En la guerra de susurros que se ha desatado en la Federación española, este lunes se ha escapado uno de ellos, aquel que venía sugiriendo, desde finales de la semana pasada, que durante la que está en curso se oficializaría la convocatoria de las primeras elecciones que debe afrontar el organismo en este 2024. Pedro Rocha, el presidente de la Comisión Gestora, ha convocado a este órgano de gobierno para el miércoles a las 16.00 horas “con carácter de urgencia”. ¿El motivo? Convocar elecciones con la actual Asamblea.
Esta reunión estaba prevista para el pasado día 20 de marzo, pero justo esa mañana la Guardia Civil irrumpió en las oficinas de la Ciudad del Fútbol para llevar a cabo los registros en el marco de la Operación Brody, en la que se investiga a Luis Rubiales y a parte de su ejército de confianza, que seguía en la Federación, por contratos irregulares, especialmente con la constructura Gruconsa.
Ese mismo día, Rocha suspendió la reunión que ahora se va a llevar a cabo el próximo miércoles. Según fuentes federativas, Rocha presentará su dimisión, paso imprescindible para presentar su candidatura a este proceso. Conviene insistir en que esta primera votación será para elegir a quien dirija la Federación hasta después de los Juegos Olímpicos, cumpliendo el mandato de cuatro años que le fue otorgado a Rubiales el 21 de septiembre de 2020.
En un primer momento, la intención de Rocha y de la Gestora, de acuerdo con el Gobierno y la Liga, era omitir este paso y convocar un proceso electoral completo (con renovación de la Asamblea incluido) para el último trimestre del año. Para ello elaboró un reglamento electoral ‘ad hoc’ que fue censurado por el TAD (Tribunal de Arbitraje Deportivo). En su dictamen, el TAD advirtió de que la Comisión Gestora sólo puede convocar elecciones para elegir presidente y no un proceso electoral completo.
Más incertidumbre
El TAD precisamente tiene ahora en su tejado el futuro de Rocha, que está decidido a presentarse, ignorando que todos los escándalos federativos de los últimos años lo encuentran a él en una posición en la que resulta casi imposible eludir las responsabilidades. Fue vicepresidente económico desde finales de 2020 con Rubiales y con él ya al mando de las operaciones se concedió un contrato a Gruconsa, la empresa investigada, hace poco más de un mes.
Sólo podrá presentarse si el TAD no atiende la petición razonada del Consejo Superior de Deportes (CSD) para que decida si abre o no expediente sancionador a los miembros de la Gestora, y a Rocha, por haberse extralimitado de sus funciones. Esta petición razonada, informa Efe, es fruto de la denuncia de Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), quien había solicitado al secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, a través de un burofax, la inhabilitación de Rocha y los miembros de la comisión, vía incoación de un expediente del TAD.
Galán, por cierto, ya ha anunciado que también va a impugnar las elecciones que se van a convocar el miércoles porque, dice, el 40% de los miembros de la Asamblea han perdido su condición, unos, como Luis Enrique o Jorge Vilda, porque ya no son seleccionadores, y otros, caso de algunos árbitros retirados, porque no ejercen la función por la que fueron elegidos asambleístas. En resumen, más ruido y más incertidumbre.
