Todos los actores, principales y secundarios, implicados en la gestación terminan sus explicaciones con una frase similar: “Es la solución menos mala”. Aluden así al anuncio, ayer, de la creación, por parte del Gobierno, de una “Comisión de supervisión, normalización y representación” para “corregir la grave situación que atraviesa la RFEF y para que la entidad pueda iniciar una etapa de regeneración bajo un clima de estabilidad e institucionalidad”. Es decir, la fabricación, artificial, de un órgano que estará por encima, o al menos en paralelo, a quien vaya a ostentar el poder en la Federación. El anuncio, filtrado en la noche del miércoles, hizo público un pacto entre todos los actores del fútbol español que venía gestándose desde hace semanas.
Fueron conversaciones a muchas bandas entre el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Liga, el Comité Olímpico Español, algunos presidentes de Federaciones territoriales… y el propio Rocha. Conviene subrayar que ni UEFA ni FIFA han participado.
La ministra de Deportes, Pilar Alegría, ha estado muy encima del tema, con conversaciones diarias con el secretario de Estado, Rodríguez Uribes. Para el Gobierno, hubo un momento en que lo prioritario era deshacerse de él, de Rocha, pues le consideran un símbolo más del rubialismo. De hecho, los más cercanos al extremeño en Las Rozas deslizaron el mismo día de su declaración ante la jueza de la ‘Operación Brody‘ que todo (el paso de testigo a investigado) obedecía a una maniobra del Ejecutivo para impedirle ser presidente de la Federación. Pero esa mutación no era suficiente, pues sólo una sentencia condenatoria firme inhabilita para el cargo.
De modo que se activaron las denuncias de Miguel Galán ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Una de ellas derivó en un expediente por falta “muy grave”, puerta abierta a la suspensión provisional por parte del CSD. Sin embargo, los servicios jurídicos advirtieron de un escollo legal: Rocha, hoy, no ostenta cargo alguno en la Federación, de modo que su suspensión generaba dudas. Eso, unido a que era el único candidato a presidir la Federación (consiguió 107 avales de casi 140 posibles), unido a que FIFA y UEFA tampoco iban a consentir una acción unilateral, unido también a que el sistema de elección es el que es (un sistema puramente clientelar) ofrecían muy poco margen.
Hace ya algunas semanas, un personaje importante en el deporte español hablaba en privado de crear “una comisión que tenga buena imagen, que tutele las elecciones”. Esa idea fue calando en el Gobierno, que finalmente lo hizo tal cual. Y lo hizo remitiendo a la Ley del Deporte. En su artículo 1.2, el texto dice que “corresponde a la Administración General del Estado la representación del deporte español y la supervisión pública del sector en aquellos aspectos que se consideran de interés general para el Estado”. En el artículo 11, reconoce el deporte como “un bien de interés público estatal”. Así las cosas, a través de una resolución del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, aludiendo a esos dos artículos, es como cree el Gobierno haber encontrado el amparo jurídico.
Un papel secundario para Rocha
El pacto incluye a Rocha, que acepta el papel secundario que le otorga el Gobierno. Si nada se tuerce, será presidente (de una Junta Directiva o de una Comisión Gestora) hoy o el próximo lunes, pero lo será de puertas para dentro. No aparecerá en ningún lugar público (no lo ha hecho nunca) y la cabeza visible de la Federación será la persona, conocida por el gran público, que acepte la propuesta de formar parte de esa comisión. Vicente del Bosque, el primer nombre filtrado, de momento no dice nada, aunque quienes le conocen lo dan por imposible.
A esa figura pública reconocida le acompañarán “personas independientes de reconocido prestigio”, que tutelarán un proceso en el que se les pide a Rocha y a sus apoyos que mantengan un perfil bajo y se dediquen solamente “a la mera administración ordinaria de la entidad, tal y como exige la ley”. Con esta frase tratan en el Gobierno precisamente de calmar los nervios de UEFA y FIFA porque, pese a que desde la Federación filtraron a medios afines que ambos organismos estaban al tanto del movimiento, lo cierto es que no era así.
Una importante fuente de FIFA decía a este periódico, por la mañana, que ese organismo no había dado el visto bueno a nada. A media tarde, mediante un comunicado conjunto, esta postura se confirmaba. UEFA y FIFA expresaron que siguen esto con “gran preocupación” y que pedirán “más información” para garantizar la autonomía de la Federación. Si de verdad hubiesen dado el visto bueno, no pedirían “más información”.
Fuentes del CSD matizaban que Uribes y el secretario general de FIFA, Mattias Grafsröm, habían conversado acerca del caso de la Federación italiana en 2006, cuando el Gobierno del país intervino la Federación por el Calciopoli (la corrupción sistémica en las designaciones arbitrales). “En aquella ocasión, ese movimiento tuvo el visto bueno de los órganos rectores del fútbol a nivel internacional”, decían esas mismas fuentes. A juzgar por el comunicado de FIFA y UEFA, el visto bueno al caso italiano en 2006 todavía no ha llegado para este pacto improvisado en España en 2024.
