El juez que instruye el ‘caso Negreira’ rechaza desimputar a la mujer del ex número dos de los árbitros españoles porque, a su juicio, sólo ha conseguido justificar “140.000 euros” de los “tres millones” que ingresó en sus cuentas bancarias durante los últimos años.
El titular del Juzgado de Instrucción número uno de Barcelona sostiene que Ana Paula Rufas ha dispuesto de al menos “12 cuentas bancarias en las que es titular recurrente” y en las que “aparecen ingresos de tres millones que se retiran con posterioridad, dejándose las cuentas sin saldo alguno”. “Es evidente que es una cantidad muy superior a los 140.000 euros aproximados justificados”, arguye.
Cabe recordar que la Guardia Civil denunció el pasado mes de agosto que Rufas había llevado a cabo las referidas operaciones “sospechosas” en sus depósitos bancarios y apuntó a que podrían ocultar nuevos pagos a su marido, José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA) durante décadas.
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No en vano, Negreira se encuentra investigado por recibir 8 millones de euros del FC Barcelona por asesorías arbitrales ficticias durante un periodo de 20 años, motivo por el cual el instructor le atribuye entre otros un delito de corrupción deportiva.
La esposa de Negreira presentó recientemente justificantes de algunas de las operaciones señaladas por la Guardia Civil en su informe y documentó que corresponden a la venta de unas fincas en Huesca propiedad de su familia. Sin embargo, tanto la Fiscalía Anticorrupción como ahora el juez consideran insuficiente su defensa y Rufas mantendrá la condición de investigada en la causa, en la que además de su marido también se investiga a los ex presidentes del Barça Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.
La ya ex responsable de la organización del Mundial 2030 recibió por correo electrónico indicaciones sobre cómo podía modificar directamente la primera clasificación de las sedes del torneo. María Tato recibió el 27 de junio un correo de una subordinada en el que le explicaba, a petición suya, cómo alterar la tabla excel en la que habían volcado la primera lista de estadios seleccionados, en la que se encontraba inicialmente el de Balaídos. En esta comunicación, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, se le detalla a Tato lo siguiente: "Recordad que, si decidís reducir el número de opciones de puntuación de un subfactor, lo único que tenéis que hacer es elegir solamente las opciones que queréis del desplegable de cada celda". Y se le añadía en referencia a las opciones de puntuación: "Que ahora mismo permite 5, 10, 15 y 20". Llamativamente, y a pesar de que el mail iba dirigido sólo a Tato, se dirigen a ella en plural.
La referida clasificación inicial fue modificada bajo la supervisión directa de María Tato y sin que conste que ella compartiera por correo electrónico la segunda versión con sus compañeros del Equipo del Mundial, Fernando Sanz y Jorge Mowinckel, entre otros, antes de remitirla como definitiva a la cúpula de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
La secuencia completa de los mails del proceso consultada por este diario contrasta con la versión dada durante los últimos días por la propia Tato, que sitúa la manipulación de la primera clasificación en una supuesta reunión celebrada el 26 de junio entre todos los miembros del Equipo del Mundial en la cafetería de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Dos de los integrantes de este equipo, los citados Sanz y Mowinckel, niegan la existencia de dicho encuentro y acreditan que no se encontraban en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en ese momento.
Así fue la caótica reunión para decidir las sedes del Mundial 2030EL MUNDO
Subfactor A1
Cabe recordar que el día anterior, el 25 de junio, fue cuando se celebró la reunión en la RFEF en la que se evaluaron los estadios que debían albergar los partidos del Mundial que España celebrará junto a Portugal y Marruecos. De aquella reunión salió un primer excel con un ránking en el que figuraba como clasificado el estadio del Celta de Vigo con una puntuación de 10,2004 puntos, superando a Anoeta, que quedaba en ese momento fuera con 10,1226.
Sin embargo, apenas 24 horas después, el primer excel fue alterado variándose la puntuación del estadio donostiarra, que pasó de golpe a tener una puntuación de 10,6026 (hasta ese momento disponía de 10,1226). De esta manera superaba a Vigo dejando en el lugar número 12 a la opción gallega, que quedaba automáticamente eliminada.
En el caso de Anoeta se modificó al alza uno de los subfactores, vinculado al proyecto técnico, pasando de 15 a 20 puntos. Concretamente el Subfactor A1, que llevaba por título: "Considerar el nivel de intervención que debe llevarse a cabo". Este subfactor representaba el 30% de la valoración total de este apartado técnico.
"Gijón, Murcia y Valencia"
María Tato recibió al día siguiente en su correo electrónico las dos versiones de los excel a las 15.16 horas, tal y como acredita la documentación que obra en poder de este periódico conjuntamente con las indicaciones por si quería volver a realizar algún cambio más. El 28 de junio Tato remitió la clasificación retocada en favor de Anoeta a los miembros del Comité Ejecutivo de la candidatura mundialista y desechó la versión inicial que favorecía a Vigo mediante un correo electrónico remitido a las 12.43 horas.
"Estos son los documentos de trabajo con los que hemos realizado la elaboración del listado de las sedes seleccionadas", comunicó a otros responsables federativos como Elvira Andrés, Manuel Lalinde o Mowinckel. "Asimismo, adjuntamos el excel con la valoración", añadió. "Según nuestros cálculos, existen tres candidatas que no se evalúan ya que no han firmado requisitos fundamentales de la FIFA, como puede ser el acuerdo del estadio o de la ciudad por causas relacionadas con la negociación de las cláusulas de dichos acuerdos con FIFA". Se refería a "Gijón, Murcia y Valencia". "Asimismo", agregó, "la sede de Vigo tendría la menor puntuación".
Tato urgió a sus compañeros porque dijo que tenía que presentar el listado definitivo de sedes "en dos horas". "Rogamos nos deis indicaciones, en caso de no recibir ninguna entendemos que podemos proceder adelante con esta selección". Nadie contestó a ese correo.
Alberto Di Lolli
Dicha selección acabó siendo definitiva y la RFEF la hizo pública varias semanas después. El viernes 19 de julio mediante un comunicado se anunciaban los estadios que "serán incluidos como candidatos a albergar encuentros en España de la Copa del Mundo FIFA 2030 tras el trabajo desarrollado durante los últimos dos años por el Comité Ejecutivo para nuestro país de la candidatura conjunta con Marruecos y Portugal, en el que está integrado el Gobierno a través del CSD".
La RFEF desvelaba, además, que se había "analizado" la posibilidad de "ampliar hasta 13" el número de estadios, pero que las federaciones portuguesa y marroquí habían "considerado que debe respetarse la normativa FIFA, donde se establecen 20 sedes como máximo". Lo cual suponía que España contara con 11 sedes que habían sido designadas, recalcó la RFEF, mediante "una serie de baremos y criterios objetivos, en línea con lo establecido en los requisitos de candidatura de la FIFA" que versaban sobre el proyecto técnico, la operatividad, la estructura financiera, la dotación de las ciudades sedes, además del cumplimiento de los requisitos documentales y contractuales.
La indignación de Caballero
De tal manera que las sedes elegidas fueron finalmente los estadios de Anoeta, Camp Nou, Gran Canaria, La Cartuja, La Rosaleda, Metropolitano, Nueva Romareda, Cornellá-El Prat, Riazor, San Mamés y Santiago Bernabéu.
Ese mismo día, la RFEF envió a las 13.46 horas un escueto correo electrónico a la alcaldía de Vigo mediante el que se le comunicaba que no sería sede del Mundial. "La sede que representa no ha sido seleccionada para formar parte del dossier de la candidatura a la FIFA World Cup 2030. Muchas gracias por el trabajo realizado durante estos dos años, por vuestra colaboración y dedicación". Desde entonces, Abel Caballero, alcalde de Vigo, ha exigido a la RFEF que se hagan públicos los criterios por los cuales fue excluida su ciudad y ha anunciado que sus servicios jurídicos estudian cómo judicializar el escándalo.
Otra prueba más de que la opción de Vigo estaba incluida en los primeros planes de la RFEF lo confirmaba, además otro mail remitido por María Tato al actual presidente y entonces vicepresidente Rafael Louzán el 26 de junio. "Querido Rafa, te escribo unas líneas sobre la situación actual, siguiendo tus indicaciones para poder informar al detalle a Pedro (Rocha, entonces presidente de la RFEF)". Tato le contó a Louzán los "criterios de baremación" que habían estado empleando, "basándonos en los usados por la FIFA en el último Mundial elegido: Brasil 2027 Femenino".
"No se debe filtrar nada"
Le resumía que habían valorado en un "80" los "criterios técnicos" y en un "20% los documentales", pero que el Gobierno había terciado pidiendo que se introdujeran, además, "criterios estratégicos" que debían contar con un peso de un 35%. Le indicaba que el Ejecutivo quería premiar la "vecindad", es decir, "aquellas sedes que estén cerca de la frontera de los otros dos países" y que ese criterio "únicamente afecta a Vigo".
Por lo que, con la propuesta gubernamental, "garantizan la sede de Vigo", subrayaba. Por último, le apercibía de que la información que le facilitaba era "únicamente a efectos de su conocimiento y del presi", que "no se debe filtrar nada" y que contenía "datos no confirmados, sólo propuestos" hasta ese momento ya que estaban analizando si aplicaban la modificación de los baremos propuesta por el Ejecutivo. Finalmente no se aplicaron las indicaciones del Gobierno, el excel retocado se convirtió en definitivo y esta comunicación con Louzán se llevó a cabo a espaldas del resto de miembros del Equipo del Mundial 2030.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dado la razón al histórico agente de futbolistas Quique Pina y ordena que Hacienda le reintegre 3,2 millones de euros. Deja de esta manera sin efecto la decisión del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) adoptada en 2019 por la cual le hizo responsable de manera conjunta con sus padres de una deuda tributaria derivada de la venta del Ciudad de Murcia C.F. en el año 2007, del que era propietario junto a su familia mientras el club jugaba en Segunda División A. De esta forma incorpora a Pina a la cada vez más abultada lista de personalidades del mundo del fútbol que ven cómo la Justicia les da la razón frente al Fisco e impone a Hacienda todas las costas del procedimiento.
Alegó Pina, actualmente accionista del Cádiz C.F., que Hacienda le había imputado irregularmente a él y a su familia una deuda tributaria que no le correspondía al haberse ya desprendido del Ciudad de Murcia y, por lo tanto, no tener responsabilidad en la gestión. Subrayaba en su recurso que la reclamación debía trasladarse, en su caso, al empresario Carlos Marsa como nuevo administrador de la entidad.
Este último adquirió el club mediante una serie de pagos aplazados, empleó como aval los derechos televisivos, pero no realizó los pagos en tiempo y forma. La responsabilidad de estas deudas fueron derivadas automáticamente por la Agencia Tributaria a Pina, ascendiendo la cantidad reclamada a 3,2 millones contabilizando sanciones e intereses.
El actual socio de la entidad que explota el conjunto gaditano alegó que el expediente tributario que se le había abierto era "incompleto, absolutamente incomprensible" y "nulo" por no haberse notificado correctamente. La Abogacía del Estado se opuso al recurso de Pina defendiendo la legalidad del procedimiento y reclamó el pago de los más de 3 millones de euros en concepto de ingresos correspondientes al IVA de los ejercicios 2005 y 2006, de los que se había hecho cargo Marsa al comprar el club y que finalmente no abonó.
La Audiencia Nacional concluye, sin embargo, que Hacienda no actuó correctamente al derivar la responsabilidad de la deuda tributaria a la familia Pina al atribuírsela sin distinción a todos los miembros del Consejo de Administración del club murciano. "La responsabilidad parece imputarse conjuntamente al Consejo de Administración sin discriminar las facultades del consejero delegado a las que se refiere la Ley de Sociedades Anónimas", indica el fallo judicial. "A juicio de esta Sala, hubiera sido necesario determinar las razones o motivos por los que se acuerda la derivación de responsabilidad tributaria para unos y otros miembros del Consejo de Administración", agrega.
"La fundamentación empleada por la resolución de derivación es tan genérica que serviría para ser empleada en relación a cualquier sociedad sometida a este régimen de funcionamiento de Consejo de Administración y consejero delegado, por lo que la falta de determinación de responsabilidades diferentes obliga a la estimación de la demanda y a la anulación de la derivación", abunda la sentencia al tiempo que le impone las costas a la Administración tributaria.
Detención
Pina fue detenido por la Audiencia Nacional en 2018 en el marco de la denominada 'Operación Líbero', en la que se le acusó principalmente de un delito de blanqueo de capitales que ya ha sido descartado por la Justicia. Asimismo, se le atribuía la comisión de un importante fraude fiscal en el que se enclavó la deuda tributaria referida anteriormente.
De manera preventiva y a falta de la resolución de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, Pina alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que implicaba el pago de 2,9 millones y el reconocimiento de un delito de alzamiento de bienes. El empresario arguyó que había adoptado esta decisión para dejar al margen a sus padres de cualquier procedimiento judicial. Tras el reciente fallo, Pina, defendido en esta causa por el letrado Alfonso Contreras, va a reclamar a la devolución del dinero a su sociedad familiar Calambur así como la anulación de la condena por alzamiento de bienes mediante un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo.
