El ex colegiado de Primera División Xavier Estrada Fernández ha interpuesto una denuncia ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) contra su presidente, Luis Rubiales, por los episodios protagonizados durante la final del Mundial Femenino.
Quien fuera durante doce años árbitro profesional solicita que se inicie el protocolo de actuación sobre violencia sexual contra Rubiales aludiendo a su “inadmisible y bochornoso beso forzado” a la jugadora Jennifer Hermoso.
Recuerda Estrada que se encuentra en vigor el mencionado protocolo contra la Violencia Sexual aprobado en junio de este mismo año en el que se establece que “la violencia sexual es una forma de grave vulneración de los derechos fundamentales” y atenta contra la “dignidad, la integridad física y moral y la libertad sexual”.
Este ex árbitro, que dejó el fútbol para dedicarse a la política en las listas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), pide además la dimisión del presidente de la RFEF y subraya que lo hace, al igual que al decidir denunciar el ‘caso Negreira’, por su “decidida voluntad de defender la integridad deportiva del fútbol en todos sus ámbitos y manifestaciones”.
Esta es la segunda denuncia contra Rubiales en las últimas 24 horas. La primera fue la de Miguel Galán, presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol en España (CENAFE), ante el el Consejo Superior de Deportes (CSD). “Se trata de un acto sexista intolerable del deporte. Le corresponde, por tanto, al Consejo Superior de Deportes trasladar mi denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte para iniciar un expediente para investigar el alcance del acto reglado por la nueva ley del deporte”, afirmó el presidente de la CENAFE en la denuncia. Galán recordó que Ángel María Villar, ya fue destituido tras realizar el mismo procedimiento.
El empresario Víctor Aldama, investigado en el denominado caso Koldo, ha cerrado la venta del Zamora, C.F., a la familia Lopera por 1,9 millones, tal y como adelantó EL MUNDO, y ha remitido una carta de despedida a su afición.
Quien durante los últimos seis años ha sido el propietario del club reconoce que "nunca imaginó" que su despedida de la entidad deportiva tuviera lugar en "una situación tan complicada", en referencia a la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional por la venta de mascarillas durante la pandemia.
"Cuando me ofrecieron emprender un proyecto deportivo en Zamora, lo hice pensando que sería un negocio más, pero pronto me di cuenta de que el Zamora, C.F., iba a significar mucho más para mí", reza la misiva. "Lo supe desde el primer momento en el que nos presentamos públicamente un cinco de junio de 2018 y los socios nos dieron su confianza para hacernos cargo de la deuda y gestionar el club".
"Lo que ha pasado durante estos meses ha sido muy injusto y me ha destrozado la vida", añade, al tiempo que pide disculpas a la afición zamorana por el daño que ha podido ocasionar a la entidad su situación judicial. "Siento muchísimo que el nombre del Zamora, su escudo y su historia se hayan visto salpicados por todo esto pero quiero apelar a mi presunción de inocencia y confío en que pronto pueda acabar esta horrible pesadilla".
"Me da muchísima pena irme así después del trabajo y de todo lo que he hecho sin escatimar esfuerzos", apunta el empresario, que invirtió unos ocho millones en el proyecto deportivo durante su etapa al frente del club. "La realidad es que cogimos al club en Tercera División y hoy está en Primera RFEF". "Ahí están los récords, los resultados y los ascensos que siempre quedarán en la historia de nuestro querido Zamora".
Aldama aprovecha para agradecer "el compromiso de los jugadores" a pesar de las "circunstancias que les ha tocado vivir", el esfuerzo del cuerpo técnico, el respaldo de la afición y la labor de la prensa, de la que señala que "pese" a su "derecho a la presunción de inocencia", entiende que ha realizado su "trabajo".
"Me voy con el corazón roto", apostilla. "Es duro, pero en estos momentos era lo mejor, pido perdón si me he podido equivocar y deseo mucha suerte a los nuevos propietarios". Las riendas de la entidad las cogerá Javier Páez, sobrino y heredero del ex presidente bético Manuel Ruiz de Lopera.
María Tato, responsable de la Candidatura del Mundial 2030, ha puesto su cargo a disposición del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y éste ha aceptado su renuncia.
La máxima responsable de la organización de la cita mundialista abandona su puesto tras revelar EL MUNDO que modificó las puntuaciones de las sedes dejando caer el estadio de Vigo e introduciendo el de Anoeta.
La RFEF va a dar una rueda de prensa en los próximos minutos para explicar el resultado de la investigación interna que abrió el pasado lunes después las revelaciones de este periódico.
El estamento federativo exigió a la propia Tato un informe en el que explicase el proceso de modificación llevado a cado por la comisión. La responsable de la misma lo presentó el martes por la noche y en éste defiende su actuación y traslada la responsabilidad de la modificación de las puntuaciones al resto de miembros del Equipo del Mundial. Asegura que consensuó con ellos los cambios, extremo que Fernando Sanz y Jorge Mowinckel niegan rotundamente.
Tato era la última persona que quedaba de la comisión para el Mundial 2030 por la parte española. Poco después de llegar Rafael Louzán a la presidencia de la federación decidió prescindir de Sanz y Mowinckel.
Cabe recordar que, tal y como desveló este periódico, los miembros del equipo de trabajo de la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos, evaluaron los estadios españoles en una reunión celebrada el 25 de junio de 2024 en el despacho del ex directivo federativo Fernando Sanz en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. De aquella reunión salió un Excel con un ránking de puntuaciones en el que resultaban elegidos once estadios. El último clasificado era el del Celta de Vigo con una puntuación de 10,2004 puntos, superando a Anoeta, que quedaba en ese momento fuera con 10,1226.
Así fue la caótica reunión para decidir las sedes del Mundial 2030EL MUNDO
Sin embargo, apenas 48 horas después, el equipo evaluador retocó el Excel alterando la puntuación del estadio donostiarra, que pasó de golpe a tener una puntuación de 10,6026 (hasta ese momento disponía de 10,1226). De esta manera superaba a Vigo dejando en el lugar número 12 a la opción gallega, que quedaba automáticamente eliminada.
En el caso de Anoeta se modificó al alza uno de los subfactores, vinculado al proyecto técnico, pasando de 15 a 20 puntos. Concretamente el Subfactor A1, que llevaba por título: "Considerar el nivel de intervención que debe llevarse a cabo". Este subfactor representaba el 30% de la valoración total de este apartado técnico.
María Tato recibió en su correo electrónico las dos versiones de los Excel el 27 de junio a las 15.16 horas, tal y como acredita la documentación que obra en poder de este periódico. Que la opción de Vigo estaba incluida en los primeros planes de la RFEF lo confirma, además, otro correo electrónico que obra en poder de este diario, que fue remitido por María Tato al actual presidente y entonces vicepresidente Rafael Louzán el 26 de junio.
"Querido Rafa, te escribo unas líneas sobre la situación actual, siguiendo tus indicaciones para poder informar al detalle a Pedro (Rocha, entonces presidente de la RFEF)". Tato le contó a Louzán los "criterios de baremación" que habían estado empleando, "basándonos en los usados por la FIFA en el último mundial elegido: Brasil 2027 Femenino".
Le resumía que habían valorado en un "80%" los "criterios técnicos" y en un "20% los documentales", pero que el Gobierno había terciado pidiendo que se introdujeran, además, "criterios estratégicos" que debían contar con un peso de un 35%. Le indicaba que el Ejecutivo quería premiar la "vecindad", es decir, "aquellas sedes que estén cerca de la frontera de los otros dos países" y que ese criterio "únicamente afecta a Vigo".
Por lo que, con la propuesta gubernamental, "garantizan la sede de Vigo", subrayaba. Por último, le apercibía de que la información que le facilitaba era "únicamente a efectos de su conocimiento y del presi", que "no se debe filtrar nada" y que contenía "datos no confirmados, sólo propuestos" hasta ese momento ya que estaban analizando si aplicaban la modificación de los baremos propuesta por el Ejecutivo.
Pese a ello, el 28 de junio, esta trabajadora de la RFEF remitió la clasificación retocada en favor de Anoeta a los miembros del Comité Ejecutivo de la candidatura mundialista y desechó la versión inicial que favorecía a Vigo y las indicaciones gubernamentales. Lo hizo mediante un correo electrónico remitido a las 12.43 horas.
La Guardia Civil interrogó hace varias semanas al ex director financiero del FC Barcelona, Pancho Schröder, por los pagos a José María Enríquez Negreira. Según ha podido saber EL MUNDO, la Unidad Central Operativa (UCO) tomó declaración en calidad de testigo durante varias horas al responsable de las finanzas del club azulgrana durante la presidencia de Josep Maria Bartomeu para aclarar el protocolo interno que se siguió para abonar las facturas que expedía el ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA) y quiénes fueron responsables de materializar estas operaciones en el seno de la entidad.
Según fuentes próximas a las pesquisas que dirige el juez Joaquín Aguirre, Schröder explicó en detalle el protocolo de desembolsos existente en el FC Barcelona y desplegó una explicación técnica de la relación con los proveedores en el club catalán. Quien fuera el responsable financiero azulgrana contó a la Guardia Civil que en ningún momento advirtieron en su departamento que tras las sociedades Nilsad, Dasnil o Soccercam se encontraba el número dos del estamento arbitral y que se procedió al abono de las facturas por asesorías arbitrales al constatar que los contratos eran validos, vigentes y que el Área Deportiva del club confirmaba la recepción de los trabajos contratados.
La Guardia Civil requirió a este antiguo directivo por qué no saltaron las alarmas en el Departamento de Compliance al estar contratando con un dirigente arbitral en activo y Schröder indicó que dicho departamento se crea bajo la presidencia de Bartomeu y que al tratarse de una contratación muy antigua, que se remontaba a unas dos décadas atrás, y que en casos de renovaciones contractuales como esta los informes favorables de Compliance no eran una condición previa. Por lo que, abundó, el Área de Compliance no habría entrado a analizar estas empresas como sí lo hacía habitualmente con proveedores que se habían incorporado recientemente a trabajar con el club.
Nunca sospecharon de la empresa de Negreira
Schröder detalló la tramitación que siguen habitualmente los pagos a empresas externas en el Barça, subrayó que en su departamento se limitan a constatar que los trabajos se amparan en un contrato vigente, que los trabajos se han realizado y a librar los pagos. Asimismo, recalcó que el FC Barcelona facturaba en su época en torno a 1.000 millones de euros y que contaba con cientos de empresas proveedoras de servicios, por lo que en ningún momento las de Negreira les despertaron sospecha alguna.
Por último negó haber recibido indicación alguna del presidente del club en referencia a estos pagos; haber tenido contacto con Negreira o con su hijo, que también facturó al club; y aseguró haberse enterado de que el Barça lo había tenido contratado cuando estalló el escándalo hace más de un año.
El interrogatorio a Schröder se enmarca en la orden del juez a la Guardia Civil de determinar qué mandos del club tenían "dominio del hecho" sobre estas operaciones económicas. Tal y como reveló este diario, la intención del instructor del caso Negreira con la toma de testificales de mandos intermedios del club, pasa por determinar si amplía o reduce la relación de investigados al tiempo que pretende profundizar en la dinámica interna para averiguar si medió una orden de los presidentes para que los pagos a Negreira eludieran los controles internos de la entidad azulgrana.
No conocían el destino del dinero
El ex responsable financiero también aseguró desconocer el destino final del dinero cobrado por el ex número dos de los colegiados españoles, que como ha acreditado la investigación, sacó la mayor parte de los fondos de sus cuentas en efectivo.
El juez Aguirre mantiene en estos momentos como investigados en la causa a los ex presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu así como a ex altos directivos como Óscar Grau al advertir indicios de un delito de corrupción deportiva. El instructor ya ha documentado que el Barça pagó en torno a ocho millones de euros a Negreira durante 20 años y sostiene que la intención del club era la de influir a su favor en los resultados deportivos.
