El hijo del ex número dos de los árbitros camufló los pagos que recibía del FC Barcelona mediante facturas falsas por “asesoramiento en proyectos de diseño”. Javier Enríquez Romero articuló el desvío de fondos del club azulgrana utilizando como inter
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El juez que instruye el 'caso Negreira' ha acordado ampliar la investigación a todos los auditores que durante casi dos décadas pasaron por alto los pagos del FC Barcelona al número dos de los árbitros. El magistrado Joaquín Aguirre ha decidido, a petición de la Guardia Civil, extender las pesquisas a todos los informes de auditoría del club correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2003 y 2018.
El Instituto Armado ha solicitado la "identificación del auditor de cada informe" así como "el fundamento de la opinión del auditor con salvedades o el fundamento de la opinión desfavorable, en cada caso". Como normal general, estos análisis contables no alertaron del pago de casi ocho millones de euros a José María Enríquez Negreira y sólo alguno de estos informes, como el revelado por EL MUNDO elaborado por KPMG tras la primera etapa de Joan Laporta como presidente azulgrana, se limitó a advertir que éste había disparado sin justificación alguna la facturación de Negreira.
Los investigadores reclaman, además, al FC Barcelona "certificación de la manifestación que el auditor haya incluido en cada informe, conforme a que se han obtenido las evidencias suficientes para realizar la auditoría". Para ser más exactos, el juez Aguirre pide al club que conteste si los auditores "han tenido a la vista las facturas recibidas de las sociedades Dasnil 95, Nilsad, Soccercam, Tresep 2014, Radamanto y Best Norton, todas ellas controladas por Negreira, su hijo y el ex alto cargo del Barça ya fallecido, Josep Contreras. Esto es, si a la hora de llevar a cabo sus informes el club les comunicó la existencia de estas operaciones o, por el contrario, se las ocultó deliberadamente. Asimismo, el juez instructor reclama "la descripción realizada en cada informe de los riesgos más significativos por fraude".
La Guardia Civil deja constar en uno de sus últimos informes que ya obran en su poder auditorías realizadas por Kroll, KPMG o Deloitte y que ha recibido "ingente documentación" de "diferentes entidades" como el propio club catalán o la Agencia Tributaria.
El juez se encuentra investigando, en paralelo, la actuación de los cargos intermedios del club que participaron en los pagos al histórico dirigente arbitral para "acreditar la autoría de los mismos" y "determinar las personas físicas responsables de los delitos objeto de investigación".
En estos momentos el Juzgado de Instrucción número uno de Barcelona mantiene como investigados a los últimos presidentes del Barça, Joan Laporta, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, así como a la propia entidad y a varios directivos. Les atribuye delitos de corrupción deportiva o cohecho, entre otros, en el que constituye el mayor escándalo de la historia del fútbol español.
"Soy la víctima de una tormenta perfecta en la que confluyen intereses políticos y venganzas de los miembros del Comité del Mundial". La ya ex directora de la Candidatura del Mundial 2030, María Tato, dio su versión en exclusiva a EL MUNDO horas antes de poner su cargo a disposición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras acreditarse la manipulación de la puntuación de las 11 sedes.
Tato reconoce que confeccionó una primera clasificación en la que estaba incluido el estadio de Balaídos y que la cambió apenas 24 horas después porque asegura que se había "equivocado". "Me limité a corregir unos errores de interpretación al aplicar los criterios y no lo hice sola".
Según la ya ex responsable federativa, esta alteración de las puntuaciones, que acabó dejando fuera al estadio vigués y dando entrada al de Anoeta, se materializó en una reunión que mantuvo el pasado 26 de junio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con otros dos miembros del Comité del Mundial: Fernando Sanz y Jorge Mowinckel.
Según ha podido saber este periódico, durante los últimos días Tato ha precisado a la cúpula de la RFEF que dicho encuentro tuvo lugar en la cafetería de las instalaciones. Sin embargo, Sanz y Mowinckel niegan rotundamente que dicha reunión tuviera lugar y se desvinculan por completo de la variación en las calificaciones introducida por Tato.
"No ha habido ninguna irregularidad",
"No ha habido ninguna irregularidad", dice a este periódico la ex responsable federativa, que insiste en que durante las últimas horas el resto de integrantes del Comité del Mundial han mentido al intentar desvincularse de la puntuación de los 11 que estadios que acogerán los partidos dentro de cinco años.
El problema radicó, según detalla Tato, en que no aplicó correctamente los criterios de la FIFA en lo que respecta a las obras que requerían los estadios y, concretamente, el de Anoeta. Reconoce que de la primera reunión que mantuvo con sus compañeros salió una primera clasificación de la que todos eran conocedores y que luego este listado se varió al día siguiente. "Tengo todos los mails y todas las pruebas de que digo la verdad", enfatiza.
Como prueba de que no quiso beneficiar ni perjudicar a nadie esgrime que ella es aficionada al Athletic de Bilbao y que si hubiera querido manipular el resultado nunca hubiera beneficiado a la Real Sociedad.
La ex miembro de la comisión, en un momento de la charla.Alberto Di Lolli
La que era única superviviente de la comisión de la candidatura española del Mundial cree que es un "daño colateral", en primer lugar, de una guerra abierta "entre la RFEF y el Consejo Superior de Deportes (CSD)". Pero también confirma las malas relaciones que existían entre ella, Sanz y Mowinckel, los otros miembros de la comisión de los que el presidente Louzán decidió prescindir en diciembre del año pasado.
Tato defiende su intervención en el proceso de selección de sedes y explica a este periódico que las modificaciones se realizaron "siempre con criterios objetivos", pero que éstos se ajustaron hasta llegar al excel definitivo en el que entraba Anoeta entre las 11 sedes y salía Vigo de la clasificación.
Insiste en que los cambios entre los diferentes documentos elaborados por la comisión los conocían todos los miembros de la misma: "Fernando Sanz miente cuando dice que no sabía nada al respecto".
El informe
En el informe en el que se explica el proceso de elección, al que ha tenido acceso este periódico, se abordan cuatro factores de decisión: Proyecto Técnico (40%), Operatividad (15%), Estructura Financiera (15%) y Dotación de ciudades (30%). El primer factor, además, contaba con los subfactores: Nivel de intervención, Sostenibilidad medioambiental, Calendario de ejecución y Capacidad del Estadio.
Son esos subfactores, según Tato, los que modificaron la puntuación de varias de las sedes entre el primer encuentro de la comisión realizado el 25 de junio de 2024 y el siguiente. "Sobre todo era el tema de la sostenibilidad, Balaídos es un estadio nuevo que habría que haber remodelado mientras que otros ya tenían espacio en la grada y era una cuestión de poner más asientos", apuntó.
La ya ex directora de la comisión mantiene que lo que se produjo en ese segundo encuentro fueron unos ajustes a los criterios que se habían valorado inicialmente basados en "los usados por la FIFA en el último Mundial elegido: Brasil 2027 Femenino".
Tato, durante su encuentro con EL MUNDO.Alberto Di Lolli
El actual presidente de la Federación era la persona a la que Tato reportaba el proceso de selección, pero asegura que ni él ni nadie le indicaron que modificase el excel que terminó con Balaídos fuera de las 11 sedes seleccionadas.
Enfrentamiento con el Gobierno
Mantiene que Louzán, entonces vicepresidente de Pedro Rocha, que se hallaba en la Eurocopa de Alemania aunque sería inhabilitado semanas más tarde, no se interesó por el proceso hasta que el CSD expresó ciertas modificaciones. "Si quieren decir algo que vengan a mi casa", cuenta la ex directora que manifestó el dirigente ante las presiones del Gobierno respecto a los criterios de selección. Admite que le reportaba el estado del proceso y sostiene que colaboró con el equipo del Mundial.
La propuesta gubernamental era que se introdujeran, además, "criterios estratégicos" que debían contar con un peso de un 35%. El Ejecutivo quería premiar la "vecindad", es decir, "aquellas sedes que estén cerca de la frontera de los otros dos países" y que ese criterio "únicamente afecta a Vigo".
En los correos remarcaba al mandatario federativo que le facilitaba la información "únicamente a efectos de su conocimiento y del presi". Tato apostilla: "No dimito porque sea culpable de algo" y añade "en un país en el que no dimite nadie". Sino que lo hace porque "no quiere seguir soportando" la situación en la que se encuentra tras estallar el escándalo.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando la Real Federación Española de Fútbol en una investigación relacionada con supuestos contratos irregulares en los últimos cinco años.
Dentro de esta operación, los agentes de la UCO llevan a cabo este miércoles registros en 11 domicilios y detenciones en varias provincias españolas. Entre los domicilios registrados está el de Luis Rubiales, ex presidente de la RFEF, en Granada, aunque él se encuentra fuera de España, en República Dominicana.
En concreto, se espera la detención de siete personas y otras cinco están siendo investigadas. Entre los detenidos, según confirman a EL MUNDO fuentes de la investigación, está el abogado Tomás González Cueto, hombre fuerte de Rubiales durante su etapa en la Federación en su calidad de asesor jurídico externo de la Federación. Por él pasaban todos los asuntos importantes de la Federación.
Las mismas fuentes confirman que los registros se han practicado en la mañana de este miércoles porque los investigados no habían entregado los contratos que los agentes les habían requerido.
Los agentes investigan presuntos delitos relacionados con la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales.
Están previstos más de una decena de registros en domicilios particulares y al menos media docena de detenciones, además de requerimientos judiciales a distintas entidades públicas y privadas.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda es el que comenzó a investigar el contrato para el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí firmado por el entonces presidente federativo, Luis Rubiales, con el empresario y exfutbolista Gerard Piqué.
Ese juzgado está siendo el encargado de instruir la querella que, en mayo de 2022, presentó Miguel Galán, presidente de CENAFE, contra Luis Rubiales y Gerard Piqué por el asunto de la Supercopa de Arabia.
En esa querella, de 25 páginas, Galán acusaba a ambos de los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal a cuenta de varios motivos, siendo el principal la comisión de 24 millones de euros que ambos pactaron para Kosmos, la empresa del ex jugador del Barça, a cambio de trasladar el torneo al país árabe.
Sin embargo, en ese escrito también se pedía al juzgado la investigación de otros posibles delitos como la contratación, mediante una empresa interpuesta, de detectives para espiar a David Aganzo (presidente de AFE), el cobro irregular por parte de Rubiales de una ayuda a la vivienda y el hecho de haber realizado, también Rubiales, un viaje de placer a Nueva York con cargo a los presupuestos federativos.
