El juez que instruye el ‘caso Negreira‘ ha acordado ampliar la investigación a todos los auditores que durante casi dos décadas pasaron por alto los pagos del FC Barcelona al número dos de los árbitros. El magistrado Joaquín Aguirre ha decidido, a petición de la Guardia Civil, extender las pesquisas a todos los informes de auditoría del club correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2003 y 2018.
El Instituto Armado ha solicitado la “identificación del auditor de cada informe” así como “el fundamento de la opinión del auditor con salvedades o el fundamento de la opinión desfavorable, en cada caso”. Como normal general, estos análisis contables no alertaron del pago de casi ocho millones de euros a José María Enríquez Negreira y sólo alguno de estos informes, como el revelado por EL MUNDO elaborado por KPMG tras la primera etapa de Joan Laporta como presidente azulgrana, se limitó a advertir que éste había disparado sin justificación alguna la facturación de Negreira.
Los investigadores reclaman, además, al FC Barcelona “certificación de la manifestación que el auditor haya incluido en cada informe, conforme a que se han obtenido las evidencias suficientes para realizar la auditoría”. Para ser más exactos, el juez Aguirre pide al club que conteste si los auditores “han tenido a la vista las facturas recibidas de las sociedades Dasnil 95, Nilsad, Soccercam, Tresep 2014, Radamanto y Best Norton, todas ellas controladas por Negreira, su hijo y el ex alto cargo del Barça ya fallecido, Josep Contreras. Esto es, si a la hora de llevar a cabo sus informes el club les comunicó la existencia de estas operaciones o, por el contrario, se las ocultó deliberadamente. Asimismo, el juez instructor reclama “la descripción realizada en cada informe de los riesgos más significativos por fraude”.
La Guardia Civil deja constar en uno de sus últimos informes que ya obran en su poder auditorías realizadas por Kroll, KPMG o Deloitte y que ha recibido “ingente documentación” de “diferentes entidades” como el propio club catalán o la Agencia Tributaria.
El juez se encuentra investigando, en paralelo, la actuación de los cargos intermedios del club que participaron en los pagos al histórico dirigente arbitral para “acreditar la autoría de los mismos” y “determinar las personas físicas responsables de los delitos objeto de investigación”.
En estos momentos el Juzgado de Instrucción número uno de Barcelona mantiene como investigados a los últimos presidentes del Barça, Joan Laporta, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, así como a la propia entidad y a varios directivos. Les atribuye delitos de corrupción deportiva o cohecho, entre otros, en el que constituye el mayor escándalo de la historia del fútbol español.
