La incógnita se ha resuelto este martes, y será el próximo día 29 de abril, lunes, cuando el ex presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, acuda a prestar declaración, en calidad de investigado, ante la juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo. También se ha hecho pública la citación, esta vez en calidad de testigo, de Pedro Rocha, hasta el pasado miércoles presidente de la Comisión Gestora que había sustituido a Rubiales cuando fue inhabilitado por FIFA a finales de agosto.
Rubiales está siendo investigado por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, tal y como se recoge en el sumario, el que ha tenido acceso EL MUNDO.
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La Guardia Civil sostiene que el ex presidente de la RFEF desvió al menos 3,8 millones de euros a la constructora Gruconsa y a la sociedad que explota el estadio de La Cartuja en Sevilla entre los ejercicios 2020 y 2022. Añade que esta empresa, a renglón seguido, transfería parte del dinero a una sociedad controlada por un íntimo amigo y socio de Luis Rubiales, Francisco Javier Martín Alcaide, alias Nene, bajo la denominación de Dismatec. Por último, los investigadores han acreditado que el propio Rubiales ha venido percibiendo fondos procedentes de las sociedades de su amigo en forma de “beneficios”.
Tras los registros llevados a cabo en su domicilio y en la sede de la Federación el pasado 20 de marzo, y una vez analizada toda la documentación por la UCO, la juez ha puesto fecha a la esperada declaración del ex presidente.
No hay rastro de ella en la página web de la Federación Española, y tampoco se ha hecho pública su convocatoria, pero para el próximo día 10 de febrero, lunes, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha convocado una Asamblea General Extraordinaria a las 12.30 de la mañana. Fuentes conocedoras del proceso sitúan en el 9 de enero la convocatoria, y ese sigilo alrededor de la reunión provoca extrañeza en algunos sectores, entre ellos el Gobierno.
En el orden del día de esa asamblea, hecho público por Mundo Deportivo, se tratarán varios temas, entre ellos el «presupuesto para el año 2025 y ratificación de la retribución establecida para el Presidente». Sin embargo, el punto más llamativo es el 6: «Asuntos jurídicos». Y más concretamente el 6.1: «Adaptación de los Estatutos a la normativa vigente y modificación». ¿Qué parte de los Estatutos quiere modificar Louzán? Esa información tan concreta sólo la tienen un puñado de personas muy cercanas al presidente, pero pocos creen que los movimientos no tienen relación con el 5 de febrero, es decir, cinco fechas antes de esa asamblea.
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Ese día, el 5 de febrero, a las 10.30 horas, se celebrará en el Tribunal Supremo la vista del recurso de casación interpuesto por Louzán contra la condena a siete años de inhabilitación para cargo público que le impuso la Audiencia de Pontevedra en 2022. Este órgano judicial consideró probado un delito de prevaricación en las obras de un campo de fútbol. En esa vista del próximo miércoles, el Supremo escuchará a las dos partes, recurrente y recurrida (y al Ministerio Fiscal si así lo solicita) y unos día o semanas después emitirá su veredicto. Previsiblemente antes de que se produzca el fallo será la asamblea de la Federación.
Si el Supremo le da la razón a Louzán, tendrá el camino libre para cumplir sus cuatro años como presidente, aunque siempre con el Gobierno atento a cualquier desliz. Pero, si el Supremo no le da la razón y confirma la inhabilitación, su salida debería ser inmediata. Por varios motivos, todos ellos amparados en la legislación vigente:
1. La Ley del Deporte. En su artículo 60.6 dice textualmente: «Cuando la persona titular de la presidencia o cualquier miembro de la junta directiva de una federación o liga profesional sean condenados por sentencia firme, deberán abandonar el cargo de forma inmediata, notificando tal circunstancia al Consejo Superior de Deportes». Esta misma Ley, además, permite al Consejo Superior de Deportes, es decir, al Gobierno, «suspender motivadamente, de forma cautelar, a la presidencia o a los demás miembros de los órganos directivos, cuando se incoe contra estas personas expediente sancionador como consecuencia de presuntas infracciones calificadas como muy graves». Parece obvio que una condena de este estilo sería considerada una infracción «muy grave».
2. Los Estatutos de la Federación, que en su artículo 19, referido a los requisitos para ostentar la condición de miembro de los órganos de la RFEF, establece, en su punto cuarto, lo siguiente: «No estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos».
El presidente, junto al seleccionador.EFE
Sus no partidarios, que los hay en la Federación, sospechan que va a intentar algún movimiento para seguir en el cargo pase lo que pase el día 5, como ya hizo para poder presentarse a las elecciones el pasado diciembre. Sus pretorianos, que también los hay, se encargaron de buscar los resquicios legales necesarios para lograr sus objetivos. Por ejemplo, pese a que la Orden Ministerial por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas establece, en su artículo 17.3, apartado B, que para presentarse a presidente es imprescindible «no estar inhabilitado para para el desempeño de cargo público o representación por sentencia judicial firme», esgrimieron esta última palabra, «firme», para justificar su validez como candidato. Efectivamente, la sentencia entonces no era firme, pues quedaba el trámite que ahora aborda el Tribunal Supremo.
MODUS OPERANDI
Siguiendo ese mismo modus operandi, y al margen de la discreción en la convocatoria de la Asamblea, de los alrededores de Louzán también empieza a salir estos días una teoría según la cual, como la sentencia de la Audiencia de Pontevedra (mayo de 2022) es anterior a la Ley del Deporte (diciembre de 2022), no sería aplicable el artículo 60.6 anteriormente explicado. Eso se filtra más allá de que la lógica indique que la sentencia será firme ahora, es decir, en una fecha posterior a la entrada en vigor de la Ley.
«Ya me lo habían comentado, pero es una insensatez. No tiene salida», explica a este periódico una fuente jurídica que conoce muy bien la Federación. Otra vía que sale de las cercanías de Louzán son las palabras «cargo público» recogidas en los Estatutos. Entiende el gallego que el de presidente de la Federación no es un cargo público al no ser un organismo público, jurídicamente hablando, como dictó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en septiembre del año pasado.
El Gobierno permanece alerta. Su postura la dejó clara la ministra, Pilar Alegría: «Si se ratifica esa condena, actuaremos con arreglo a la Ley del Deporte y habrá que convocar elecciones». Un último detalle: cualquier modificación de los Estatutos debe ser aprobada por el CSD, y no parece que vaya a ser el caso. Pero quizá con lo que salga de esa asamblea, Louzán logre ganar, al menos, tiempo.
No lo parece, pero están en marcha las elecciones en la Federación Española de Fútbol. Ocurre que los actores implicados en el proceso están, todos, sumidos en una calma tensa a la espera de acontecimientos. Sobre todo de uno, y es conocer si el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo le concede a Pedro Rocha la suspensión cautelar de la sanción que en junio le impuso el TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) y, por tanto, se puede presentar a las elecciones. Si eso ocurriera, Rocha, con total seguridad, sería proclamado presidente el próximo 16 de diciembre. Si no, se abriría un tiempo de reuniones para buscar, entre las Federaciones territoriales, otro candidato de consenso que perpetúe su poder (el de las territoriales). Pero, en este galimatías, conviene ir por orden.
En junio, el TAD inhabilitó a Rocha para ejercer cargos en Federaciones deportivas durante dos años. El extremeño presentó un primer recurso solicitando la suspensión cautelar de esa sanción, que fue rechazado el 3 de septiembre. Ahora, ante el mismo Juzgado, realiza esta segunda petición para que la inhabilitación quede en stand by a la espera de la resolución del fondo del recurso. Es una cuestión de días, sostienen fuentes judiciales, y más le vale a Rocha que así sea, pues su candidatura debería presentarla el 2 de diciembre como muy tarde. Si el Juzgado le concede esa cautelar y puede presentarse, lo hará y será el vencedor de las elecciones. Todas las fuentes consultadas coinciden: "Es el hombre de consenso de las territoriales y arrasaría". Más allá de que se encuentre investigado en otro proceso judicial, el de la 'Operación Brody', la realidad sería esa. Pero, ¿y si no puede presentarse?
Si eso ocurre, los presidentes de las Federaciones territoriales, que mantienen movimientos muy discretos, buscarían un Plan B para que sea uno de ellos quien dirigiese la Federación durante los próximos cuatro años. Las territoriales más cercanas a Rocha (La Rioja, Galicia, Navarra, Cataluña y Murcia) tratarían de encontrar un nombre, y dos suenan por encima del resto. José Miguel Monje, el presidente de la federación murciana, y Rafael Louzán, el de la gallega. El problema de Louzán es que está condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra por un caso de corrupción y está esperando la resolución de su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Pedro Rocha, cuando acudió a declarar por la 'Operación Brody'.EFE
Otro nombre que suena en los pasillos de Las Rozas -aunque las reuniones entre estos 'barones' se producen casi siempre fuera de la Ciudad del Fútbol- es el de Pablo Lozano, que tiene una cosa a favor y otra en contra. A favor, que está bien visto en el Gobierno por su pasado socialista y, como susurran en Las Rozas, "todo el mundo sabe que no hay injerencias del Gobierno, pero...". En contra, que no es un nombre que respalden la mayoría de sus compañeros. Una tercera vía que podría servir para mantener el poder dentro de la Federación es que todas la territoriales apoyasen al actual secretario general, Álvaro de Miguel, que es quien lleva ahora el día a día de la institución. Un día a día que no está siendo fácil porque, con todos los antecedentes de decisiones, recursos y castigos que hay desde que la FIFA echó a Rubiales, nadie se atreve a tomar decisiones de calado. Sin ir más lejos, LaLiga sigue esperando respuesta a su petición de llevar el partido Atlético-Barcelona a Miami en diciembre. Para que De Miguel fuera el candidato, primero deberían convencerle, pues no parece muy por la labor.
Lo que sí parece obvio es que el futuro presidente de la Federación va a ser quien decidan los presidentes de las territoriales, que estos mismos días mantienen un contacto constante para consensuar quiénes serán los asambleístas elegidos el 25 de noviembre. Esos asambleístas, alrededor de 130, controlados en su mayoría por los poderes territoriales, elegirán al presidente el 16 de diciembre. De ahí que proyectos ya anunciados como el de Juanma Morales, director general del Grupo IFA hasta el 31 de diciembre y presidente de Eurocommerce, tengan pocas opciones.
Ni siquiera cuando, como este, parecen meditados y con algunas ideas difícilmente debatibles. Morales presentará oficialmente su candidatura el próximo día 7, pero ya dijo estar rodeado de gente del fútbol como David Silva y Virginia Torrecilla. Los precedentes de otros 'outsiders', sin embargo, no invitan a pensar que su suerte sea muy distinta a la de Iker Casillas en 2020 o la de Carlos Herrera el año pasado, cuando no fueron capaces, pese a ser campeón del mundo uno y uno de los periodistas más poderosos otro, de conseguir siquiera los avales necesarios para ser candidato.
