Category: Artículos Cristina Rubio

José María Enríquez Negreira ha llegado apenas un minuto antes de las 11:00 horas a la Ciudad de la Justicia y ha salido poco después, a las 11:20, acompañado por su mujer y custodiado por agentes de los Mossos d'Esquadra. Entre medias, el ex vicepresidente de los árbitros se ha negado a declarar ante el juez Joaquín Aguirre sobre los pagos millonarios que recibió del Barcelona durante casi dos décadas.

Una visita exprés a los juzgados, tras aplazar hasta en dos ocasiones su citación ante el instructor, y que ha despachado en apenas dos minutos dentro de la sala. De hecho, Negreira no ha explicado por qué guardaba silencio -no ha hecho referencia a su estado de salud- y no ha entrado en detalles.

El abogado del ex vicepresidente de los árbitros había presentado informes médicos en los que indicaba que tenía la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, en su comparecencia de este martes no alegó ningún impedimento médico y simplemente se negó a declarar.

Este supuesto deterioro cognitivo fue el motivo que esgrimió hace unos meses para defender que no podía afrontar un proceso penal.

Negreira ha acudido a la Ciudad de la Justicia de Barcelona acompañado de su esposa y custodiado por agentes de los Mossos d'Esquadra. Ha entrado a pie, justo antes de las 11:00 horas de la mañana, y por la habitual puerta de salida del recinto, donde había un grupo de cámaras. El resto, el más numeroso, estaba en el acceso principal del juzgado.

Tras comparecer apenas unos minutos ante el juez de instrucción Joaquín Aguirre y después de acogerse a su derecho a no declarar, Negreira ha salido a pie y en medio de un enjambre de cámaras para captar su marcha de la Ciudad de la Justicia. Entre micrófonos y cámaras, tampoco ha abierto la boca y rápidamente ha entrado al parking por una pequeña puerta de acceso desde la calle.

Cohecho

El pasado mes de septiembre, el instructor dictó un auto en el que acordaba imputar un delito de cohecho a los denunciados en el caso Negreira, que se suma así a los de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales que hasta ahora se les atribuían.

De hecho, el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros ha sido el primero de los investigados de este caso que comparece ante el juez, que en la causa mantiene imputados entre otros al actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y a sus antecesores Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell. Sin embargo, para el resto de los investigados aún no hay fecha ni citación.

Próximamente, la Audiencia debe resolver si, además de los delitos de corrupción deportiva y administración desleal, advierte el de cohecho, señalado por el juez Aguirre y por el que mantiene como investigado a Laporta. La Fiscalía se ha opuesto a esta imputación y se ha alineado con las defensas para pedir que Laporta sea apartado del sumario que investiga el mayor escándalo de la historia del fútbol español. En paralelo, Aguirre ha prorrogado seis meses la investigación.

La Fiscalía recurrirá la sentencia que condenó al futbolista Dani Alves a cuatro años y medio de prisión por violar a una joven de 23 años en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona la noche del 30 de diciembre de 2022.

En concreto, el Ministerio Público pedirá al tribunal que retire la atenuante de reparación del daño a la víctima contemplado en la sentencia después de que el acusado depositara 150.000 euros de indemnización antes del juicio. La pena de 4 años y medio para Alves es la mínima interpuesta por violación.

Fuentes de la Fiscalía han explicado este viernes que aún estudia los argumentos concretos del recurso que presentará, aunque el aspecto básico del escrito será esgrimir que ese depósito de 150.000 euros no debe considerarse como reparación del daño y computar como atenuante.

Es decir, el Ministerio Público considera que no procede la aplicación de la atenuante de reparación del daño con el pago de estos 150.000 euros -dinero proveniente del padre de Neymar, ya que Alves tiene las cuentas bloqueadas en Brasil por un litigio con su ex mujer- y que contribuyeron a rebajar la pena final al futbolista.

El tribunal que condenó al brasileño considera probado que "el acusado cogió bruscamente a la denunciante, la tiró al suelo y evitando que pudiera moverse la penetró vaginalmente, pese a que la denunciante decía que no, que se quería ir". Y entiende que "con ello se cumple el tipo de ausencia de consentimiento, con uso de la violencia, y con acceso carnal".

En una sentencia conocida la semana pasada, el tribunal le impuso una pena de 4 años y medio de prisión, una condena mínima influida por dos factores determinantes: primero, que se aplicó el primer redactado de la ley del solo sí es sí que rebajaba a 4 años el mínimo por agresión sexual (ahora son 6); y segundo, por la atenuante de reparación del daño con el pago de 150.000 euros, determinante para fijar la horquilla más baja de la pena.

La Fiscalía había reclamado una condena de 9 años de cárcel para Alves -el doble que la impuesta- y la acusación particular, que ejerce la denunciante, elevó la petición a 12, el máximo que contempla la ley.

En cambio, la defensa del ex futbolista había reclamado que esta fianza computara como atenuante muy cualificada, lo que habría rebajado el abanico de penas que se le podían imputar a entre 2 y 4 años, una opción que el tribunal descartó.

En su impugnación, la defensa de Alves volverá a apostar por esta vía. En este sentido, en un recurso de aclaración a la sentencia también pidió añadir a los hechos probados que el jugador estaba ebrio, lo que podría suponer otro atenuante. Un aspecto que el tribunal rechazó.

Por su parte, aún está por ver si la víctima recurrirá el fallo. Preguntada por ello cuando trascendió la sentencia, la abogada Ester García indicó que debe valorarlo con su clienta, pero cree que "desde un punto de vista jurídico debería recurrirse".

Sí criticó la atenuante por reparación del daño que ha aplicado la sentencia por la consigna de 150.000 euros que hizo Alves a modo de indemnización antes del juicio, que cree que no debería aplicarse: "Nos preocupa un poco que se transmita a la sociedad el hecho de que las personas que puedan tener una capacidad económica importante puedan ver reducida su pena si pueden consignar una cantidad importante".

"Para mí es una pena baja, en este despacho profesional se llevan muchísimos casos de violencia sexual y es la pena más baja que hemos tenido en más de 20 años", zanjó.