín Aguirre considera que los Negreira son responsables presuntamente de soborno pasivo, en caso de Javier como cooperador, por recibir dinero, mientras que el resto sería activo por pagarlo.
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Sin embargo, se mantienen el resto de delitos como corrupción deportiva o falsedad documental por los que están imputados los investigados. Así, el juez considera que el FC Barcelona pagó a través de sociedades interpuestas a uno de los tres vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros integrado en la Real Federación Española de Futbol, Enríquez Negreira, durante unos 18 años y estas cantidades “fueron incrementándose desde los 70.000 euros iniciales hasta los 700.000 euros anuales“.
Además, señala que “el FC Barcelona cesó en el pago tan pronto como Enríquez Negreira cesó como vicepresidente del CTA. Por deducción lógica los pagos realizados por el FC Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual. De aquí se deduce también que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español. No obstante, las investigaciones de la Guardia Civil podrán confirmar estos extremos obtenidos por inferencia lógica”.
“Tras ser cesado como Vicepresidente del CTA a mediados del año 2018, el FC Barcelona decidió prescindir de los servicios de Enríquez Negreira. Ante ello, este último envió una carta intimidatoria al ex presidente del FC Barcelona B. indicándole, en esencia, que si no le seguían pagando revelaría una serie de hechos que podrían perjudicar gravemente al club. De esto último se deprende que E.N. tenía consciencia de que se habían producido actos ilícitos en favor del FC Barcelona de bastante gravedad. Este conocimiento directo por Enríquez implicaba bien su participación en la comisión de dichos actos en favor del FC Barcelona, bien en un conocimiento muy próximo de las personas que los habrían cometido. En suma, Enríquez Negreira era consciente, en mayor o menor medida, de la ilicitud de sus actos e, incluso, de otros actos desconocidos hasta ahora” remarca el juzgado.
Al considerar que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), de la que depende el Comité Técnico de Árbitros (CTA), tiene esta categoría y por eso cree que el ex vicepresidente se debe equiparar a un funcionario público. De esta forma, introduce el delito de cohecho por los pagos recibidos, junto a su hijo, por parte del Barça. El juzgado remarca la importancia de la Federación como “persona jurídico-pública”, por el tipo de funciones que desarrolla de regulación de las competiciones deportivas, pese a considerarse “entidad privada”.
Por eso, recuerda que entre las funciones de Enríquez Negreira estaban “las relativas a las calificaciones de los árbitros y a los ascensos y descensos de árbitros” y que el delito de cohecho “se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos”. El juzgado acusa al Barça de presuntamente sobornar al ex vicepresidente del CTA durante 18 años para conseguir su “influencia” y recuerda que e la jurisprudencia remarca que “las empresas privadas que presten servicios públicos serán sometidas a la disciplina penal del cohecho”.
“Posible retribución ilegítima”
El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona investiga si el Barça sobornó a los árbitros con una «forma novedosa de posible retribución ilegítima». Por eso, instó a la Guardia Civil a indagar un posible delito de cohecho en los 7,3 millones de euros que el FC Barcelona pagó durante años al ex colegiado José María Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). El magistrado Joaquín Aguirre considera que su abono ya es constitutivo de delito ya que el objetivo presuntamente era “alterar el resultado de ciertos partidos”, pese a que por el momento no se han acreditado pagos a “árbitros concretos”.
De esta forma, el delito se comete en la entrega de dinero a una autoridad, en este caso Enríquez Negreira tenía poder de decisión dentro del CTA, para recibir a cambio un beneficio, independientemente de si se concreta o no. El soborno podría implicar a los máximos dirigentes del Barça, como los ya imputados, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, y ampliarse a otros dos, Joan Gaspart y Joan Laporta, en su anterior mandato.
En este sentido, el juzgado mantiene que “se presume por pura lógica que el FC Barcelona no pagaría al vicepresidente Negreira en torno a 7 millones de euros desde el año 2001 si no le beneficiara, pero no por la bondad de los informes en sí mismos, sino por la condición de Negreira como miembro de la terna de vicepresidentes del CTA, cuya función no era simplemente representativa sino que ejercía funciones de relevancia significativa en la calificación y designación de los árbitros”. Por eso considera que el Barcelona no usó el “tradicional método de pago» para comprar presuntamente un partido concreto sino que con el pago continuado a Enríquez Negreira era una «forma novedosa de posible retribución ilegítima”.
Para el juez esta actuación generó una “posible corrupción sistémica” en el Comité Técnico de Árbitros ya que Enríquez Negreira presuntamente controló el sistema de calificación de los colegiados y de esta forma “permitir a los árbitros afines a él dirigir partidos relevantes de la Liga o Copa y partidos internacionales o incluso mantener la categoría, aumentado así sus ingresos de manera muy importante”.
