El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha acordado inhabilitar al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, durante dos años y le impone una sanción de 33.000 euros.
El TAD acuerda imponerle una sanción tipificada como muy grave prevista en la Ley del Deporte por excederse en sus funciones como responsable de la Gestora y le impide desempeñar cualquier tipo de cargo en una federación deportiva en España.
Uno de los elementos que vertebran la decisión del TAD es el despido del ex secretario general de la RFEF, Andreu Camps, al entender que fue una decisión que no entraba en sus funciones.
Cabe recordar que Rocha se enfrentaba a una petición de inhabilitación de seis años según rezaba la primera propuesta de la instructora. También reprocha el TAD a Rocha haber tomado la decisión, también entiende que de manera irregular, de rescindir el contrato con el bufete de Tomás González Cueto, GC Legal.
La Guardia Civil sostiene que el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desvió al menos 3,8 millones de euros a la constructora Gruconsa y a la sociedad que explota el estadio de La Cartuja en Sevilla entre los ejercicios 2020 y 2022. Añade que esta empresa, a renglón seguido, transfería parte del dinero a una sociedad controlada por un íntimo amigo y socio de Luis Rubiales, Francisco Javier Martín Alcaide, alias Nene, bajo la denominación de Dismatec. Por último, los investigadores han acreditado que el propio Rubiales ha venido percibiendo fondos procedentes de las sociedades de su amigo en forma de "beneficios".
Según un informe del Instituto Armado que forma parte del sumario que instruye el Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda y al que ha tenido acceso EL MUNDO, Gruconsa comenzó a desviar fondos a Dismatec en marzo de 2020 "con una periodicidad mensual y por idénticos importes en diferentes tramos temporales". La Guardia Civil añade que no ha podido acreditar que estas operaciones estén justificadas por algún tipo de servicio profesional y las presenta como comisiones ilegales.
Unos 300.000 euros en efectivo intervenidos a Nene, el íntimo amigo de Rubiales, en su hotel en Granada.
"Esta relación económica parece seguir activa a día de hoy", añade el informe policial, "pues el último pago reportado por la entidad bancaria corresponde al mes de enero". En total, Gruconsa acabó desviando a la sociedad controlada por Nene al menos 530.911 euros. Subraya que el delegado de la zona sur de España de Gruconsa era Ángel González Segura, hermano del jefe jurídico de Rubiales en la RFEF, Pedro González Segura, y que tanto Nene como "algunos de los cargos directivos de Gruconsa han coincidido en vuelos a la República Dominicana" durante los últimos tiempos.
Durante los registros efectuados el pasado 20 de marzo, la Guardia Civil encontró una importante cantidad de dinero en metálico, más de 318.350 euros, en el hotel URBAN DREAM GRANADA, propiedad de Nene.
La Guardia Civil presenta a Nene como "un ex jugador de fútbol fuertemente vinculado a la provincia de Granada y actualmente empresario en el sector de la compraventa de inmuebles y del turismo". "Estas dos facetas le han labrado a lo largo de los años diversas relaciones entre las cuales en la actualidad se encuentran altos directivos de Gruconsa", destaca.
De ahí que sitúe la creación de Dismatec como "una relación causa-efecto con la contratación de Gruconsa por la RFEF". "No sólo por la fecha de constitución de la misma sino por el hecho de que pocos días después de haber sido traspasada al control de Nene, la constructora comenzó a efectuar pagos con carácter mensual que se han prolongado hasta la actualidad".
Por todo ello la Guardia Civil advierte la comisión de "delitos graves como la corrupción entre particulares, el blanqueo de capitales o la organización criminal" que atribuye a Rubiales y a sus principales colaboradores en la RFEF.
La Fiscalía Anticorrupción solicita al juzgado que instruye el 'caso Negreira' que presten declaración en calidad de testigos el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y los ex entrenadores del primer equipo azulgrana, Luis Enrique y Ernesto Valverde. El Ministerio Público pide que aclaren todos ellos el "motivo de los pagos" librados por el Barça a las "sociedades instrumentales" del histórico número dos de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira.
Anticorrupción detalla que Laporta fue presidente entre 2003 y 2010 y que a día de hoy es el máximo responsable de la entidad. De ahí que requiera que declare sobre el "motivo de los pagos" librados a las sociedades pantalla de Negreira Dasnil 95, Nilsad y Soccercam.
En el caso de los técnicos, incide la Fiscalía en que el Barça pagó a Negreira más de ocho millones de euros por teóricos informes sobre los colegiados que dirigían los partidos del Barça en el Camp Nou y a domicilio, y quiere determinar si dichos análisis existieron y si sirvieron para algo.
Quien ya prestó declaración sobre estos hechos ante la Guardia Civil fue el actual entrenador del Athletic Club de Bilbao, que explicó que durante el tiempo que dirigió a la primera plantilla culé, entre julio de 2017 y enero de 2020, nunca tuvo conocimiento de informe arbitral alguno procedente de la familia Negreira. Es más, añadió que no le hacían ninguna falta porque conoce perfectamente a los árbitros de Primera División y que no necesita un asesoramiento externo para preparar los partidos.
Por este motivo el Instituto Armado ya concluyó que los análisis confeccionados por el hijo del ex dirigente arbitral "carecen de justificación para unos pagos que se realizaron, supuestamente, para recibir un asesoramiento" y los tilda de "poco creíbles". Por su parte, Laporta y Luis Enrique prestarán declaración por primera vez en este procedimiento, en el que los principales investigados no han comparecido todavía ante la juez, a excepción de Negreira, que se negó a declarar, más de dos años después de estallar el mayor escándalo en la historia del fútbol español.
