El Nástic de Tarragona ha interpuesto una querella contra el colegiado que le arbitró en su playoff‘ de ascenso a Segunda División, al que acusa de amañar el encuentro de vuelta en su contra. El conjunto catalán sostiene en su denuncia que el árbitro “falseó” el acta del partido que disputó contra el Málaga, C.F., el pasado 22 de junio, en el que estaba en juego el ascenso de categoría, y que adoptó un sinfín de decisiones para favorecer a su rival, que acabó ascendiendo tras marcar al final de la prórroga.
En dicho encuentro, que finalizó con empate a dos, a juicio del Nástic “se produjeron incidencias de gravedad” tales como la “falsedad en el acta arbitral”. “Al finalizar el partido, el árbitro, Eder Mallo Fernández, confeccionó el acta correspondiente” y “en la misma se indica que finalizado el tiempo reglamentario fue precisa la realización de la prórroga reglamentaria para resolver cuál de las dos escuadras ascendía de categoría”, explica la denuncia a la que ha tenido acceso EL MUNDO. En el mismo documento, el colegiado señaló que tuvo que acceder a los vestuarios “gracias a la ayuda de la fuerza pública” y añadió que llegó a temer por su “integridad física”. Estos incidentes motivaron una sanción de cuatro partidos para el equipo tarraconense.
La querella contrapone el acta arbitral con el informe que elaboraron los Mossos d’Esquadra ese mismo día, en el que se concluye que “en ningún momento se vio comprometida la integridad física de los árbitros ya que su vestuario se encuentra en un pasillo de acceso restringido con vigilantes de seguridad”. Pero es que, además, el Nástic aporta al juzgado un informe elaborado por la agencia de detectives Francisco Marco & Co, en el que figura una conversación mantenida por el árbitro con los detectives en la que “desmiente su propia acta arbitral”.
Cena privada
De manera paralela, el Nástic arguye que el colegiado “predeterminó y alteró el resultado” del encuentro. Para justificar este apartado, el club esgrime de nuevo un informe de la referida agencia de investigación privada, que señala cómo “en una cena previa a la celebración del partido, determinadas autoridades de Andalucía y de la ciudad de Málaga que se habían trasladado a Tarragona manifestaron que tenían el partido controlado y que lo único que les preocupaba era la reacción del público”. Para ello aluden al testimonio de la dueña del restaurante al que acudieron.
También refieren los detectives en su informe el testimonio de los camareros de un bar al que supuestamente acudió el colegiado la noche anterior, el Sports Legends Tavern de Salou. Uno de estos empleados sostiene que el árbitro llegó a asegurar que le tenía “la matrícula tomada” al número tres del Nástic, que resultó finalmente expulsado en el minuto 63 del partido. A su vez los detectives recogen que el árbitro se dedicó a pronunciarse de forma despectiva sobre la ciudad de Tarragona.
Junto al informe de los detectives, el Nástic aporta otro más, esta vez del ex colegiado Xavier Estrada Fernández, célebre durante los últimos tiempos por denunciar el caso Negreira. Este ex árbitro de Primera División sostiene que el colegiado adoptó decisiones “inexplicables desde un punto de vista reglamentario”. Como ejemplo pone que los jugadores del equipo catalán “recibieron cinco tarjetas amarillas y una roja por ninguna de los jugadores del Málaga”. Al tiempo que señala “más de 13 errores arbitrales flagrantes” y “un patrón de favoritismo que se va acrecentando a medida que el resultado del partido es desfavorable al ascenso del Málaga”.
Por todo ello, el Nástic considera que sufrió un perjuicio económico de 47.964 euros y reclama 5,4 millones en concepto de lucro cesante al tiempo que atribuye al colegiado un delito de corrupción deportiva.
«Vamos allá. Vamos a meter valores en el Excel a ver qué nos queda. La primera prueba de las 800 que haremos hasta que nos cuadre con el resultado». María Tato, directora de la Candidatura del Mundial 2030 en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se dirigió en estos términos al resto de evaluadores en la caótica reunión que mantuvieron el 25 de junio de 2024 en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas.
De ese encuentro salió la primera clasificación, que incluía el estadio de Balaídos entre los 11 estadios elegidos. Sin embargo, dos días después, tal y como ha desvelado este periódico, se modificó la puntuación para dejar caer al estadio gallego y dar entrada al vasco de Anoeta.
La alteración en las puntuaciones se llevó a cabo sin que se volviera a reunir el equipo del Mundial 2030 y sin que se justificara debidamente el cambio, que variaba por completo el resultado de la votación.
EL MUNDO ha tenido acceso en exclusiva a la grabación de la reunión en la que se puntuaron las sedes del Mundial que organizará España junto a Portugal y Marruecos. La cita se celebró en el despacho del ex jugador del Real Madrid y ex responsable del equipo organizador, Fernando Sanz, y le acompañó Joana Soares, del Área de Estrategia.
A lo largo de unas tres horas, los presentes, a los que se incorporó posteriormente otra empleada federativa, Marta Alcalde, fueron analizando las diferentes sedes y puntuando de manera confusa y desordenada. «Vamos a ir dando puntuaciones y ya está», dijo Tato. «Las que des tú, están bien», indicó Sanz.
"Estamos tardando la de Dios"
«Empezamos con Riazor», coincidieron los evaluadores, mientras fueron leyendo los diferentes criterios de puntuación sin ponerse de acuerdo ya desde el inicio en qué querían decir exactamente. De esta forma comenzaron a discutir, por citar algunos ejemplos, sobre el plazo de finalización exacto de las obras de los estadios o las infraestructuras de las ciudades y se fueron alargando en la interpretación de los criterios mucho más de lo previsto. «Con un estadio estamos tardando la de Dios», advirtieron, al ver que el proceso se iba a alargar indefinidamente.
«Aquí la que se conoce los aeropuertos soy yo», terció Tato como máxima responsable, que llevó en todo momento la voz cantante, en referencia las conexiones entre las diferentes sedes mundialistas. «El aeropuerto de Coruña es pequeño, es la mitad que el de Bilbao, es muy pequeñito [...] (Conexión) con Marruecos no tienen una mierda», incidió a la hora de valorar esta cuestión.
El análisis de los criterios se fue complicando hasta provocar que los miembros del grupo de trabajo del Mundial perdieran los nervios al no tener claro de qué manera calificar. Tato expuso: «Vamos a meternos en la cabeza un criterio que nosotros consideramos 5 (puntos)». «Pues yo no tengo claro cuáles son los criterios de los aeropuertos», indicó otra de las presentes, ahondando en el desconcierto. De tal forma que los evaluadores coincidieron, por señalar otro ejemplo, en que no entendían bien los baremos de la FIFA en relación con las conexiones entre sedes y que llegaban a ver incluso criterios que estaban «duplicados».
«¿Tren tiene Coruña? ¿Sí, no? Pues ponle un 10»
«¿Tren tiene Coruña? ¿Sí, no? Pues ponle un 10», sentenciaron, intentando agilizar el ritmo del proceso de puntuación. «Esto va a ser más lento de lo que íbamos a pensar», se quejaron todos al tiempo que Tato advirtió de que «esto hay que mirarlo porque no es ponerlo a huevo, creo».
«No hay que tener tanto miedo», indicó Sanz, intentando desatascar la situación. El grupo de trabajo del Mundial también abordó cuestiones como si las sedes habían albergado acontecimientos deportivos o de otro tipo relevantes durante los últimos años. «¿Un concierto de Guns N' Roses es relevante?», se preguntaron. «No sabemos cómo interpretarlo», concluyeron. «Está muy mal explicado», consensuaron.
El proceso de puntuación se fue enrevesando entre problemas de comprensión de los baremos, la urgencia por tener listas las puntuaciones y la falta de información sobre las sedes hasta desembocar en escenas en las que los evaluadores llegaron a perder la compostura. «María, no te líes, coño, por no repetir todo 70 veces. ¿Cuenta con el certificado ambiental? Pues 20. Tira».
«Es que no tiene ningún tipo de sentido lo que han adjuntado, te cuentan aquí la historia de Las Palmas», se quejó Alcalde, en referencia a otro de los apartados al comprobar que una de las ofertas, en lugar de cuestiones técnicas, incluía referencias históricas.
María Tato, responsable evaluadora del Comité Técnico.RFEF
De aquella reunión salió finalmente un Excel con un ránking de puntuaciones en el que resultaban elegidos 11 estadios. El último clasificado era el del Celta de Vigo con una puntuación de 10,2004 puntos, superando a Anoeta, que quedaba en ese momento fuera, con 10,1226.
Sin embargo, apenas 48 horas después, el equipo evaluador retocó el Excel alterando la puntuación del estadio donostiarra, que pasó de golpe a tener una puntuación de 10,6026 (hasta ese momento disponía de 10,1226). De esta manera superaba a Vigo, dejando en el lugar número 12 a la opción gallega, que quedaba automáticamente eliminada.
Sanz intervino en la fase de evaluación pero no en la confección y modificación posterior de las puntuaciones. No en vano, ha explicado a este periódico que sólo tuvo conocimiento de la segunda clasificación y, en ningún caso, de la primera. Por lo que se considera una «víctima» si el proceso liderado por Tato alberga irregularidades.
En el caso de Anoeta esta empleada federativa modificó al alza uno de los subfactores, vinculado al proyecto técnico, pasando de 15 a 20 puntos. Concretamente el Subfactor A1, que llevaba por título: «Considerar el nivel de intervención que debe llevarse a cabo». Este subfactor representaba el 30% de la valoración total de este apartado.
Otro correo electrónico a Louzán
Tato recibió en su correo electrónico las dos versiones de los Excel el 27 de junio a las 15.16 horas, tal y como acredita la documentación que obra en poder de este periódico.
Que la opción de Vigo estaba incluida en los primeros planes de la RFEF lo ratifica, además, otro correo electrónico que obra en poder de este diario, que fue remitido por María Tato al actual presidente y entonces vicepresidente, Rafael Louzán, el 26 de junio. «Querido Rafa, te escribo unas líneas sobre la situación actual, siguiendo tus indicaciones para poder informar al detalle a Pedro (Rocha, entonces presidente de la RFEF)». Tato le contó a Louzán los «criterios de baremación» que habían estado empleando, «basándonos en los usados por la FIFA en el último mundial elegido: Brasil 2027 Femenino».
Le resumía que habían valorado en un «80» los «criterios técnicos» y en un «20% los documentales», pero que el Gobierno había terciado pidiendo que se introdujeran, además, «criterios estratégicos». que debían contar con un peso de un 35%. Le indicaba que el Ejecutivo quería premiar la «vecindad», es decir, «aquellas sedes que estén cerca de la frontera de los otros dos países» y que ese criterio «únicamente afecta a Vigo».
Por lo que, con la propuesta gubernamental, «garantizan la sede de Vigo», subrayaba. Por último, le apercibía de que la información que le facilitaba era «únicamente a efectos de su conocimiento y del presi», que «no se debe filtrar nada» y que contenía «datos no confirmados, sólo propuestos» hasta ese momento, ya que estaban analizando si aplicaban la modificación de los baremos propuesta por el Ejecutivo.
«Rogamos nos deis indicaciones, en caso de no recibir ninguna entendemos que podemos proceder»
Pese a ello, el 28 de junio, esta trabajadora de la RFEF remitió la clasificación retocada en favor de Anoeta a los miembros del Comité Ejecutivo de la candidatura mundialista y desechó la versión inicial que favorecía a Vigo y las indicaciones gubernamentales. Lo hizo en un correo remitido a las 12.43 horas.
«Estos son los documentos de trabajo con los que hemos realizado la elaboración del listado de las sedes seleccionadas», comunicó a otros responsables federativos como Elvira Andrés, Manuel Lalinde o Jorge Mowinckel. «Asimismo, adjuntamos el Excel con la valoración», añadió.
«Según nuestros cálculos, existen tres candidatas que no se evalúan ya que no han firmado requisitos fundamentales de la FIFA, como puede ser el acuerdo del estadio o de la ciudad por causas relacionadas con la negociación de las cláusulas de dichos acuerdos con FIFA». Se refería a «Gijón, Murcia y Valencia». «Asimismo -agregó- la sede de Vigo tendría la menor puntuación».
María Tato, en 2019, durante su etapa como vicepresidenta del Athletic.LUIS TEJIDO
Tato urgió a sus compañeros porque dijo que tenía que presentar el listado definitivo de sedes «en dos horas». «Rogamos nos deis indicaciones, en caso de no recibir ninguna entendemos que podemos proceder adelante con esta selección».
La referida selección acabó siendo definitiva y la RFEF la hizo pública varias semanas después. El viernes 19 de julio mediante un comunicado se anunciaban los estadios que «serán incluidos como candidatos a albergar encuentros en España de la Copa del Mundo FIFA 2030 tras el trabajo desarrollado durante los últimos dos años por el Comité Ejecutivo para nuestro país de la candidatura conjunta con Marruecos y Portugal, en el que está integrado el Gobierno a través del CSD».
La RFEF desvelaba, además, que se había «analizado» la posibilidad de «ampliar hasta 13» el número de estadios, pero que las federaciones portuguesa y marroquí habían «considerado que debe respetarse la normativa FIFA, donde se establecen 20 sedes como máximo».
De tal manera que las sedes elegidas fueron finalmente los estadios de Anoeta, Camp Nou, Gran Canaria, La Cartuja, La Rosaleda, Metropolitano, Nueva Romareda, Cornellá-El Prat, Riazor, San Mamés y el Santiago Bernabéu.
La juez reactiva el caso Negreira con las testificales del presidente del Barça, Joan Laporta, y de los ex técnicos del club azulgrana Ernesto Valverde y Luis Enrique. Los tres están citados este viernes para aclarar, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el «motivo de los pagos» librados por el Barça a las «sociedades instrumentales» del histórico número dos de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira, que superaron los ocho millones en dos décadas.
El Ministerio Público ha impulsado recientemente las pesquisas, que se encuentran abiertas desde hace dos años, al solicitar que comparezca, en primer lugar, Laporta para que explique la razón por la cual pagó a Negreira durante su primera etapa al frente del club, entre 2003 y 2010.
Un periodo en el que no sólo abonó facturas a las sociedades instrumentales Dasnil 95, Nilsad y Soccercam, como también hicieron otros presidentes de la entidad, sino que disparó la facturación de quien entonces era el número dos del estamento arbitral en España.
No en vano, y tal y como desveló EL MUNDO, la auditora KPMG advirtió al Barcelona en octubre de 2010 que Laporta había «elevado un 102% los pagos a Negreira» sin justificación. Dicho informe detalló que los abonos a una de las sociedades de Enríquez Negreira (Nilsad) se elevaron de forma considerable bajo el concepto de «grabación de partidos disputados por la selección española sub'21 y por la selección absoluta en la Copa Confederaciones celebrada en Sudáfrica». En concreto, por esas grabaciones los abonos a Nilsad pasaron de 245.000 euros a 494.000 euros en un solo año.
La auditora señalaba además que el Barça sostenía un «contrato» basado en el «asesoramiento de vídeos técnicos» que la investigación judicial pone en cuarentena. Nilsad tenía una tarea que consistía en «observación y visionado de jugadores», abundaba la auditoría.
Este informe fue encargado por Sandro Rosell y su equipo al llegar a la presidencia del Barcelona y fue entregado por KPMG a los cuatro meses de la salida de Laporta de la presidencia del club azulgrana.
Los técnicos declararán por video
Los pagos a Negreira se extendieron hasta 2018 y cesaron en el momento en el que la RFEF cambió a los miembros del CTA y despidió al propio Negreira.
En el caso de los técnicos, que declararán por videoconferencia a diferencia de Laporta, que lo hará de forma presencial, Anticorurpción incide en que el Barça pagó también bajo el pretexto de teóricos informes sobre los colegiados que dirigían los partidos del Barça elaborados por el hijo de Negreira y quiere determinar si dichos análisis existieron.
Quien ya prestó declaración sobre estos hechos ante la Guardia Civil fue el actual entrenador del Athletic Club de Bilbao, que explicó que durante el tiempo que dirigió a la primera plantilla, entre julio de 2017 y enero de 2020, nunca tuvo conocimiento de informe arbitral alguno procedente de la familia Negreira.
Es más, añadió que no le hacían ninguna falta porque conoce perfectamente a los árbitros de Primera División y que no necesita un asesoramiento externo para preparar los partidos. Por este motivo el Instituto Armado ya concluyó que los análisis confeccionados por el hijo del ex dirigente arbitral «carecen de justificación para unos pagos que se realizaron, supuestamente, para recibir un asesoramiento» y los tildaba de «poco creíbles».
El pasado mes de septiembre declaron como investigados los ex presidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, que defendieron la supuesta relevancia de las asesorías de los Negreira e incidieron en que el Barça no necesitaba de ayuda al tener «el mejor equipo del mundo».
