El CSD no sabe cuándo llegará la resolución, necesaria para saber si podrán inhabilitar, pero ha remitido todas las denuncias contre el presidente que tenían desde hace meses
Apartar a Luis Rubiales de la presidencia de la Federación Española de Fútbol por más de los 90 días que le impuso la FIFA es algo que sigue en el aire. La firmeza con la que el Consejo Superior de Deportes afirmó que procedería a su inhabilitación se va rebajando con el paso de las horas. Se ha topado con los inalterables tiempos del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) pese a la presión política y social.
Actuó la FIFA, dijeron “Se acabó” las jugadoras, gritó Aitana Bonmatí un rotundo “no a los abusos de poder” y hasta la seleccionadora inglesa, Sarina Wiegman, elegida la mejor entrenadora del año recordó que las campeonas del Mundo “con un fútbol increíble” merecen “ser escuchadas”. Pero en España los movimientos federativo son lentos –Jorge Vilda sigue siendo seleccionador y director deportivo- y los gubernamentales, también. Nadie en el CSD sabe cuándo llegará la resolución del TAD, imprescindible para apartar a Rubiales.
Se esperaba de manera exprés el lunes, cuando los siete miembros del tribunal se reunieron por vía telemática fuera de su día habitual, los jueves, pero lo único que solicitaron es más documentación: comunicados federativos, de la jugadora, de su sindicado y vídeos y declaraciones que completaran la denuncia. Fuentes consultadas por EL MUNDO no dan confirmación de cuándo se producen sus reuniones, si están siendo diarias ante las expectativas generadas o si las deliberaciones avanzan. Cuándo harán pública su decisión es todavía una incógnita. En qué sentido se pueden pronunciar, aún más.
Se trata de un órgano independiente, que no rinde cuentas a ninguna administración y está formado por siete juristas designados cuatro a propuesta del CSD y tres de las Federaciones, que tienen otra actividad laboral. Su mandato es de seis años, pero se renueva parcialmente cada tres. A día de hoy lo preside Francisco de Miguel Pajuelo, letrado de la Administración y la Seguridad Social, con Guillermo de Blas como secretario, y como vocales Eva María Fernández Cifuentes, Pilar Juárez Pérez, Alfonso Ramos de Molins, Marina Adela Porta Serrano y Jaime Caravaca Fontán.
Sus procesos suelen ser lentos. La razón es que sus decisiones pueden ser recurridas en la jurisdicción contencioso-administrativa y tratan de amarlas de manera contundente. En el caso de Rubiales, aún más. La denuncia elevada por el CSD califica el beso del presidente a Jenni Hermoso de un acto de «abuso de autoridad» -tal y como lo describió Bonmatí- recogido en la Ley del Deporte como falta «muy grave». También se acusa al dirigente de haber protagonizado «actos notorios y públicos que atentan a la dignidad y el decoro deportivo» por sus gestos en el palco. En este caso la legislación los tipifica como falta grave.
Si el TAD no ve «abuso de autoridad», el CSD no puede iniciar la inhabilitación de Rubiales. Y a eso se acoge el Gobierno cuando se le acusa de inacción hasta por su propia vicepresidenta, Yolanda Díaz. El ministro de la presidencia, Félix Bolaños, asegura que el Ejecutivo hizo «todos los trámites que tenía que hacer», mientras que la ministra de Defensa, la magistrada Margarita Robles, pide «dejar trabajar, tranquilamente, al TAD».
Conflicto de intereses
Sin embargo, la denuncia del CSD fue precipitada, sin todos los datos que tenía en su poder y que el tribunal le reclamó después, demorando así un proceso que conocen muy bien quienes han estado al lado de Luis Rubiales estos años. Miembro del TAD fue el secretario general Andreu Camps y también Tomás González Cueto, asesor jurídico externo de la Real Federación Española de Fútbol y defensor del presidente suspendido en algunas causas judiciales que tiene abiertas. De hecho, uno de los vocales del TAD, Jaime Caravaca, es socio del bufete GC Legal, cuyo socio director y fundador es González Cueto, de ahí la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte haya denunciado el potencial conflicto de intereses.
Pero hay más sombras de sospecha. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) recuerda que Caravaca es también sobrino de Ramón Caravaca, administrador y único accionista de la inmobiliaria Egmont 2008 SL, la empresa que pagó el presunto espionaje sobre David Aganzo, presidente de AFE y de Fifpro.
Este caso, remitido hace un año al CSD y a los tribunales, llega ahora a la mesa del TAD. El Gobierno no había elevado ninguna de las denuncias por la gestión de Rubiales amparándose en las diligencias abiertas en la justicia ordinaria, pero en este momento quiere apuntalar su acusación para lograr así la apertura de un expediente que permita la inhabilitación.
Según confirmó a este diario, el Tribunal tiene en su poder ya las acusaciones por los contratos con Gerard Piqué para llevar la Supercopa a Arabia, y sus comisiones, la ayuda al alquiler de 3.000 euros que cobraba Rubiales pese a vivir en Madrid y el presunto espionaje.
Engordar el caso Rubiales y convertirlo en una revisión de toda su gestión, nunca puesta en duda por el Gobierno, puede acabar demorando los plazos de resolución y socavar la imagen del Gobierno español, si la FIFA, que tiene suspendido al presidente hasta el 24 de noviembre, concluye antes su expediente y le aplica una inhabilitación que puede alcanzar los 15 años.
