A las 6.30 de la mañana comienza cada día el proceso para que España gane a Alemania y se clasifique para las semifinales de la Eurocopa. A esa hora se levanta Rodrigo Vargas, el cocinero de la selección desde 2010. «Una ducha y a la cocina para preparar el desayuno, pues el staff llega a las ocho en punto. Luego los jugadores, y cuando todos terminan, sobre las nueve y media o diez, ya vamos preparando la comida, que es a las 14.00. La merienda
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No hay rastro de ella en la página web de la Federación Española, y tampoco se ha hecho pública su convocatoria, pero para el próximo día 10 de febrero, lunes, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha convocado una Asamblea General Extraordinaria a las 12.30 de la mañana. Fuentes conocedoras del proceso sitúan en el 9 de enero la convocatoria, y ese sigilo alrededor de la reunión provoca extrañeza en algunos sectores, entre ellos el Gobierno.
En el orden del día de esa asamblea, hecho público por Mundo Deportivo, se tratarán varios temas, entre ellos el «presupuesto para el año 2025 y ratificación de la retribución establecida para el Presidente». Sin embargo, el punto más llamativo es el 6: «Asuntos jurídicos». Y más concretamente el 6.1: «Adaptación de los Estatutos a la normativa vigente y modificación». ¿Qué parte de los Estatutos quiere modificar Louzán? Esa información tan concreta sólo la tienen un puñado de personas muy cercanas al presidente, pero pocos creen que los movimientos no tienen relación con el 5 de febrero, es decir, cinco fechas antes de esa asamblea.
Para saber más
Ese día, el 5 de febrero, a las 10.30 horas, se celebrará en el Tribunal Supremo la vista del recurso de casación interpuesto por Louzán contra la condena a siete años de inhabilitación para cargo público que le impuso la Audiencia de Pontevedra en 2022. Este órgano judicial consideró probado un delito de prevaricación en las obras de un campo de fútbol. En esa vista del próximo miércoles, el Supremo escuchará a las dos partes, recurrente y recurrida (y al Ministerio Fiscal si así lo solicita) y unos día o semanas después emitirá su veredicto. Previsiblemente antes de que se produzca el fallo será la asamblea de la Federación.
Si el Supremo le da la razón a Louzán, tendrá el camino libre para cumplir sus cuatro años como presidente, aunque siempre con el Gobierno atento a cualquier desliz. Pero, si el Supremo no le da la razón y confirma la inhabilitación, su salida debería ser inmediata. Por varios motivos, todos ellos amparados en la legislación vigente:
1. La Ley del Deporte. En su artículo 60.6 dice textualmente: «Cuando la persona titular de la presidencia o cualquier miembro de la junta directiva de una federación o liga profesional sean condenados por sentencia firme, deberán abandonar el cargo de forma inmediata, notificando tal circunstancia al Consejo Superior de Deportes». Esta misma Ley, además, permite al Consejo Superior de Deportes, es decir, al Gobierno, «suspender motivadamente, de forma cautelar, a la presidencia o a los demás miembros de los órganos directivos, cuando se incoe contra estas personas expediente sancionador como consecuencia de presuntas infracciones calificadas como muy graves». Parece obvio que una condena de este estilo sería considerada una infracción «muy grave».
2. Los Estatutos de la Federación, que en su artículo 19, referido a los requisitos para ostentar la condición de miembro de los órganos de la RFEF, establece, en su punto cuarto, lo siguiente: «No estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos».
El presidente, junto al seleccionador.EFE
Sus no partidarios, que los hay en la Federación, sospechan que va a intentar algún movimiento para seguir en el cargo pase lo que pase el día 5, como ya hizo para poder presentarse a las elecciones el pasado diciembre. Sus pretorianos, que también los hay, se encargaron de buscar los resquicios legales necesarios para lograr sus objetivos. Por ejemplo, pese a que la Orden Ministerial por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas establece, en su artículo 17.3, apartado B, que para presentarse a presidente es imprescindible «no estar inhabilitado para para el desempeño de cargo público o representación por sentencia judicial firme», esgrimieron esta última palabra, «firme», para justificar su validez como candidato. Efectivamente, la sentencia entonces no era firme, pues quedaba el trámite que ahora aborda el Tribunal Supremo.
MODUS OPERANDI
Siguiendo ese mismo modus operandi, y al margen de la discreción en la convocatoria de la Asamblea, de los alrededores de Louzán también empieza a salir estos días una teoría según la cual, como la sentencia de la Audiencia de Pontevedra (mayo de 2022) es anterior a la Ley del Deporte (diciembre de 2022), no sería aplicable el artículo 60.6 anteriormente explicado. Eso se filtra más allá de que la lógica indique que la sentencia será firme ahora, es decir, en una fecha posterior a la entrada en vigor de la Ley.
«Ya me lo habían comentado, pero es una insensatez. No tiene salida», explica a este periódico una fuente jurídica que conoce muy bien la Federación. Otra vía que sale de las cercanías de Louzán son las palabras «cargo público» recogidas en los Estatutos. Entiende el gallego que el de presidente de la Federación no es un cargo público al no ser un organismo público, jurídicamente hablando, como dictó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en septiembre del año pasado.
El Gobierno permanece alerta. Su postura la dejó clara la ministra, Pilar Alegría: «Si se ratifica esa condena, actuaremos con arreglo a la Ley del Deporte y habrá que convocar elecciones». Un último detalle: cualquier modificación de los Estatutos debe ser aprobada por el CSD, y no parece que vaya a ser el caso. Pero quizá con lo que salga de esa asamblea, Louzán logre ganar, al menos, tiempo.
Si alguien pensaba que Pedro Rocha iba a dar marcha atrás, o un paso al lado, después de que el TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) le haya abierto, a él y a su Comisión Gestora, un expediente por falta "muy grave", después también de que la jueza del número 4 de Majadahonda le declarase investigado en el caso de los contratos de la Federación, después, incluso, de que se hayan conocido comportamientos extraños respecto de su sueldo, si alguien pensaba que recularía, se equivocaba. Mediante un comunicado hecho público este martes, ha dicho que la resolución del TAD, mediante la cual el CSD podría inhabilitarle, contiene "gravísimas irregularidades" y que "será impugnada".
Rocha "quiere mostrar su más profundo desacuerdo con una resolución completamente sorprendente y ajena a toda lógica y sentido jurídico, en la que se le acusa de excederse en las funciones encomendadas en relación con una serie de decisiones que, como presidente en funciones, se ha visto obligado a tomar por el bien del fútbol durante el periodo de tiempo en el que ha estado a cargo de la gestora, actuando en todo momento con total y absoluta transparencia", dice el texto, que ha sido publicado a continuación de otro, este de la Federación, donde se defiende de todas las acusaciones.
En este otro comunicado, la RFEF subraya que la comisión gestora "siempre ha actuado conforme a derecho". "Todas las decisiones se han tomado con la máxima cautela y respeto, dada la situación de interinidad en la que se encontraba la institución", asegura el texto, que entra en muchos detalles. Justifica el despido de Andreu Camps ("fue una decisión avalada, precisamente, por el propio CSD") y la renovación de Luis de la Fuente ("el contrato se extinguía el 30 de junio, por lo que ante la posibilidad de que el seleccionador careciera del mismo en medio de una Eurocopa, se aprobó ejercer una cláusula ya existente para prorrogarlo"). Dice, además, que la Gestora no participó en ninguna decisión, ni la de Camps ni la de sacar a concurso el VAR del año que viene.
Uribes sugiere la inhabilitación
Es la reacción al movimiento del Gobierno en la mañana de este martes. Horas antes, el Ejecutivo tomó voz también en boca de José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD. "La Federación debe alejarse de comportamientos que nos avergüenzan a todos. El fútbol español merece que sus representantes se rijan por la honradez", aseguró el presidente del CSD, que convocará la Comisión Directiva para someter a votación la inhabilitación de Rocha.
"La Asamblea, los electores, son quienes deben decidir quién quiere que sea su presidente en situaciones de normalidad. Lo que estamos viviendo es una situación de anormalidad grave", puntualizó Uribes durante su comparecencia en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deporte del Congreso.
Las elecciones a la presidencia de la Federación estaban, hasta este jueves, en stand by esperando si Pedro Rocha, inhabilitado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), obtenía la suspensión cautelar de ese castigo por parte de la Audiencia Nacional. A eso del mediodía se supo que no, que la Sala de lo Contencioso-Administrativo le negaba esa petición y, entonces, toda la tensión acumulada entre los presidentes de las Federaciones territoriales estalló. Aunque sabían que si Rocha, el hombre que todos consentían en apoyar, no podía presentarse, les tocaba elegir a uno de ellos mismos como sucesor para mantener el poder, el momento de afrontarlo está siendo muy tenso.
Las territoriales están divididas respecto a la figura del único que ha dado el paso al frente y que ha dicho que se va a presentar. Se trata de Rafael Louzán, el presidente de la Federación gallega de fútbol. De hecho ayer, desde la propia Federación, filtraban que tendría el apoyo de todas las territoriales. Según varias fuentes consultadas por este periódico, no es así. Louzán cuenta con el apoyo claro de la catalana, presidida por Joan Soteras. Sin embargo, hay otro grupo de barones que no están por la labor de apoyar al gallego. ¿El motivo? Simple. Louzán está condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra a siete años de inhabilitación para cargo público por prevaricar en la concesión de una subvención de 86.311 euros para la realización de unas obras en un campo de fútbol que, sin embargo, estaban en su mayor parte ya ejecutadas. La sentencia, que confirmaba en ese extremo una previa de un juzgado de Pontevedra, está recurrida por Louzán ante el TSJ de Galicia.
Lo que se preguntan sus opositores es: ¿Y si sale elegido y dentro de unos meses el TSJ confirma esa sentencia? Sería, de nuevo, ver a un presidente de la Federación tener que dejar el cargo por estar inhabilitado, una mancha más para un cargo que parece maldito: Villar, Rubiales, Rocha... Louzán, hombre muy próximo a Rocha y que tiene el apoyo de LaLiga de Javier Tebas defiende que el cargo que ostentaría (presidente de la Federación) no es un cargo público al ser la Federación un organismo privado jurídicamente hablando, pero eso no parece argumento suficiente, pues la Orden Ministerial que rige los procesos electorales en las Federaciones sí es muy clara respecto a quiénes pueden presentarse a presidente. Una de las condiciones es no estar condenado en firme a una inhabilitación para cargo público. La sentencia de Pontevedra, en tanto que recurrida, no es firme, pero lo será cuando se pronuncie el más alto tribunal de la Comunidad Autónoma.
Por tanto, hay un grupo de territoriales, entre las que está la Comunidad Valenciana (Salvador Gomar), Andalucía (Pablo Lozano), Madrid (Paco Díez) o Murcia (José Miguel Monje) que prefieren evitar el sofoco de otra inhabilitación en plena organización del Mundial 2030. El problema para este grupo es elegir quién de ellos da el paso y se enfrenta a Louzán, porque luego hay un grupo de territoriales que mantienen una posición ambigua y que no se sabe muy bien si vienen o si van, si suben o si bajan. Tras dos reuniones (una el pasado martes en un restaurante y otra ayer) hay todavía muchas incógnitas sobre quién se presentará y quién no. El que lo haga, necesitará esgrimir 21 avales (de entre los 141 asambleístas) antes del próximo martes, día en que quedarán proclamados los candidatos oficiales.
