Cuando era presidente de la Comisión Gestora de la Federación Española, Pedro Rocha se puso el mismo sueldo que el ex presidente del organismo, Luis Rubiales, pese a contar con un pronunciamiento jurídico en contra. EL MUNDO ha tenido acceso en exclusiva a la respuesta que solicitó la propia RFEF a su abogado externo, Tomás González Cueto, en el que éste concluía que al presidir una gestora, y no ser un presidente electo, no tenía derecho a perci
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La ya ex responsable de la organización del Mundial 2030 recibió por correo electrónico indicaciones sobre cómo podía modificar directamente la primera clasificación de las sedes del torneo. María Tato recibió el 27 de junio un correo de una subordinada en el que le explicaba, a petición suya, cómo alterar la tabla excel en la que habían volcado la primera lista de estadios seleccionados, en la que se encontraba inicialmente el de Balaídos. En esta comunicación, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, se le detalla a Tato lo siguiente: "Recordad que, si decidís reducir el número de opciones de puntuación de un subfactor, lo único que tenéis que hacer es elegir solamente las opciones que queréis del desplegable de cada celda". Y se le añadía en referencia a las opciones de puntuación: "Que ahora mismo permite 5, 10, 15 y 20". Llamativamente, y a pesar de que el mail iba dirigido sólo a Tato, se dirigen a ella en plural.
La referida clasificación inicial fue modificada bajo la supervisión directa de María Tato y sin que conste que ella compartiera por correo electrónico la segunda versión con sus compañeros del Equipo del Mundial, Fernando Sanz y Jorge Mowinckel, entre otros, antes de remitirla como definitiva a la cúpula de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
La secuencia completa de los mails del proceso consultada por este diario contrasta con la versión dada durante los últimos días por la propia Tato, que sitúa la manipulación de la primera clasificación en una supuesta reunión celebrada el 26 de junio entre todos los miembros del Equipo del Mundial en la cafetería de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Dos de los integrantes de este equipo, los citados Sanz y Mowinckel, niegan la existencia de dicho encuentro y acreditan que no se encontraban en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en ese momento.
Así fue la caótica reunión para decidir las sedes del Mundial 2030EL MUNDO
Subfactor A1
Cabe recordar que el día anterior, el 25 de junio, fue cuando se celebró la reunión en la RFEF en la que se evaluaron los estadios que debían albergar los partidos del Mundial que España celebrará junto a Portugal y Marruecos. De aquella reunión salió un primer excel con un ránking en el que figuraba como clasificado el estadio del Celta de Vigo con una puntuación de 10,2004 puntos, superando a Anoeta, que quedaba en ese momento fuera con 10,1226.
Sin embargo, apenas 24 horas después, el primer excel fue alterado variándose la puntuación del estadio donostiarra, que pasó de golpe a tener una puntuación de 10,6026 (hasta ese momento disponía de 10,1226). De esta manera superaba a Vigo dejando en el lugar número 12 a la opción gallega, que quedaba automáticamente eliminada.
En el caso de Anoeta se modificó al alza uno de los subfactores, vinculado al proyecto técnico, pasando de 15 a 20 puntos. Concretamente el Subfactor A1, que llevaba por título: "Considerar el nivel de intervención que debe llevarse a cabo". Este subfactor representaba el 30% de la valoración total de este apartado técnico.
"Gijón, Murcia y Valencia"
María Tato recibió al día siguiente en su correo electrónico las dos versiones de los excel a las 15.16 horas, tal y como acredita la documentación que obra en poder de este periódico conjuntamente con las indicaciones por si quería volver a realizar algún cambio más. El 28 de junio Tato remitió la clasificación retocada en favor de Anoeta a los miembros del Comité Ejecutivo de la candidatura mundialista y desechó la versión inicial que favorecía a Vigo mediante un correo electrónico remitido a las 12.43 horas.
"Estos son los documentos de trabajo con los que hemos realizado la elaboración del listado de las sedes seleccionadas", comunicó a otros responsables federativos como Elvira Andrés, Manuel Lalinde o Mowinckel. "Asimismo, adjuntamos el excel con la valoración", añadió. "Según nuestros cálculos, existen tres candidatas que no se evalúan ya que no han firmado requisitos fundamentales de la FIFA, como puede ser el acuerdo del estadio o de la ciudad por causas relacionadas con la negociación de las cláusulas de dichos acuerdos con FIFA". Se refería a "Gijón, Murcia y Valencia". "Asimismo", agregó, "la sede de Vigo tendría la menor puntuación".
Tato urgió a sus compañeros porque dijo que tenía que presentar el listado definitivo de sedes "en dos horas". "Rogamos nos deis indicaciones, en caso de no recibir ninguna entendemos que podemos proceder adelante con esta selección". Nadie contestó a ese correo.
Alberto Di Lolli
Dicha selección acabó siendo definitiva y la RFEF la hizo pública varias semanas después. El viernes 19 de julio mediante un comunicado se anunciaban los estadios que "serán incluidos como candidatos a albergar encuentros en España de la Copa del Mundo FIFA 2030 tras el trabajo desarrollado durante los últimos dos años por el Comité Ejecutivo para nuestro país de la candidatura conjunta con Marruecos y Portugal, en el que está integrado el Gobierno a través del CSD".
La RFEF desvelaba, además, que se había "analizado" la posibilidad de "ampliar hasta 13" el número de estadios, pero que las federaciones portuguesa y marroquí habían "considerado que debe respetarse la normativa FIFA, donde se establecen 20 sedes como máximo". Lo cual suponía que España contara con 11 sedes que habían sido designadas, recalcó la RFEF, mediante "una serie de baremos y criterios objetivos, en línea con lo establecido en los requisitos de candidatura de la FIFA" que versaban sobre el proyecto técnico, la operatividad, la estructura financiera, la dotación de las ciudades sedes, además del cumplimiento de los requisitos documentales y contractuales.
La indignación de Caballero
De tal manera que las sedes elegidas fueron finalmente los estadios de Anoeta, Camp Nou, Gran Canaria, La Cartuja, La Rosaleda, Metropolitano, Nueva Romareda, Cornellá-El Prat, Riazor, San Mamés y Santiago Bernabéu.
Ese mismo día, la RFEF envió a las 13.46 horas un escueto correo electrónico a la alcaldía de Vigo mediante el que se le comunicaba que no sería sede del Mundial. "La sede que representa no ha sido seleccionada para formar parte del dossier de la candidatura a la FIFA World Cup 2030. Muchas gracias por el trabajo realizado durante estos dos años, por vuestra colaboración y dedicación". Desde entonces, Abel Caballero, alcalde de Vigo, ha exigido a la RFEF que se hagan públicos los criterios por los cuales fue excluida su ciudad y ha anunciado que sus servicios jurídicos estudian cómo judicializar el escándalo.
Otra prueba más de que la opción de Vigo estaba incluida en los primeros planes de la RFEF lo confirmaba, además otro mail remitido por María Tato al actual presidente y entonces vicepresidente Rafael Louzán el 26 de junio. "Querido Rafa, te escribo unas líneas sobre la situación actual, siguiendo tus indicaciones para poder informar al detalle a Pedro (Rocha, entonces presidente de la RFEF)". Tato le contó a Louzán los "criterios de baremación" que habían estado empleando, "basándonos en los usados por la FIFA en el último Mundial elegido: Brasil 2027 Femenino".
"No se debe filtrar nada"
Le resumía que habían valorado en un "80" los "criterios técnicos" y en un "20% los documentales", pero que el Gobierno había terciado pidiendo que se introdujeran, además, "criterios estratégicos" que debían contar con un peso de un 35%. Le indicaba que el Ejecutivo quería premiar la "vecindad", es decir, "aquellas sedes que estén cerca de la frontera de los otros dos países" y que ese criterio "únicamente afecta a Vigo".
Por lo que, con la propuesta gubernamental, "garantizan la sede de Vigo", subrayaba. Por último, le apercibía de que la información que le facilitaba era "únicamente a efectos de su conocimiento y del presi", que "no se debe filtrar nada" y que contenía "datos no confirmados, sólo propuestos" hasta ese momento ya que estaban analizando si aplicaban la modificación de los baremos propuesta por el Ejecutivo. Finalmente no se aplicaron las indicaciones del Gobierno, el excel retocado se convirtió en definitivo y esta comunicación con Louzán se llevó a cabo a espaldas del resto de miembros del Equipo del Mundial 2030.
Ana Paula Rufas, esposa de José María Enríquez Negreira, justifica el grueso de los ingresos en sus cuentas denunciados por la Guardia Civil mediante la venta de terrenos familiares en Huesca. La mujer del ex número dos del colectivo arbitral va a entregar próximamente al Juzgado de Instrucción número uno de Barcelona la documentación que respalda las operaciones que la Policía Judicial considera que tienen un origen desconocido. No en vano, los investigadores sospechan que pueden tratarse de nuevas comisiones ocultas de su marido, investigado por ingresar ocho millones de euros del Barcelona durante dos décadas, y al que el juez le atribuye haber cobrado del club azulgrana con el objetivo de alterar los arbitrajes a su favor.
Según ha podido saber EL MUNDO, Rufas va a combatir las conclusiones del Instituto Armado con escrituras y justificantes bancarios que aclaran la procedencia de las operaciones que han provocado su reciente imputación por blanqueo de capitales en el denominado 'caso Negreira'. La defensa de Rufas tiene en su poder los documentos que explican los tres ingresos concretos que la Guardia Civil y el juez Joaquín Aguirre consideran más sospechosos. Se trata, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, de tres pagos a cuenta correspondientes a la venta de un terreno de los consuegros del ex número dos arbitral y que fueron a parar a una cuenta bancaria en la que Rufas figura como cotitular junto a sus padres. Concretamente son ingresos que ascienden a 6.000, 12.000 y 121.000 euros, respectivamente.
La operación de compraventa referida versa sobre un terreno urbanizable de dos hectáreas denominado El Llano; y sobre otro más pequeño, que recibe el nombre de La Isola, de 20 áreas de extensión. Ambos se encuentran inscritos en el registro de la localidad oscense de Boltaña y corresponden al municipio vecino de Fiscal.
Las fincas fueron vendidas por 552.910,89 euros en abril de 2006 a la constructora Bajén. En un anexo al contrato de compraventa rubricado por la familia de Ana Rufas y la constructora se acordó, además, proceder a unos primeros pagos de 6.000 y 12.000 euros antes de firmar la compraventa ante notario. Y de un segundo de 121.727,72 euros en el momento de rubricar la escritura.
Estas cantidades, abonadas de manera inmediatamente posterior a la operación, son las que apunta directamente la Guardia Civil en su último informe. No en vano, los agentes presentan estos ingresos como el más claro ejemplo de transacciones de la mujer del ex dirigente arbitral en las que "a priori no existe justificación en los registros disponibles". Al mismo tiempo recalcan que las mismas se caracterizan por "operativas inusuales", al detectar el ingreso de cheques que no contemplan ni la "descripción de su procedencia" ni "el propósito de la transacción". La Guardia Civil arguye que Rufas ha recibido ingresos de este tipo por importe de unos tres millones de euros durante los últimos años y que urge averiguar la justificación de los mismos.
La defensa de la familia Negreira, dirigida por Daniel Pérez Esqué, arguye que la cantidad expuesta por los investigadores no es correcta, que se ha procedido a contabilizar varias veces el ingreso en cuentas de las mismas cantidades y añade que el resto de entradas registradas por Rufas proceden de las nóminas que cobraba por trabajar para su marido.
El juez Aguirre ha acordado recientemente la imputación de Rufas al considerar que ingresó entre 1992 y 2023 fondos "aparentemente injustificables por su trabajo y por su patrimonio". Por ello, ha emplazado a la Guardia Civil a que confeccione un nuevo informe definitivo para aclarar estas operaciones.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca ha archivado el denominado caso Oikos, la que nació como una de las grandes operaciones contra la corrupción en el fútbol español, al considerar que no ha quedado acreditado el amaño de partidos. La juez adopta la decisión tras cinco años de pesquisas y después de practicar la detención de jugadores como Borja Fernández, que militaba en ese momento en el Real Valladolid o ex futbolistas como Carlos Aranda o Raúl Bravo, a los que la Policía consideraba los cabecillas de una trama para amañar partidos y lucrarse con apuestas ilegales.
La magistrada Alicia Bustillo ha acordado el archivo tras solicitarlo la Fiscalía y las defensa y echa por tierra las pesquisas de la Policía Judicial, que como recuerda en su auto, advertía la existencia de "una presunta organización criminal dedicada al amaño de partidos de fútbol para conseguir un beneficio ilícito mediante las apuestas deportivas a esos resultados previamente pactados". Descarta de esta forma la juez que Aranda y Bravo fueran los responsables de la trama y que de ellos dependieran otros futbolistas como Íñigo López o Samuel Sáiz, a los que los investigadores atribuían la responsabilidad de "contactar con los equipos".
Entre los partidos investigados, el más relevante era, sin duda, el que disputó el Real Valladolid contra el Valencia el 18 de mayo de 2019 y que terminó ganando el conjunto ché por 0-2. La Policía sostenía que la trama intentó comprar el encuentro para realizar una apuesta combinada. Sin embargo, la juez considera que los indicios de la compra del partido son "absolutamente insuficientes".
En este encuentro la Policía puso en foco sobre Borja Fernández, "segundo capitán del Valladolid y uno de los objetivos corrompidos según los atestados". Este último siempre negó que Raúl Bravo hubiera quedado con él para amañar el encuentro sino para "preguntarle sobre opciones laborales". Los indicios sobre Fernández decayeron ya en septiembre de 2020, cuando fue exculpado.
