El grupo de animación conocido como ‘Barcelona con la selección’ compró, en un canal exclusivo y con un 40% de descuento sobre el precio oficial, casi 1.900 entradas para ver el partido España-Egipto del pasado martes en Cornellá. Esas entradas se concentraban en los sectores 108, 109 y 110 del ‘Gol Cornellá inferior’, es decir, del fondo donde se iniciaron los cánticos islamófobos que han marcado la agenda política del día después. Así se recoge en los primeros informes que los organizadores y los investigadores manejaban ayer en busca de los culpables del inicio de los insultos, que se sitúan en ese fondo y que se trasladaron mayoritariamente, en las dos primeras ocasiones, al resto de la grada.
Este grupo de aficionados intentó, además, según diversas fuentes, entrar al estadio con equipos profesionales de grabación de imagen, así como con mástiles para banderas y megáfonos, algo que fue rechazado por la Federación. A cambio, la organizadora del partido les ofreció bombos para sostener la animación en el estadio, pero no se pudieron entregar por no querer el grupo dar a cambio los datos solicitados para ese préstamo (Nombre completo, DNI y número de teléfono). También se desactivó el sistema de megafonía que tiene el estadio, algo que, según estos primeros informes, no sentó bien a los hinchas de este grupo, que manifestaron su descontento.
Es habitual que la Federación, cuando alquila un campo, entre en contacto con grupos de aficionados, o de animación, del estadio en cuestión para intentar que el partido de España tenga buen ambiente. Esta vez fue con ‘Barcelona con la selección’, que ya por la mañana había emitido un comunicado desvinculándose por completo de los cánticos. En su página web se definen como un colectivo “apolítico” que sólo quiere animar a la selección nacional absoluta cuando juegue en Barcelona.
Por otra parte, fuentes de la Federación han explicado que desde el primer momento tomaron la iniciativa para tratar de frenar esos cánticos por una doble vía. Por un lado, entrando en contacto con los cabecillas de ese sector de aficionados a través de un grupo de guardias de seguridad que ya les conocen y, por otro, trasladando al cuarto árbitro, a través de un alto cargo de la Federación, lo que estaba ocurriendo (los árbitros eran búlgaros). Siempre según esta versión, fue el equipo arbitral el que abogó por retrasar el mensaje pidiendo el cese de los cánticos al descanso.
Son varias las instituciones que están recabando datos. La más importante, cómo no, los Mossos d’Esquadra, que anunciaron una investigación de oficio para tratar de identificar a todas aquellas personas que instigaron las proclamas islamófobas. “Musulmán el que no bote”, fue el más repetido y coreado.
En concreto, la Comisaría General de Información de la policía catalana ha abierto una investigación en el ámbito penal y trabaja de forma coordinada con la Fiscalía de Odio y Discriminación, que es la encargada de determinar si los hechos pueden constituir un delito de odio.
Los investigadores analizan imágenes y vídeos sobre lo ocurrido la noche del martes para tratar de indagar acerca de su origen y saber quién estuvo detrás, según informaron fuentes policiales. Para ello se dispone de la información de la Unidad de Coordinación Operativa, el centro neurálgico de seguridad durante cualquier partido que monitoriza todo lo que ocurre dentro y fuera del campo. Además, también se rastrearán redes sociales y cualquier cadena de vídeos, imágenes o mensajes que puedan ser de utilidad para proceder a las identificaciones. La Fiscalía no ha abierto diligencias porque ya lo han hecho los Mossos, que presentarán un atestado directamente a los juzgados cuando tengan toda la información.
Si la vía penal no prospera, se analizará una posible actuación en el ámbito administrativo, en aplicación de la Ley 18/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que sanciona las conductas de los espectadores en eventos deportivos. En este caso, sería la Dirección General de Administración de Seguretat, dependiente del Departamento de Interior de la Generalitat, que investigará si cabe interponer sanciones en base a la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Las dos vías son independientes, pero se coordinan.
Por otro lado, la FIFA es la responsable de adoptar las medidas disciplinarias que considere -multas de hasta 21.000 euros y un hipotético cierre parcial del aforo del estadio en el siguiente encuentro- en caso de investigar de oficio. Más allá de las hipotéticas sanciones, la polémica no es una buena imagen para la RFEF, que organiza con Marruecos el Mundial de 2030.
