El ex presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha vuelto a pasar este jueves por los tribunales para declarar como investigado por un delito de administración desleal por el pago de unas supuestas comisiones irregulares en fichajes y honorarios jurídicos. El ex mandatario ha justificado ante el juez de instrucción haber abonado 1,7 millones al abogado José Ángel González Franco -el suyo personal- para lograr un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el caso Neymar 1, la primera condena penal a la entidad.
En concreto, Bartomeu ha asegurado que alcanzó un acuerdo verbal para que el club abonase dicha cantidad al letrado. Un apretón de manos que no formalizó ante la junta directiva hasta más tarde -mayo de 2017- cuando el conflicto estaba prácticamente cerrado, según informan fuentes jurídicas. Esos casi dos millones de euros correspondían al 10% del ahorro que suponía para el club ese pacto con la Fiscalía y la Agencia Tributaria, ha concretado Bartomeu.
En esta causa, la Fiscalía acusa al ex presidente del FC Barcelona y a sus principales directivos de un delito continuado de administración desleal por el pago de comisiones en fichajes de futbolistas y honorarios jurídicos. El Ministerio Público sostiene en la denuncia interpuesta contra Bartomeu que “omitió sus deberes de diligencia y lealtad en la gestión de un patrimonio que le era ajeno, usurpando además una capacidad que le correspondía a la Junta Directiva, a quien ocultó la realidad de varias operaciones”.
En el caso de los pagos por el affaire Neymar, el Ministerio Público dice que se efectuaron “sin haber informado ni haber sometido a votación dicho acuerdo a la Junta Directiva” y pone en duda incluso la realidad de los servicios realizados. Así, la Fiscalía constata que no fue hasta el 11 de mayo de 2017 cuando el contrato se elevó a la junta directiva, meses después del pago de la primera de las dos facturas (en agosto de 2016).
En sus preguntas, las fiscales presentes también han insistido en el conflicto de interés que supuso que el club pagara al abogado personal de Bartomeu para alcanzar un acuerdo que fue negociado y refrendado por el abogado de la entidad, Cristóbal Martell. Algo que Bartomeu se ha limitado a justificar con el acuerdo verbal sellado con un apretón de manos con su letrado.
La denuncia se centra también en otras dos operaciones. La primera es el fichaje del jugador Malcom Filipe Silva, procedente del Girondis de Burdeos, por el que, subraya la Fiscalía, se abonaron comisiones superiores a los diez millones de euros. Así, el Ministerio Público arguye que el Barça “acordó el abono a intermediarios con los que el club no había contratado determinadas cantidades derivadas de labores para la contratación” del futbolista. En concreto, abonó 855.600 euros a Elenko Sports que colaboraba con Business Fútbol España SL, sin que el club hubiera firmado acuerdo alguno con esta empresa.
La tercera operación es el desembolso de 1,5 millones de euros como indemnización al Club Esportiu Laietà por unas supuestas molestias por las obras del Espai Barça.
La querella del Ministerio Público contra Bartomeu se produjo a instancias de una denuncia de Joan Laporta, que encargó un informe ‘forensic’ sobre la gestión de su antecesor al frente del club.
