Las elecciones a la presidencia de la Federación estaban, hasta este jueves, en stand by esperando si Pedro Rocha, inhabilitado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), obtenía la suspensión cautelar de ese castigo por parte de la Audiencia Nacional. A eso del mediodía se supo que no, que la Sala de lo Contencioso-Administrativo le negaba esa petición y, entonces, toda la tensión acumulada entre los presidentes de las Federaciones territoriales estalló. Aunque sabían que si Rocha, el hombre que todos consentían en apoyar, no podía presentarse, les tocaba elegir a uno de ellos mismos como sucesor para mantener el poder, el momento de afrontarlo está siendo muy tenso.
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Las territoriales están divididas respecto a la figura del único que ha dado el paso al frente y que ha dicho que se va a presentar. Se trata de Rafael Louzán, el presidente de la Federación gallega de fútbol. De hecho ayer, desde la propia Federación, filtraban que tendría el apoyo de todas las territoriales. Según varias fuentes consultadas por este periódico, no es así. Louzán cuenta con el apoyo claro de la catalana, presidida por Joan Soteras. Sin embargo, hay otro grupo de barones que no están por la labor de apoyar al gallego. ¿El motivo? Simple. Louzán está condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra a siete años de inhabilitación para cargo público por prevaricar en la concesión de una subvención de 86.311 euros para la realización de unas obras en un campo de fútbol que, sin embargo, estaban en su mayor parte ya ejecutadas. La sentencia, que confirmaba en ese extremo una previa de un juzgado de Pontevedra, está recurrida por Louzán ante el TSJ de Galicia.
Lo que se preguntan sus opositores es: ¿Y si sale elegido y dentro de unos meses el TSJ confirma esa sentencia? Sería, de nuevo, ver a un presidente de la Federación tener que dejar el cargo por estar inhabilitado, una mancha más para un cargo que parece maldito: Villar, Rubiales, Rocha… Louzán, hombre muy próximo a Rocha y que tiene el apoyo de LaLiga de Javier Tebas defiende que el cargo que ostentaría (presidente de la Federación) no es un cargo público al ser la Federación un organismo privado jurídicamente hablando, pero eso no parece argumento suficiente, pues la Orden Ministerial que rige los procesos electorales en las Federaciones sí es muy clara respecto a quiénes pueden presentarse a presidente. Una de las condiciones es no estar condenado en firme a una inhabilitación para cargo público. La sentencia de Pontevedra, en tanto que recurrida, no es firme, pero lo será cuando se pronuncie el más alto tribunal de la Comunidad Autónoma.
Por tanto, hay un grupo de territoriales, entre las que está la Comunidad Valenciana (Salvador Gomar), Andalucía (Pablo Lozano), Madrid (Paco Díez) o Murcia (José Miguel Monje) que prefieren evitar el sofoco de otra inhabilitación en plena organización del Mundial 2030. El problema para este grupo es elegir quién de ellos da el paso y se enfrenta a Louzán, porque luego hay un grupo de territoriales que mantienen una posición ambigua y que no se sabe muy bien si vienen o si van, si suben o si bajan. Tras dos reuniones (una el pasado martes en un restaurante y otra ayer) hay todavía muchas incógnitas sobre quién se presentará y quién no. El que lo haga, necesitará esgrimir 21 avales (de entre los 141 asambleístas) antes del próximo martes, día en que quedarán proclamados los candidatos oficiales.
